Exdirectora del Cadi-Umag confirma ser testigo clave en causa penal contra la Fundación Hernando de Magallanes
Diputado Alejandro Riquelme evalúa hacerse parte de la causa y pedir medidas intrusivas Karena Espinoza, exdirectora del Cadi-Umag. "Yo actué de buena fe y trabajé en colaboración con los distintos actores que estábamos trabajando durante la pandemia. .. Por parte de mi dirección no hubo ninguna irregularidad, ninguna mala fe, ni ninguna asociación con lo que se ha imputado", aseguró Karena Espinoza. 22 de febrero de 2017 fue constituida la Fundación Hernando de Magallanes en Punto Arenas. Su objeto fundacional es la prevención y tratamiento del cáncer en la región. La fundación habría adquirido insumos para el laboratorio del Cadi-Umag durante la pandemia y la entidad universitaria aparece en la causa porque hay facturas emitidas a traves de la universidad.
Exdirectora del Cadi-Umag confirma ser testigo clave en causa penal contra la Fundación Hernando de Magallanes Lucas Ulloa Intveen Lacasadioa@laprensaaustralel El jueves 30 de abril, en una sala del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el médico Alejandro Altamirano Mansilla escuchó los cargos que el Ministerio Público ha construido en casi tres afios de investigación. Fraude de subvenciones como representante legal de la Fundación Hernando de Magallanes, seis convenios de asignación directa con el Gobierno Regional y cerca de $778 millones involucrados.
La fiscal regional Johanna Irribarra fue precisa al salir de la audiencia: hay al menos $20 millones en sobreprecios acreditados en la compra de materiales para uno de esos convenios, y las diligencias para establecer el perjuicio total siguen en curso. El tribunal decreto arraigo nacional para Altamirano y fijó seis meses de plazo investigativo.
El fiscal regional Cristián Crisosto había anticipado el rumbo de la causa meses antes, en una entrevista en Radio Polar: "A partir de la formalización, se abre un plazo judicial de investigación donde se afina, donde se ajusta la investigación para poder posteriormente deducir la acusación.
Lo importante es que estamos avanzando". Y agregó un dato que el diputado Alejandro Riquelme -quien siendo consejero regional presentó la denuncia originalIleva repitiendo desde entonces: "La investigación continúa adelante con otras aristas". La fundación, el médico y los proyectos La Fundación Hernando de Magallanes fue constituida el 22 de febrero de 2017 en Punta Arenas. Su objeto fundacional es la prevención y tratamiento del cáncer en la región.
Según el certificado de directorio del Registro Civil vigente al momento de los convenios, la presidía Alejandro Patricio Altamirano Mansilla, médico cirujano especialista en Cirugía General titulado en la Universidad Austral de Chile, según acredita la Superintendencia de Salud. Entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, el Gobierno Regional suscribió con esta fundación seis convenios de asignación directa. Los proyectos incluían apoyo epidemiológico durante la pandemia por SARSCoV-2, atención a sobrevivientes de prisión política de 1973-74, y resolución de listas de espera ginecológicas. El total transferido, según el anexo del Oficio Final Nº667-A de la Contraloría Regional, supera los $927 millones. La investigación penal de la fiscalía, según informó Irribarra, se concentra en dos de esos convenios, por un monto conjunto avaluado en $778 millones. Firmas y visación exprés Los documentos internos del Gobierno Regional a los que tuvo acceso El Magallanes revelan la velocidad con que al menos uno de estos convenios fue procesado.
El 6 de enero de 2022, Paola Fernández Gálvez, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gore, envio un memorándum al gobernador Jorge Flies solicitando su aprobación para transferir $142.892.000 a la Fundación Hernando de Magallanes, destinados al programa de apoyo epidemiológico pandemia SARS-COV-2. Ese mismo día, Flies firmo el Oficio Nº14 aprobando la iniciativa y devolviendo los antecedentes para tramitación. Ese mismo día, Fernández firmó un segundo memorándum trasladando la orden a la División de Presupuesto para elaborar el convenio de transferencia. La solicitud de financiamiento muestra que el presupuesto era casi íntegramente honorarios de personal de salud -$142 millones de $143 millones totales-, sin ítems de operación registrados.
Un patrón similar se repite en la tramitación del convenio de $149 millones para el proyecto de atención a expresos políticos: el 16 de diciembre de 2022, el mismo circuito de documentos -solicitud, aprobación, traspaso a presupuestose completó en un solo día hábil, con la firma de Fernández en dos de los tres documentos. Lo que observó Contraloría En noviembre de 2023, la Contraloría Regional emitió el Oficio Final Nº667-A sobre las transferencias del subtítulo 24 realizadas por el Gore entre 2021 y 2023. Las observaciones más graves, calificadas como "altamente complejas", recayeron directamente sobre los convenios con la Fundación Hernando de Magallanes. El organismo fiscalizador constató que los seis convenios fueron asignados directamente a la fundación, prescindiendo de procedimientos concursales que habrían permitido comparar propuestas.
Además, las resoluciones que los aprobaron no fundamentaban las razones para esa asignación directa, Karena Espinoza, exdirectora del Cadi-Umag. "Yo actué de buena fe y trabajé en colaboración con los distintos actores que estábamos trabajando durante la pandemia. .. Por parte de mi dirección no hubo ninguna irregularidad, ninguna mala fe, ni ninguna asociación con lo que se ha imputado", aseguró Karena Espinoza. 22 de febrero de 2017 fue constituida la Fundación Hernando de Magallanes en Punto Arenas. Su objeto fundacional es la prevención y tratamiento del cáncer en la región.. - Karena Espinoza declaró ante la PDI desde mayo del año pasado en el marco de la investigación por fraude de subvenciones. Su testimonio se suma a documentos internos del Gore que revelan cómo se tramitaron convenios por cientos de millones en un solo día hábil. El jueves 30 de abril fue formalizado el representante legal de la fundación, pero la fiscalía advierte que la causa tiene otras aristas. Exdirectora del Cadi-Umag confirma ser testigo clave en causa penal contra la Fundación Hernando de Magallanes lo que infringe el principio de juridicidad que rige los actos administrativos. El Gore respondió que la fundación era idónea por su experiencia en salud, pero Contraloría consideró esa respuesta insuficiente y mantuvo las observaciones. Por tres de ellas, instruyo un procedimiento disciplinario interno. La denuncia original Riquelme no llegó a la denuncia por azar. Como consejero regional, solicitó por Ley de Transparencia los respaldos de todas las asignaciones directas entregadas en los últimos 24 meses. El gobernador Flies se los negó en dos ocasiones. El Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por Riquelme y ordenó la entrega. El plazo venció sin que el Gobierno Regional cumpliera. Con los antecedentes que reunió por otras vias, Riquelme presentó su denuncia a Contraloría.
En ella identifico un patrón en las rendiciones de la Fundación Hernando de Magallanes: los recursos no se habrían gastado directamente en los proyectos declarados, sino que se triangularon hacia empresas relacionadas con miembros de la propia fundación o personas vinculadas a ella. Entre los documentos que obran en poder de El Magallanes figuran dos cotizaciones emitidas por Importadora Altarez SpA-Rut 77.623.361-7anombre de la Fundación Hernando de Magallanes, ambas del 21 de diciembre de 2022. Una de ellas, por $5.600.000, corresponde a insumos médicos y clínicos.
La otra, por $2.800.000, incluye resmas de papel, lápices, archivadores, pizarras y señalética acrílica, presentados bajo el encabezado "Consulta médica". Esta empresa aparece mencionada en la denuncia original de Riquelme como vinculada al hermano del presidente de la fundación y a otro miembro de la organización. Es importante precisar que estos antecedentes provienen de la denuncia presentada ante Contraloría. El Magallanes no ha tenido acceso a los antecedentes de la causa judicial -que tienen carácter secretoy no puede confirmar si estas empresas forman parte de la imputación penal en curso. Cadi entra en escena Uno de los proyectos investigados involucra al Centro de Análisis y Diagnóstico Integral (Cadi) de la Universidad de Magallanes. La fundación habría adquirido insumos para el laboratorio de este centro durante la pandemia, y la entidad universitaria aparece en la causa porque hay facturas emitidas a través de la universidad. Lo que El Magallanes puede revelar es que Karena Espinoza, quien ejerció como directora del Cadi durante ese período, figura como testigo Altamirano Mansilla no guardó silencio. Elmismo jueves 30 de abril emitió una declaración pública en la que defendió la gestión de la fundación y anunció plena colaboración con la investigación. Nuestro actuar ha estado siempre guiado por la convicción de trabajar por y para los pacientes y sus familias", escribió. Con la transparencia, responsabilidad y compromiso que me caracterizan, estamos colaborando plenamente con las autoridades competentes, entregando desde el primer momento todos los antecedentesy la evidencia necesaria para el total esclarecimiento de los hechos", refirió. Altamirano dijo que confia en que el proceso declave en la causa penal que lleva el Ministerio Público contra Altamirano. Espinoza confirmó a este medio haber sido citada a declarar ante la PDI en mayo del año pasado, dato que hasta ahora no había trascendido públicamente.
Dijo haber actuado en todo momento de buena fe, en parte porque la Fundación Hernando de Magallanes no era una organización desconocida para el mundo universitario regional. "No es primera vez que la Fundación Hernando de Magallanes colaboraba también con la Universidad de Magallanes", señaló. "Yo actué de buena fe y trabajé en colaboración con los distintos actores que estábamos trabajando durante la pandemia", acoto. Su relato es preciso sobre los límites del rol del Cadi: la mostrará que las acciones de la fundación tuvieron como único propósito contribuir al acceso a salud de la comunidad. La investigación tiene seis meses de plazo para avanzar. El arraigo nacional mantiene al imputado en el pais. Y la fiscal Irribarra fue precisa: hay diligencias pendientes y el monto del perjuicio fiscal aún no está cerrado.
El fiscal regional Crisosto lo resumió en pocas palabras al anticipar esta etapa: "Lo importante es que estamos avanzando y estamos logrando aclarar este tipo de hechos que para la fiscalía tienen carácter de delito". fundación les solicitó un listado de insumos necesarios, ellos entregaron cotizaciones oficiales obtenidas directamente de los distribuidores y representantes de las marcas en Chile, y la fundación se hizo cargo integramente de las compras. Ese detalle no es menor: significa que existía un precio de referencia de mercado conocido al momento de adquirir los materiales. "Nosotros no teníamos cómo corroborar a qué precio ellos facturaron o compraron", reconoció. Consultada sobre aspectos específicos de la investigación, Espinoza indicó en varias ocasiones no poder entregar mayores detalles por ser materia de la causa penal en curso.
Si fue explícita sobre su postura: "Por lo menos por parte de mi dirección no hubo ninguna irregularidad, ninguna mala fe, ni ninguna asociación con lo que se ha imputado". Sus abogados están al tanto del caso y la voluntad del Cadi, afirmó, es de plena cooperación con la investigación. Los funcionarios que señala Riquelme La formalización de Altamirano Mansilla es, para Riquelme, solo el primer paso. El diputado apunta a tres personas del Gobierno Regional que, a su juicio, deben responder ante la justicia.
La primera es Paola Fernández Gálvez, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano -cargo que ejercía al momento de los hechos-, cuya firma aparece en los documentos internos de tramitación de, al menos, dos de los convenios cuestionados. La segunda es Eugenio Mancilla, quien según Riquelme ejercía como jefe del área financiera del Gore al momento de autorizarse los pagos con las facturas cuestionadas. El tercero es el propio gobernador Jorge Flies, como la autoridad que aprobó las asignaciones. Los documentos a los que accedió este medio muestran su firma en, al menos, uno de los oficios de aprobación. Ninguno de ellos ha sido formalizado ni figura como imputado en la causa. Sus nombres aparecen en los señalamientos del diputado y, en el caso de Fernández y Flies, en documentos administrativos del Gore. La evaluación de responsabilidad penal corresponde exclusivamente a la fiscalía. Riquelme anunció que evalúa hacerse parte en el juicio, junto a un abogado penalista, para acceder a los antecedentes de la causa y solicitar nuevas diligencias, entre ellas, medidas intrusivas.
Los celulares y el CDE ausente Una información sensible circula en torno a la causa: Riquelme afirmó haber confirmado que hace aproximadamente dos semanas se incautaron celulares del gobernador, de sus familiares y de funcionarios vinculados a la investigación, los que se encontrarian en Santiago siendo periciados por la PDI. El gobernador Flies lo desmintió el 28 de abril. Fue enfatico al negar que hubiera existido incautación de equipos electrónicos en su contra. Cabe precisar que ese desmentido se formuló en el contexto de otra investigación que lo afecta -relacionada con la compra de un inmueble para una residencia de menoresy no especificamente en relación al Caso Convenios. Otro punto que levanta el diputado es la ausencia del Consejo de Defensa del Estado en la causa. "Justamente la obligación del Consejo de Defensa del Estado es cautelar estos recursos públicos.
Cuando tenemos ya un formalizado por fraude de subvenciones, el Consejo de Defensa del Estado de Magallanes brilla por su ausencia", cuestionó el diputado Riquelme. $778 millones es el monto involucrado en la investigación penal de la fiscalía, según informó Johanna Irribarra, indagatoria que se concentra en dos de esos convenios $927 millones fue el toto! transferido, según el anexo del Oficio Final Nº667-A de la Contraloría Regional, por los referidos seis proyectos 6 convenios de asignación directa celebró el Gobierno Regional con la fundación entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, los que inclufon apoyo epidemiológico durante la pandemia por SARS-COV-2, atención a sobrevivientes de prisión política de 197374, y resolución de listas de espera ginecológicas.
ALTAMIRANO: "CONVICCIÓN DE TRABAJAR POR Y PARA LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS" Archivo/LPA "Con la transparencia, responsabilidad y compromiso que me caracterizan, estamos colaborando plenamente con las autoridades competentes", dijo Alejandro Altamirano. $778 millones es el monto involucrado en la investigación penal de la fiscalía, según informó Johanna Irribarra, indagatoria que se concentra en dos de esos convenios $927 millones fue el toto! transferido, según el anexo del Oficio Final Nº667-A de la Contraloría Regional, por los referidos seis proyectos 6 convenios de asignación directa celebró el Gobierno Regional con la fundación entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, los que inclufon apoyo epidemiológico durante la pandemia por SARS-COV-2, atención a sobrevivientes de prisión política de 197374, y resolución de listas de espera ginecológicas.
ALTAMIRANO: "CONVICCIÓN DE TRABAJAR POR Y PARA LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS" Archivo/LPA "Con la transparencia, responsabilidad y compromiso que me caracterizan, estamos colaborando plenamente con las autoridades competentes", dijo Alejandro Altamirano El médico Ale jandro Altamirano.