Autor: EYN

La carga que tendrá el Estado: impacto fiscal será de casi US$ 5.000 millones
La carga que tendrá el Estado: impacto fiscal será de casi US$ 5.000 millones En régimen, por la reforma previsionalUn costo fiscal mucho mayor al que tuvieron inicialmente las reformas que crearon el pilar solidario de pensiones y la Pensión Garantizada Universal (PGU) tiene la reforma previsional que está saliendo del Congreso para convertirse en ley.
Si las anteriores iniciativas costaron en torno a un punto del Producto Interno Bruto (PIB), las enmiendas que fueron acordadas con los senadores de las comisiones de Trabajo y de Hacienda implican un impacto fiscal de 1,7 puntos del PIB en régimen, es decir, casi US$ 5.000 millones.
De acuerdo con el informe financiero de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que recoge esos cambios, en el largo plazo (año 2050) el aumento del monto y de la cobertura de la PGU, el alza de la cotización para los empleados públicos, los aportes al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y la nueva institucionalidad del sistema implicarán un mayor gasto fiscal de US$ 3.213 millones.
En tanto, la caída en la recaudación por los menores ingresos tributarios por impuesto global complementario debido a que los empleadores deberán asumir un mayor gasto en personal que será deducido de impuestos y una baja en sus utilidades, junto con la reducción en el encaje (obligación de invertir parte de su propio capital que tienen las AFP), significará menores recursos por US$ 1.755 millones.
Al contabilizar ese monto con el mayor gasto, el efecto fiscal total asciende a US$ 4.968 millones en régimen (ver gráfico). Riesgo de subestimaciónUna de las indicaciones que destrabaron el debate del proyecto de reforma previsional el pasado fin de semana, en la comisión de Hacienda del Senado fue el mayor costo que asumirá el Gobierno en la etapa de transición del aumento de la cotización previsional, sobre entidades que están fuera de la administración central. No obstante, el diseño de esa enmienda abrió el debate sobre una posible subestimación en los recursos requeridos para ese desembolso.
La fórmula legislativa que se acordó para zanjar ese tema apunta a que durante la transición en el incremento de la tasa de cotización de 7 puntos porcentuales con cargo al empleador, las leyes de reajuste del sector público destinarán recursos para el financiamiento del aporte.
Asimismo, para este año se facultó al Presidente de la República para que, dentro del plazo de cinco meses desde la fecha de publicación de la reforma como ley, mediante decreto con fuerza de ley (DFL), destine recursos para elfinanciamiento de la capitalización individual adicional de 1 punto que corresponde a este período.
Para ello, se estableció en las indicaciones que se podrá modificar el DFL 2 de 1998 del Ministerio de Educación, que regula la subvención del Estado a establecimientos educacionales, y otras normas legales que sean necesarias.
En el informe financiero que acompañó las enmiendas acordadas se estimó que los ajustes a los DFL en 2025, que contribuyan a financiar el aumento de la tasa contributiva para establecimientos educacionales que reciban aportes permanentes del Estado y recintos de atención primaria en salud, serán de hasta $28.535 millones. El gasto fiscal total anual proyectado en la iniciativa es de 1 punto del PIB. Pese a ese compromiso de recursos que asume el Gobierno Central, la economista sénior de LyD Macarena García advierte que existe el riesgo de subestimación en los recursos involucrados por la mayor cotización. “Pese a la cuantía de los recursos involucrados, estos están subestimados.
Si bien las indicaciones recogieron la preocupación del Consejo Fiscal sobre el riesgo de presiones de mayor gasto en otrasáreas como la educación y salud, que podrían derivar en presiones a aumentar el gasto en subvenciones y gasto en atención primaria de salud, no se consideraron otros ámbitos como la educación superior y el mayor gasto en personal del gobierno descentralizado (municipalidades, parlamentarios, empresas públicas, entre otras)”, alertó la experta. El economista sénior del Ocec de la U. Diego Portales, Juan Ortiz, apuntó al “espacio fiscal limitado” que hay para costear la reforma.
“El espacio fiscal que existiría para absorber las obligaciones (de la reforma) tendría como fuente los ingresos asociados a la ley de cumplimiento tributario; por lo tanto, un recaudo inferior a lo estimado tendría implicaciones fiscales negativas”, dice.
También en las indicaciones se estableció que para la ejecución de la revisión del estudio actuarial (viabilidad financiera) de los recursos que se acumularán con el nuevo “préstamo”, que realizará el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), se proyecta la contratación de un nuevo analista en el CFA.
Su costo se estima en $46,5 millones anuales desde el segundo año.. El aumento del monto y cobertura de la PGU, el alza de la cotización para los empleados públicos y los aportes al FAPP implicarán mayor desembolso. En régimen, por la reforma previsional