Percepciones sobre el sistema de justicia
Percepciones sobre el sistema de justicia L os resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario UC reflejan una vez más insatisfacción con el funcionamiento del sistema de justicia. Parte importante de ella está ligada a la situación de inseguridad, donde tres cuartas partes de las personas afirma que sus denuncias ante las policías o los tribunales no han servido para nada. Esta crítica golpea principalmente al Gobierno y a las policías, y como es sabido viene arrastrándose desde hace bastante tiempo. La principal reacción de las autoridades ante estas demandas ha sido promover una agenda legislativa que endurece las penas y recorta las garantías procesales. Por ejemplo, y muy destacadamente, la así llamada "ley de reincidencia", una de las reformas más profundas que se han hecho al Código Procesal Penal desde su entrada en vigencia. Esta ley intensifica fuertemente el poder negociador del Ministerio Público en términos que se acercan a la legislación de algunas jurisdicciones en los Estados Unidos, con fuertes incentivos para que personas inocentes terminen declarándose culpables.
Aparte de introducir la compleja institución de la "cooperación eficaz", la ley modificó en forma radical la lógica del procedimiento abreviado, aumentando a diez años de cárcel efectiva, para todos los delitos, el límite de pena que admite su aplicación. En el diseño original, en cambio, el juicio abreviado solo estaba previsto para los casos en que el condenado tenía derecho a optar a una pena sustitutiva de la cárcel. Así, cuando el abreviado resultaba de una decisión estratégica en una situación apremiante, al menos la persona podía no terminar en prisión. Como cerca del 98% de las sentencias que se dictan en procedimientos abreviados son condenatorias, la reforma incrementará la cantidad de condenas, pero incrementando aun en mayor medida el riesgo de encarcelamiento de inocentes. Por otro lado, la "justicia negociada" se fomenta solo en la dirección condenatoria, pues ahora se exigen nuevos requisitos para optar a una suspensión condicional del procedimiento.
Esta es solo una entre muchas reformas sustantivas y procesales que, en el espíritu del "combate" contra el crimen organizado y la delincuencia económica, están dando a la justicia penal chilena una fisonomía cada vez más alejada de los principios que, en beneficio de la libertad, han informado el derecho penal moderno.
La encuesta Bicentenario ciertamente da cuenta de una preocupación legítima, pero todo indica que es un error dar respuesta a ella en clave de populismo punitivo y Estado policial, en lugar de invertir en prevención y en mejorar la gestión de las herramientas existentes. Igualmente manifiesta en los resultados de la encuesta es la percepción de que los jueces tratarían mejor a los ricos que a los pobres y serían receptivos a las presiones políticas.
Sería necesario cotejar tal percepción con los datos reales del sistema --no pocos procesos penales de los últimos años se han dirigido incluso en forma ostentosa contra figuras políticas y empresariales--, pero es posible que aquella esté condicionada por el hecho de que históricamente se ha dispensado un tratamiento más severo a la delincuencia violenta que a la corrupción o a la delincuencia patrimonial.
La misma idea de peligro para la "seguridad" de la sociedad tiene un origen inequívocamente ligado a las amenazas contra la vida y la integridad física o la salud en el amplio sentido del término, y la libertad de movimiento de las personas que la integran. Sin negar la gran trascendencia social de los delitos no violentos, habría que preguntarse si ellos pueden realmente equipararse al ejercicio ilegítimo de violencia física o a la amenaza inmediata de su ejercicio.
Basta observar la conducta cotidiana de las personas para intuir que este no es el caso, por lo que cabe preguntarse si la encuesta no estará reflejando, en esta materia, más la penetración de un cierto discurso político que un sesgo de los operadores. La encuesta da cuenta de una preocupación legítima, pero es un error dar respuesta a ella en clave de populismo punitivo..