Autor: Crónica periodistas@elpinguino.com

Flies pide que se aplace audiencia en caso de querella por injurias
Flies pide que se aplace audiencia en caso de querella por injurias PÁGINA WEB La jornada judicial de ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas estuvo lejos de ser un trámite ordinario.
La audiencia por la querella de injurias y calumnias que el gobernador regional, Jorge Flies, sostiene contra comunicadores y autoridades locales, se vio interrumpida por una nueva solicitud de aplazamiento que las defensas no dudaron en calificar como una maniobra para ganar tiempo.
El cambio de timón en la representación de Flies, ahora a cargo del abogado particular Juan Carlos Rebolledo, responde directamente al dictamen D168/2026 de la Contraloría General de la República, que estableció de manera tajante que el uso de abogados del Gobierno Regional (GORE) para esta acción privada era improcedente y contrario a derecho. El nuevo abogado del gobernador argumentó ante el tribunal que, al haber asumido el patrocinio apenas el día anterior, no contaba con la preparación necesaria para discutir el sobreseimiento definitivo solicitado por los querellados. Esta situación generó una evidente molestia en los defensores de los demandados, quienes recordaron que este proceso ha sido financiado ilegalmente con recursos públicos hasta que el ente fiscalizador puso un alto a la práctica.
La resolución de la contralora, Dorothy Pérez, no solo ordenó el cese de los abogados institucionales en la causa, sino que también instruyó el reintegro de los fondos equivalentes a los servicios prestados en la defensa personal del gobernador. El periodismo bajo asedio y la validación de la crítica Desde la vereda de los querellados, la lectura de este aplazamiento es política y ética.
E l a b o g a d o J u a n Srdanovic Arcos, representante del periodista Alejandro Avendaño, señaló con dureza que lo que se ha intentado es colocar una mordaza a la prensa para evitar que se hable de operaciones que hoy están bajo la lupa de la justicia penal y administrativa.
Srdanovic enfatizó que Avendaño se anticipó meses a los hallazgos de la Contraloría, advirtiendo sobre las irregularidades en la compra de la vivienda para el programa “Mejor Niñez”, un proceso que hoy se sabe no respetó la licitación pública ni contó con estudios técnicos adecuados.
Por su parte, el propio Alejandro Avendaño manifestó su frustración ante la demora, indicando que dilatar una situación así, cuando ya existe un informe crucial de Contraloría, le parece una falta de respeto al sistema judicial.
El comunicador fue enfático al declarar que “los periodistas debemos interpelar a quienes detentan la autoridad, no solo para señalar sus errores, sino para exigir transparencia y justicia”. Avendaño sostiene que esta persecución política y el “matonaje” judicial le han costado incluso oportunidades laborales por enfrentarse al hombre con más poder en la región.
Un dictamen que acorrala la gestión regional El trasfondo de este nuevo capítulo de la ya manida “teleserie judicial” impulsada por Flies, es el dictamen de la Contraloría que detectó vicios graves en la adquisición de un inmueble por más de 22.000 UF.
El organismo evidenció que el GORE eludió la licitación pública, utilizó tasaciones inconsistentes y permitió la intervención del gobernador en un proceso donde el vendedor de la propiedad resultó ser, un mes después, el comprador de un inmueble perteneciente a una sociedad de la cónyuge de Flies. Esta proximidad de fechas y vínculos familiares configuró, a juicio de Contraloría, una potencial falta al principio de probidad administrativa. Pese a los intentos del abogado de Flies por minimizar el impacto de estas revelaciones, el tribunal finalmente accedió a reprogramar la audiencia para el 4 de mayo de 2026 a las 12:30 horas. Para los defensores, cada día de retraso es un día más de vigencia de una querella que consideran infundada y que solo busca silenciar la fiscalización. Mientras tanto, los antecedentes ya han sido remitidos al Ministerio Público, lo que podría derivar en futuras formalizaciones por delitos asociados a la operación inmobiliaria que originó este conflicto. Autor: Crónica periodistas@elpinguino.com. Mientras el Gobernador de Magallanes busca tiempo en tribunales, los antecedentes de la Contraloría revelan una red de deficiencias administrativas que invalidan su ofensiva judicial contra periodistas y consejeros. Tras el dictamen de Contraloría que dejó al gobernador sin abogados pagados por el Estado