Múltiples “escuchas” en Procultura: se exige pesquisa “profunda” y sl hay error la corte puede anular, pero llaman a no “torpedear” instituciones
Múltiples “escuchas” en Procultura: se exige pesquisa “profunda” y sl hay error la corte puede anular, pero llaman a no “torpedear” instituciones Alberto Larraín se desempeñó como director ejecutivo de Procultura.
Múltiples "escuchas" en Procultura: se exige pesquisa "profunda" y si hay error la corte puede anular, pero llaman a no "torpedear" instituciones Las autorizaciones por parte de los tribunales de justicia para interceptar teléfonos en el marco de la investigación del caso Procultura han generado debate sobre su legitimidad entre algunos intervinientes --como lo planteó en un recurso de amparo Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, director ejecutivo de la fundación--, pero también han surgido acusaciones de "espionaje político" desde el Frente Amplio (FA). Aunque el Gobierno ha descartado esa tesis, al punto que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, advirtió ayer, en ese sentido, que si eso hubiese sido así, él ya se habría querellado. Huneeus acusa que fue interceptada sin presentarse "antecedentes" ante el tribunal y debido a lo que sería un "error", pues la fiscalía asoció su teléfono al de quien fuera su exmarido, imputado en el caso.
Supo del "pinchazo" luego que hace solo algunos días se conociera una conversación suya con el Presidente Gabriel Boric, quien fue su paciente, del 10 de octubre del año pasado, en la que abordaron la situación de Larraín y la indagatoria a la fundación, el escenario que enfrentaba la expareja del mandatario Irina Karamanos, quien había tenido que declarar en la causa, entre otros temas. n No solo fraude al fisco y lavado, sino también asociación ilícita y administración fraudulenta Fue en ese contexto que su defensa decidió presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ayer se realizaron los alegatos, la representó su abogado Alejandro Awad y por la fiscalía estuvo el persecutor Eduardo Yáñez. Se espera que el tribunal de alzada informe hoy su resolución.
El defensor insistió en que la medida intrusiva había sido ilegal, mientras que el organismo de persecución penal afirmó que a Huneeus siempre se le ha dado un tratamiento de imputada, a lo que el abogado retrucó diciendo que esto sería de carácter "instrumental". Yáñez recordó, además, durante la jornada que en el caso Procultura --en que Larraín es el más mencionado en "escuchas" y declaraciones por su rol clave en la fundación-"a la fecha investigábamos los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y hoy día, yo me atrevería inclusive a agregar el delito de asociación ilícita y el de administración fraudulenta". Ahora, más allá del caso particular de Huneeus, el caso se ha caracterizado por una gran solicitud de interceptaciones, puesto que los antecedentes investigativos a los que ha accedido este medio permiten dar cuenta de al menos 57 números telefónicos "pinchados". Para la abogada penalista Catherine Lathrop esto "no es raro ni me parece que pueda ser catalogado de excesivo pedir autorizaciones de escuchas telefónicas". "Es relevante recordar que el fiscal, para solicitar cualquier medida intrusiva, debe tener antecedentes fundantes que, además, son revisados por un juez de garantía", agrega. n "No veo un exceso o abuso de esta forma de investigar" De ese modo, analiza la abogada que "quizás la pregunta es inversa. `Por qué se han autorizado tantas medidas intrusivas', `¿hay acaso muchos antecedentes que permiten pedir estas interceptaciones?'. En ese contexto, plantea que "pareciera ser que sí y, por tanto, no veo un exceso o abuso de esta forma de investigar, pues, además, en estos casos es una de las más relevantes". Sobre el rol e independencia de la fiscalía, plantea que "hay que cuidar el Estado de Derecho y la teoría del péndulo no puede operar cuando se investiga a un sector que no sea cercano a tu ideología". En esa línea, comenta que "es importante, entonces, ser críticos de la labor del Ministerio Público, pero aquello nunca puede ser a ultranza, es decir, con el objeto de torpedear la institucionalidad del país". Así, recuerda que "los fiscales son autónomos y cuando su labor pueda afectar o conculcar garantías fundamentales, es el juez quien vela por aquellos derechos y aquí, los antecedentes indican que esto sí ha ocurrido". n Las equivocaciones se pueden corregir en tribunales superiores De manera similar, el exfiscal Carlos Gajardo, hoy dedicado de forma particular al derecho penal, recuerda que "el caso Procultura es un caso grave en que se está investigando eventuales delitos de fraude al fisco por $6.000 millones y, por lo tanto, exige una investigación profunda". Bajo esa primicia, opina que el hecho de que "se haya interceptado un número importante de teléfonos da cuenta de la profundidad de la investigación". Aunque en el caso particular del recurso de amparo interpuesto por Huneeus, advierte que "si en esas solicitudes se han cometido errores, por ejemplo, interceptar un teléfono equivocado, ello puede ser corregido por la corte y anular esos antecedentes, y la investigación continuará con el resto de los antecedentes reunidos". n "Un fiscal quiere investigar y un juez tiene que controlar" Mauricio Duce, abogado y académico de la Universidad Católica, sostiene que "el sistema está basado en el equilibrio de que un fiscal quiere investigar y un juez tiene que controlar y la ley establece los requisitos a controlar.
Y, en principio, si un juez autoriza es porque era algo legalmente procedente, salvo que se descubra con posterioridad algún vicio y esto es lo que se está discutiendo potencialmente en el amparo". Sin embargo, cree que el fondo de la problemática va por otro camino.
Plantea que "el Código Penal señala que las comunicaciones que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación (... ) deberían ser luego entregadas a las personas afectadas por la medida e incluso el Ministerio Público tiene que destruir esas transcripciones". En ese caso, afirma Duce, "hay ciertas dudas de que algunas de las transcripciones que se incorporaron a las carpetas tengan relevancia o pertinencia, por así decirlo, penal, sin perjuicio de que puedan tener relevancia y pertinencia del interés público general detrás de este caso, pero el Ministerio Público no opera como los medios de comunicación". En ese marco, recuerda que la fiscalía "no registra información de interés público", sino que "tiene que registrar la carpeta fiscal información relevante para investigaciones penales". Y explica que justamente "esta regla estaba hecha precisamente porque el legislador entiende que la interceptación telefónica es tremendamente intrusiva y puede afectar la privacidad a las personas y, por tanto, al admitir, porque también tenemos necesidad de ella como un mecanismo de investigación, eso es lo que está equilibrando el legislador". Penalistas, por casi 60 interceptaciones y recurso de amparo E. CANDIA, O. RODRÍGUEZ Y A.
ZÚÑIGA Aunque entre abogados no consideran que sea rara la masividad de los "pinchazos", algunos advierten que no puede haber críticas al trabajo de la fiscalía solo cuando las medidas intrusivas afectan al propio sector y no al adversario político. n Al menos un trabajador pagado por fundación prestaba servicios a Gore RM Entre los argumentos expuestos por la Fiscalía Regional de Coquimbo, para solicitar el alzamiento del secreto bancario del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el caso Procultura, se encuentran los servicios prestados por al menos un trabajador de la fundación liderada por Alberto Larraín --que pagaba su sueldo-en el Gobierno Regional (Gore) de la RM.
Se trata del psicólogo Gabriel Prado, quien fue contratado en septiembre de 2023 por Procultura, pero que se desempeñó en la División de Desarrollo Social y Humano en el Gore Metropolitano. "De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, fue contratado por petición directa del gobernador Claudio Orrego a Alberto Larraín (... ). El hecho no es menor, tomando en cuenta que el ex Seremi Minvu de Antofagasta Carlos Contreras ha sido formalizado y sometido a la medida cautelar de prisión preventiva por hechos similares", apuntó la fiscalía en su solicitud judicial.
La modalidad de trabajo de Prado ha sido confirmada por otros trabajadores, entre los cuales incluso hay quienes identifican esta situación en otras regiones. "El Gobierno Regional pidió a un trabajador de Procultura, para que desempeñara funciones allá, razón por la cual va Gabriel Prado, quien duró unos meses allá, por unos problemas de la prensa, siendo devuelto por el mismo gobernador.
Por lo que alguna vez conversé con él, me mencionó desempeñaba labores como enlace entre Procultura y el Gore, sin embargo, le encargaban tareas que no tenían relación con el proyecto", declaró en diciembre el funcionario Mauricio Garay. En su declaración, la exjefa de finanzas de Procultura María José Maturana señaló que, además del caso de Prado, se registraron dos situaciones similares en la Región de Antofagasta. El propio Prado dijo a la fiscalía que, como él, había otro caso: "Esteban Miranda estuvo yendo al gobierno regional, no sé si una o dos veces por semana. Una vez que yo llego a trabajar, Esteban deja de asistir al Gore de manera presencial. Él también se encontraba contratado por la fundación Procultura, por parte del programa `Quédate'". Incluso, reveló que tuvo un correo electrónico del Gobierno Regional Metropolitano. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, afirmó esta semana no haber recibido financiamiento de Procultura para su campaña.
Josefina Huneeus se separó definitivamente de Larraín en 2021. `` Es importante, entonces, ser críticos de la labor del Ministerio Público, pero aquello nunca puede ser a ultranza".. ............................................................................... CATHERINE LATHROP PENALISTA `` Se está investigando eventuales delitos de fraude al fisco por $6.000 millones y, por lo tanto, exige una investigación profunda".. ............................................................................... CARLOS GAJARDO PENALISTA Y EXFISCAL `` Si un juez autoriza es porque era algo legalmente procedente, salvo que se descubra con posterioridad algún vicio".. ............................................................................... MAURICIO DUCE ABOGADO Y PROFESOR UC.