Autor: JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER Profesor emérito de la UDP

Cartas: Migración y derecho a educarse
Cartas: Migración y derecho a educarse Migración y derecho a educarse Señor Director: Nos preocupa profundamente la posibilidad de exigir a escuelas y centros de salud públicos entregar información sobre personas migrantes en situación irregular en el marco de procedimientos de expulsión. Quienes trabajamos y colaboramos en ámbitos vinculados a la educación, la infancia, la salud y el desarrollo de las comunidades, sabemos que las instituciones públicas no pueden transformarse en espacios de vigilancia o denuncia. Su misión es otra: educar, cuidar, sanar, acompañar y proteger a las personas, especialmente a niños, niñas y adolescentes. Las escuelas, jardines infantiles, liceos y centros de salud construyen diariamente vínculos de confianza con las familias. Esa confianza es una condición esencial para que los niños aprendan, se cuiden y permanezcan vinculados a las instituciones que deben proteger sus derechos. Cuando el acceso a estos espacios se condiciona a mecanismos de delación, ese vínculo se fractura y su reconstrucción es extremadamente difícil. Convertir a docentes, directivos, educadoras, profesionales de apoyo o funcionarios públicos en agentes de control migratorio desnaturaliza profundamente su labor y desplaza a las instituciones de su propósito fundamental.
En un momento en que las comunidades enfrentan graves tensiones sociales, fragilidad emocional y debilitamiento de los vínculos, medidas de este tipo tendrían consecuencias concretas sobre niños y adolescentes reales: más temor, más ausentismo, más deserción y mayor exclusión. La protección de la infancia no admite excepciones ni condiciones administrativas. Las instituciones educativas y de cuidado deben seguir siendo espacios seguros, donde la dignidad humana esté por encima de cualquier situación migratoria. El Estado tiene el deber de abordar los desafíos migratorios con responsabilidad y apego a la ley.
Pero trasladar esa función a instituciones cuyo propósito es educar, cuidar y proteger no solo constituye un error de política pública: pone en riesgo derechos fundamentales y debilita uno de los pocos espacios de confianza que aún sostienen a nuestras comunidades. MAGDALENA ANINAT SALAS Directora ejecutiva Red de Colegios CEAS. ROSITA PUGA Directora académica Educa Araucanía LILY ARIZTÍA Presidenta SIP Red de Colegios CRISTIAN COX D. Director Centro Políticas Comparadas de Educación CPCE UDP Autor: JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER Profesor emérito de la UDP.