Autor: Tomás Mandiola Lagos, abogado puertomontino

Columnas de Opinión: Gratuidad, justicia y educación parvularia
Columnas de Opinión: Gratuidad, justicia y educación parvularia L La política de gratuidad en la educación superior adolece de un serio problema de justicia.
Pasa por alto una realidad elemental: primero, los recursos son escasos, especialmente en un país con los niveles de informalidad, desempleo y pobrezamultidimensional que tiene Chile, y segundo, que cada peso destinado a un área implica dejar de invertirlo en otra. El problema, entonces, no es sólo cuánto se gasta, sino en qué se decide gastar. Un ejemplo elocuente es el presupuesto de Educación para 2026. Del incremento respecto de 2025, el 78% -equivalente a $282.000 millonesse destina a educación superior, y de ese monto, más de un 60% financia la gratuidad. La pregunta es inevitable: ¿ responde esta asignación a las verdaderas prioridades del sistema educativo? Mientras tanto, áreas críticas enfrentan recortes significativos. El Plan de Reactivación Educativa reduce su presupuesto a la mitad y se elimina el Plan Nacional de Tutorías, pese a haber sido bien evaluado por la Dipres. Pero lo más delicado es que se vuelve a postergar la etapa más decisiva para el desarrollo de nuestros estudiantes: la educación parvularia. Sus programas caen en un 3,2% -más de $40.000 millones menos-, la subsecretaría del área reduce su presupuesto en 6,8%, y se recortan recursos a instituciones clave como Integra y Junji. Incluso desaparece el Fondo de Apoyo a la Educación Parvularia. Esta distribución no es neutra; profundiza una inequidad estructural. El informe Education at a Glance 2025 de la OCDE muestra que los países miembros destinan en promedio 11.226 dólares (PPP) por estudiante en educación parvularia. Chile, en cambio, invierte sólo 6.639 dólares: un 41% menos. La brecha es evidente. Las distorsiones no terminan ahí. En su diseño actual, la gratuidad también presenta problemas de focalización: uno de cada cinco estudiantes beneficiados pertenece al 40% de mayores ingresos. Esto no sólo horada las cuentas públicas, sino que debilita su legitimidad. Con todo, sería un error desconocer que la gratuidad es una política social ampliamente valorada por las familias. Por lo mismo, el desafío no es eliminarla, sino corregirla y delimitarla correctamente.
Avanzar hacia una focalización efectiva -por ejemplo, concentrándola sólo para el 60% de menores recursos-, reformar los incentivos perversos que genera en el sistema universitario y mejorar sus mecanismos de asignación, permitiría compatibilizar equidad con responsabilidad fiscal. Difícilmente lograremos un salto sustantivo en educación parvularia y escolar si seguimos concentrando desproporcionadamente los recursos en la educación superior. Porque, como nos advertía Gabriela Mistral, "el futuro de los niños siempre es hoy; mañana será tarde". Autor: Tomás Mandiola Lagos, abogado puertomontino. C Columna