TC deberá resolver permanencia en sus cargos de ministra Fernández y senadora Allende
TC deberá resolver permanencia en sus cargos de ministra Fernández y senadora Allende La fallida compra de la residencia de Salvador Allende por parte del Gobierno, que derivó en la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA), sigue dando que hablar.
Y es que para la oposición, la adquisición que el Ejecutivo buscaba hacer por $993 millones tiene más responsables y han apuntado sus dardos contra la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, ambas militantes socialistas que son parte de la familia dueña del inmueble.
Así, bajo el argumento del conflicto de interés, en la derecha han señalado que el Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse y ambas perder sus puestos, basándose en los artículos 37 bis, en el caso de la secretaria de Estado, y el 60, en el de la congresista. En los dos casos se establece "la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado" en el ejercicio de sus funciones.
El primero en levantar la idea fue el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien señaló ayer en radio Duna que "La Constitución es muy clara y en el artículo 60 dice que el parlamentario que haga contratos con el Estado pierde inmediatamente su escaño". Luego fue la bancada del P.
Republicano la que se sumó a la idea y anunció que recogieron las 10 firmas necesarias para hacer el requerimiento ante el TC. "Creemos muy importante que se esclarezcan a la brevedad todos los hechos que rodearon la suscripción de esta compraventa. Ahora sabemos que el contrato se firmó y, por lo tanto, se llegó a producir la causal establecida en la Constitución", aseveró el jefe del comité de diputados, Luis Fernando Sánchez.
Y es que si bien el oficialismo ha basado su defensa en que el convenio no se llegó a concretar, en la oposición han iniciado esta arremetida tras conocerse de la firma, el pasado 30 de diciembre, por el abogado Felipe Vio en representación de Fernández y Allende.
Con todo, hay voces como la del secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, que advierten que el TC tiene una mayoría hoy favorable para el Gobierno (ver recuadro). "Lo que ocurre es que los fallos del Tribunal Constitucional en el último tiempo han sido extremadamente políticos y su presidenta ha actuado como una caja de resonancia del Gobierno", sostuvo.
La molestia PS Ayer, en el Congreso había expectativa por lo que pudiera decir la senadora PS, quien cerca de las 16:00 tomó la palabra en el hall de la Cámara Alta, flanqueada por sus pares --menos Alfonso de Urresti y Fidel Espinoza, pese a que ambos estaban en el edificio-y algunos diputados.
Allende informó a la prensa que no respondería preguntas, lo que desató molestias, y leyó un comunicado en donde resaltó que "toda la actuación de la familia fue de buena fe y si han surgido observaciones, tendrán que ser tomadas en cuenta" (ver recuadro). Además, informó que será representada por el abogado socialista Gabriel Osorio. Con todo, dentro de los congresistas del conglomerado hay preocupación por el impacto que pueda generar en la familia del expresidente y, en reserva, algunos expresan su molestia por el manejo del Gobierno. Es así que hay críticas de que ambas "estarían pagando los platos rotos" de una responsabilidad que achacan a la exministra, por lo que están alertas de lo que pueda pasar en el TC.
Para el jefe de bancada de los diputados, Daniel Melo, la responsabilidad política se "saldó" con la salida de Sandoval. "Esto es una artimaña política que desde nuestro punto de vista no tiene ningún tipo de sustento ni fundamento", comentó. Quien no asistió al Congreso ayer fue la ministra Fernández, pese a que había sido invitada a participar de una comisión. Gobierno responsabiliza a exministra de BB.NN.
Fueron al menos cinco las veces en que se le consultó a la vocera Aisén Etcheverry si la ministra Maya Fernández tuvo que haber informado sobre la inhabilidad que revestía el que el Estado pretendiera comprarle una parte de la residencia heredada.
Etcheverry se apegó al guion y admitió que el proceso de compra, que consta de varias etapas, nunca se concretó y que todas las responsabilidades de cómo se llevó adelante el proceso se adoptaron en contra de la exministra Marcela Sandoval, a quien se le pidió la renuncia. "Es un proceso que a todas luces no se llevó adelante de la manera adecuada. Esa responsabilidad política recae en el ministerio que está a cargo de la ejecución de este proyecto", indicó.
Otra funcionaria que ha estado en tela de juicio es Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres y cercana al Presidente Boric, a quien se le apunta por no haber advertido sobre la eventual inconstitucionalidad de los decretos. Repercusiones por fallida venta al Estado de casa del expresidente, lo que autoridades están impedidas de hacer: TC deberá resolver permanencia en sus cargos de ministra Fernández y senadora Allende J. P. GUZMÁN, M. MATHIEU Y J. SOTO En la oposición iniciaron una arremetida en contra de las militantes socialistas, a quienes acusan de incurrir en una inhabilidad que las obliga a cesar en sus cargos.
COMPARECENCIA. --Rodeada de sus pares, ayer, la senadora Allende (en la foto, a la izquierda) leyó una declaración pública en el hall del Senado, sin responder preguntas de la prensa. n Mayoría oficialista entre los ministros del TC El Tribunal Constitucional (TC) está compuesto por diez ministros y uno de los principales cuestionamientos que se realiza al organismo es que sus deliberaciones pueden caer en criterios más bien políticos. Así, desde el oficialismo hay tranquilidad respecto de la resolución que pueda emanar del TC, puesto que el sector tiene mayoría. Son tres los integrantes ligados al oficialismo. Daniela Marzi, presidenta de la Primera Sala (con voto dirimente); Nancy Yáñez, ministra de la Primera Sala, y Catalina Lagos, ministra de la Segunda Sala. A ellas se suman dos ministras (Alejandra Precht, de la Primera Sala, y María Pía Silva, de la Segunda Sala) que suelen dirimir a favor del oficialismo. Además, Raúl Mera, ministro de la Segunda Sala, ha votado alineado con el oficialismo la mayoría de las veces. Mientras que aquellos cercanos a la oposición también son tres: Miguel Fernández, ministro de la Primera Sala; Héctor Mery, ministro de la Primera Sala, y Marcela Peredo, ministra de la Segunda Sala.
Mario Gómez es nuevo en el organismo y es de carrera judicial, al igual que Mera. n EL 30 DE DICIEMBRE se firmó el contrato de compraventa de las negociaciones para adquirir la polémica vivienda del expresidente Allende. n EL DOCUMENTO postula que los propietarios (la familia Allende) son representados por el abogado Felipe Vio Lyon, mientras que por la Seremi de Bienes Nacionales de la RM lo hizo la abogada Carol Castro Hernández. n PREVIO A ELLO, el 25 de noviembre, Bienes Nacionales ya había emitido un decreto para la compra, donde estipulaban los montos y la intención de adquirir el bien.
Dicho documento es el que cuenta con la firma del Presidente Gabriel Boric (razón por la que se apunta a Francisca Moya, quien se encarga de supervisar los decretos que firma el mandatario), así como de la entonces ministra Marcela Sandoval. Luego, el 20 de diciembre, Contraloría tomó razón y dio curso al documento, a través del contralor subrogante, Víctor Hugo Merino.
DATOS CLAVE n La defensa de Allende: El contrato "no está cerrado" Ayer, desde temprano, el equipo de la senadora socialista Isabel Allende comenzó a trabajar en su declaración tras ser acusada por la fallida compra de la casa del expresidente Allende. Así, la senadora expuso ante la prensa por primera vez, y luego de asegurar que no respondería preguntas, leyó que "durante todo este proceso nos hemos atenido a los trámites indicados.
Tal como compartimos en su momento la iniciativa, compartimos ahora la decisión de desistirse de la adquisición de la residencia familiar". "Hoy día (ayer) hemos entregado el mandato necesario para que efectivamente se rescinda del compromiso que se había establecido.
Por cierto, que no está cerrado", dijo y añadió que "toda la actuación de la familia fue de buena fe y si han surgido observaciones, tendrán que ser tomadas en cuenta". "Si la oposición acude, como lo ha anunciado, al TC, está en su pleno derecho. Como estamos en pleno derecho, por supuesto, como familia o en este caso como senadora, defendernos" y contó que se mandató al abogado Gabriel Osorio para que represente a la familia..