Los ministros TC que inclinarán la balanza para definir futuro de senadora Allende
Los ministros TC que inclinarán la balanza para definir futuro de senadora Allende Nicolle Peña añana, el Tribunal Constitucional (TC) decidirá el futuro de la senadora Isabel Allende.
Alas 9.30, los 10 ministros de la institución discutirán los requerimientos presentados por diputados de la oposición para que se declare la cesación en el cargo de la legisladora, debido al contrato de compraventa por la casa del expresidente Salvador Allende que el abogado representante de su familia firmó con el Estado. En ambos bloques existe incertidumbre.
En Chile Vamos, que será representado por el exministro Segpres de Sebastián Piñera, Máximo Pavez, y Republicanos, por Emiliano García, confían en que tendrán el voto de al menos tres ministros: Héctor Mery, Marcela Peredo y Miguel Ángel Fernández. El primero, trabajó en la Fundación Jaime Guzmán y Peredo, si bien es independiente, fue designada por Chile Vamos para la comisión experta del proceso constitucional. Fernández, fue nombrado ministro del TC por Piñera. En el oficialismo -la senadora Allende será representada por el socialista Gabriel Osorio cuentan con los ministros Catalina Lagos, Nancy Yáñez y la actual presidenta, Daniela Marzi, quien dirime en caso de empate. Lagos, como militante PS también fue parte de la comisión experta, mientras que Yáñez fue nombrada en el TC por el Presidente Gabriel Boric y trabajó en el gobierno de Eduardo Frei. Marzi también fue nombrada por Boric y durante el estallido social realizó escuelas constituyentes junto a Jaime Bassa y Fernando Atria. Sin embargo, constitucionalistas advierten que tiene un criterio más autónomo, por lo que podría dar una sorpresa. En el círculo de Allende piensan que las ministras María Pía Silva y Alejandra Precht, ligadas a la DC, fallarán a su favor. La mayor cuota de duda está en la postura que tendrán los ministros Raúl Mera y Mario Gómez. Este último, tiene un perfil marcado por su trayectoria en el Poder Judicial que comenzó en 1983 como secretario suplente del Juzgado de Letras de Parral. Fue relator en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema y ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Lo mismo ocurre con Mera, quien si bien fue propuesto por el gobierno de Piñera, también hizo carrera en el Poder Judicial. también hizo carrera en el Poder Judicial. también hizo carrera en el Poder Judicial. también hizo carrera en el Poder Judicial. también hizo carrera en el Poder Judicial.
Para el exintegrante del Comite nico de Admisibilidad del proceso constituyente, Tomás Jordán, "el antecedente más importante al dia de hoy es lo que declaró la contralora en cuanto a que el contrato en sí mismo no fue un procedimiento administrativo concluido", ya que faltaban etapas para entender que había sido celebrado entre el fisco y la familia Allende. "Lo que la contralora señaló es esencial, porque es el órgano administrativo que visó el decreto que autorizó a la admique visó el decreto que autorizó a la admiLos ministros TC que inclinarán la balanza para definir futuro de senadora Allende De todos modos, abogados constitucionalistas prevén que el TC fallará a favor de la legisladora, manteniéndola en su cargo. nistración a suscribir el contrato". Además, dice que si el TC estimara que se celebró el contrato, "se generaría un precedente complejo ya que su interpretación sería distinta a la del órgano que vela por el control de legalidad de los actos de la administración". La directora del centro de justicia constitucional UDD, Marisol Peña, sostiene que la Constitución es clara en cuanto ala causal de cesación en el cargo.
Sin embargo, cree que mañana la discusión jurídica se centrará en si el contrato se celebró o no, por lo que tendrá relevancia la interpretación de la contralora. "Temo que va a primar esa consideración (... ). Tengo la impresión de que el TC podría sentirse más tentado por abrazar la tesis de la legalidad, porque es más simple y convincente desde el punto de vista incluso de un razonamiento ciudadano", comenta.
Si eso ocurre "significaría que una norma constitucional se interpreta a partir de una ley", cuando lo que debería primares el criterio de interpretación constitucional. "Existe en la Constitución una causal literal precisa de cesación en el cargo que le es aplicable a la senadora, puesto que no hay discusión en que efectivamente celebró un contrato con el Estado, al suscribir la respectiva escritura pública de compraventa, aunque esta no haya llegacompraventa, aunque esta no haya llegacompraventa, aunque esta no haya llegacompraventa, aunque esta no haya llegaRaúl Mera. do a producir efectos", coincide el académico UC, Arturo Fermandois.
Añade que "las defensas de la senadora son válidas, pero para otra clase de discusiones, como si hubo o no infracción a la probidad -dado queel Estado no alcanzó a pagar el precio o si la compraventa produjo y agotó sus efectos civiles -al faltar algunas autorizaciones administrati posteriores no haberse aprobado el contrato por la Contraloría, ni inscrito el contrato en el Conservador". Bajo su mirada, esos planteamientos "escapan a la causal precisa de la Carta Fundamental". Y suma que la presidenta del TC advirtió recientemente en una entrevista "que no hay que anticiparse ni hacer cálculos sobre como fallan los ministros en base a su pensamiento filosófico-político". académico de la UDP, Javier Coucomenta que en este caso el TC operará más como un tribunal que como una corte constitucional y comparte el criterio della contralora. Si el TC fallara en el sentido contrario, dice, estaría desconociendo "la voluntad de los ciudadanos que votaron para que esa persona (la senadora) ejerza ese cargo tan importante.
En una instancia cuasi judicial como el TC, si se va a terminar con un mandato popular tiene que ser algo que sea inequívoco, que no haya duda alguna". Ignacio Núñez, de Derecho ConstituIgnacio Núñez, de Derecho ConstituIgnacio Núñez, de Derecho ConstituIgnacio Núñez, de Derecho ConstituIgnacio Núñez, de Derecho ConstituIgnacio Núñez, de Derecho ConstituMY Mario Gómez. Mario Gómez. cional U.
Autónoma, agrega como antecedente relevante lo resuelto por la cámara de Diputados en la acusación constitucional contra la ex ministra Maya Fernández. "Aunque para algunos la prohibición de celebrar contratos con el Estado es clara y categórica, la evidencia muestra que no es así", asegura.
Manuel Nuñez, de la PUC de Valparaíso, añade que el parámetro debe ser "el principio de probidad que nuestra Constitución exige cumplir de manera estricta" y que lo que se resuelva mañana "será una señal para todos los parlamentarios y funcionarios sujetos a prohibicione cionarios sujetos a prohibicione cionarios sujetos a prohibicione cionarios sujetos a prohibicione. - - -