Autor: Sandra Leiva Poveda Presidenta Consejo Los Rios Colegio de Periodistas de Chile

Ley Mordaza
E El proyecto que modifica los artículos 161-A y 161-B del Código Penal, presentado como una norma de protección de datos judiciales, representa un serio retroceso en las garantías democráticas de Chile. Se expuso como una iniciativa para proteger la reserva de datos en procesos penales, noobstante, castiga la difusión de información de interés público por parte de periodistas y medios de comunicación. Su aprobación implicaría penalizar el ejercicio legitimo del periodismo y debilitar gravemente el derecho de la ciudadanía a informarse.
El problema es que desconoce principios jurídicos básicos, normas constitucionales y estándares internacionales suscritos por el Estado de Chile y lo más grave es que extiende la penalización más allá de quienes tienen deber de confidencialidad, apuntando directamente a periodistas, medios y ciudadanía.
El Código Procesal Penal es claro. 12 establece quiénes son intervinientes: fiscal, imputado, defensor, víctima y querellante, Solo estas personas están sujetas a deberes procesales, como el secreto de la investi» gación, regulado en el artículo 182 y fuera de ellos, nadie actúa dentro del proceso judicial. Los periodistas no son parte del procedimiento, no acceden ala carpeta investigativa por mecanismos institucionales, y su rol es precisamentegarantizar el escrutinio público de losactos del poder.
Además, el artículo 182 del mismo código ya contempla la posibilidad de decretar secreto de una investigación, pero con límites definidos, es decir que afecta solo a los intervinientes y porun plazo establecido, con control del tribunal de garantía.
La llamada “Ley Mordaza” pretende extender ese secreto ala prensa, Si esta ley hubiera estado vigente, casos emblemáticos como Hermosilla, los sobresueldos, el fraude en Carabineros, la colusión de farmacias, el financiamiento irregular de la política o los abusos en hogares del SENAME habrian sido silenciados o perseguidos penalmente. No se habría sancionado alos responsables, sino a quienes intentaron investigar. Nuestro país debe asegurar una legislación que fortalezca la transparencia, proteja a las fuentes y garantice el acceso a la información. El Senado tiene la obligación de frenar el avance de la Ley Mordaza porque la ciudadanía tiene derecho a ser informada. Por la democracia, que requiere fiscalización pública. Por la memoria reciente de un país que ya vivió las consecuencias del silencio amordazado.