EDITORIAL: Dominga y la institucionalidad
EDITORIAL: Dominga y la institucionalidad E l Tribunal Constitucional (TC) desestimó la contienda de competencias planteada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en contra del Primer Tribunal Ambiental (1TA), instancia que en febrero de este año anuló aspectos relevantes de la resolución del comité de ministros de enero que, por tercera vez, rechazó el proyecto mineroportuario Dominga. El tribunal especializado ordenó al SEA modificar la decisión de citado comité y ajustarla a su sentencia. En su argumentación, el SEA consideró que el 1TA había excedido sus atribuciones en relación con las potestades de los ministros, que no podía instruirlos sobre cómo proceder ni fijarles criterios. El fallo de mayoría del TC, sin embargo, establece que el tribunal ambiental sí tiene facultades para ordenar cambios que aseguren el cumplimiento de una sentencia definitiva.
En estos momentos, el futuro de Dominga depende de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y de la Corte Suprema, instancia donde el SEA y organizaciones ambientalistas han presentado recursos de casación contra el fallo del 1TA que, en diciembre de 2024, invalidó la segunda votación en contra del proyecto en el comité de ministros realizada en enero de 2023. El Ministerio de Medio Ambiente indicó que sus próximas acciones dependerán de los recursos aún pendientes en la justicia. La empresa titular de Dominga, Andes Iron, ha acusado al Ejecutivo de aplicar una "estrategia obstruccionista" y "dilatoria" que, además, desacata sentencias judiciales firmes.
Desde luego la resolución del TC constituye un revés para el Gobierno, cuyo margen para frenar el proyecto se ha reducido; distintos observadores han subrayado, además, que el fallo establece límites a la intervención de los ministros y reconoce la autoridad superior de los tribunales, con una perspectiva más técnica y menos política. Ciertamente, el desarrollo de Dominga ha adquirido una connotación política que supera el marco de la evaluación ambiental y del régimen de autorización de inversiones.
En una declaración conocida ayer, 53 diputados denunciaron que la iniciativa está vinculada a casos de corrupción (Penta, Pandora Papers y Hermosilla) y también pusieron en duda la función jurisdiccional del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, porque podrían estar "capturados" por intereses privados.
Si bien la tramitación de Dominga ha sido extensa, el proceso se ha desenvuelto en el marco de la legalidad que rige el otorgamiento de los permisos ambientales y administrativos; la forma en que los intervinientes han expuesto sus razones en las diversas instancias no parece haber dado ocasión a actos discrecionales o arbitrarios de la autoridad, más allá de la natural discusión por las peticiones del Gobierno. En este contexto, el reciente fallo del TC es una muestra de que la institucionalidad está operando adecuadamente. Con independencia de la manera en que se resuelva finalmente el litigio, las partes han hecho valer sus demandas y reclamaciones ante órganos administrativos y jurisdiccionales que han ejercido atribuciones que cabe respetar.
La polarización respecto de Dominga, en especial de la comunidad en la Región de Coquimbo, requiere que la última decisión sobre su viabilidad sea el resultado de un procedimiento racional, institucional, y por tanto legítimo, de dirimir los conflictos que ponen en tensión el medioambiente y el crecimiento económico. "El desarrollo del proyecto ha adquirido una connotación política que supera el marco de la evaluación ambiental". Dominga y la institucionalidad.