Editorial: Bonos presidenciales
Editorial: Bonos presidenciales C ontroversia ha causado la información, publicada en estas páginas, de que el Presidente de la República, "como todos los servidores públicos", ha recibido un bono de incentivo por cumplimiento de metas asociadas al cargo, con lo cual su remuneración subió en diciembre de $ 7 millones brutos a $ 10 millones brutos.
En el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), los funcionarios perciben dicho beneficio en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en la medida que cumplan los compromisos establecidos ante la Dirección de Presupuestos (Dipres). Si bien se trata de una bonificación dentro del marco legal, y que también han cobrado anteriores mandatarios, el estímulo resulta discutible a la luz de la naturaleza política del rol presidencial y de sus ministros. La situación refleja, por un lado, una inadecuada formulación de la ley, pero por otro lado refuerza la importancia de emprender una reforma del empleo público.
De acuerdo con la Dipres, la Presidencia logró el 99,44% de los objetivos de 2024 en los ámbitos de gestión eficaz, que contempla la equidad de género; eficiencia institucional y de calidad de los servicios de transformación digital. La virtual universalización de los bonos por gestión no se condice con la manera real en que opera el Estado y tampoco permite asignar a los funcionarios dentro de una escala que sea representativa.
A pesar de que en la Agenda de Modernización del Estado se incluyeron, a partir de 2023, cinco nuevos ejes de acción, en 2024 todos los servicios públicos y entidades -204 en totalobtuvieron el bono máximo por desempeño; de hecho, por primera vez todas las instituciones analizadas llegaron al nivel más elevado de entre 90% y 100% de cumplimiento.
Dicha evidencia sugiere que el Estado y quienes lo dirigen se están autoengañando respecto del funcionamiento del aparato público; así, la incorporación del Presidente a este circuito es una señal también confusa hacia los propios funcionarios y sus obligaciones.
Aunque la asignación se ajusta a la ley -y no parece haber sido objeto de discusión política en los casos de los anteriores gobernantes-, su existencia colisiona, si no con la norma, sí con el sentido común: es difícil comprender para la ciudadanía que el mandatario y los ministros, que forman del estamento político del Estado, deban ser medidos de la misma forma que el conjunto del personal de la administración, el que tiene otras características en términos, por ejemplo, de estabilidad laboral y carrera funcionaria. El Presidente ejerce el mando de la nación en un sentido amplio y que su cometido difícilmente puede ser aprehendido dentro de los parámetros de la evaluación de desempeño que contempla el PMG.
Ciertamente, una de las dimensiones de la modernización del empleo público es el régimen salarial y de incentivos al desempeño, en la línea de hacerlo más transparente, racional y que efectivamente recoja las diversas capacidades y méritos de las personas. La distorsión de sueldos en el Congreso, donde decenas de funcionarios ganan más que los parlamentarios, muestra la necesidad de una regulación más precisa y justa.
Esta, entre otros aspectos, debiera distinguir mejor los sueldos de los puestos políticos de la estructura salarial de los funcionarios. "El cometido de un Presidente difícilmente puede ser aprehendido dentro de los parámetros de la evaluación de desempeño que contempla el PMG".. "El cometido de un Presidente difícilmente puede ser aprehendido dentro de los parámetros de la evaluación de desempeño que contempla el PMG".