Defensa de las víctimas apunta a eventual “Cartel del Fuego” y pide indagar cuentas bancarias
Gian Franco Giovines D. gian. giovines2mercuriovalpo. cl n duro golpe para la Diul rección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) significó la detención de uno de sus funcionarios, Elías Antonio Salazar Inostroza (39), también voluntario de la 134 Compañía de Bomberos de Placilla, quien es sindicado por la Fiscalía, junto alexbombero Francisco Mondaca (22) y al exbrigadista de Conaf, Franco Pinto(39), como uno delos, por ahora, tresautores identificados del megaincendio de febrero que dejó 136 muertos, siendo el más letal en lahistoria de Chile.
La presunta participación de Salazar en el origen del fuegonosólocausa impacto, puesto quese trata de un funcionario quese desempeñaba en el Centro de Alerta Temprana de Senapred, sino que además expone una preocupante realilos tres posibles autores del incendio trabajaban para organismos de primera res-puesta del Estado, lo quereflejalagravecrisis institucional de losservicios de emergencias. “CARTEL DEL FUEGO” La detención de un tercer fun-cionario delas instituciones de emergencias involucrado en la autoría del fuego, despierta serías sospechas entre los abogados querellantes, representantes delas víctimas. “La institucionalidad, sin dudas, estáencrisis.
Tenemos, en este caso, a todos los organismos que debieron generar el la prevención de estos control y incendios involucrados”, lamenta Felipe Olea, abogadorepresentante de 200 damnifica-dos del siniestro, quien si bienvalorala aprehensión deltercer imputado, mantiene la convicción de que existen más personasimplicadasen la generación del fuego. “Esta defensa no cree que sean solamente estos mandos bajos. Estos funcionarios, en estecaso, notenían lafacultadde tomar grandes decisiones, porque eran funcionarios rasos, sin ningún grado”, arguye.
“Entendemos que acá podríamos estar frentea un verdadero Cartel del Fuego”, como ha sucedido en otras partes del mundo”. Felipe Olea Abogado querellante “En realidad, esto solamentees la punta del iceberg, pues por sobre estas decisiones creemos que hay otros involucrados, que esperamos que la Fiscalía persigaconel mismoahínco que lo ha hecho con otros funcionarios”, solicitó.
Fundamenta el jurista que, tal comoreconoció el bomberoMondaca ensu declaración ante la PDI, existe un incentivo económico detrás de estas acciones, porloque cree que Pinto, Salazar y Mondaca sólo podrían constituir una parte de una red delictiva más amplia.
“Este incendio, sin lugar a dudas, para muchas personas significa un negocio, y por lo mismo creemos que es bueno que revisemos las cuentas co-“Esta actuación se debiese considerar y analizar dentro del marco de la Ley Antiterrorista”. víctimas del Jardín Botánicorrientes de los directores (de Conaf, Senapred y Bomberos), y revisemos, en general, cómo se celebraran los contratos, porque entendemos que acá podríamos estar frente a un verdadero “Cartel del Fuego”, como hasucedido enotras partes del mundo”, advirtió Olea. Remarcó, eneste ítem, que empresas y personas involucradas en el denominado “cartel del fuego” en España, han prestado servicios a Conaf.
EXIGE LEY ANTITERRORISTALuis Cantellano, querellante en representación de los familiares delas víctimas delJardín Botánico, hizo notar quese tratade “una situación inédita”. “Nunca habíamos tenidoLFAMILIARES CLAMAN JUSTICIA una participación de personas, quea la vez tuvieran la calidad defuncionarios públicos encircunstancias como esta, en la tragedia más grande queexiste en nuestra Región en los últimos 50 años”, remarcó.
Respecto al fuego, cree eljurista queeste no pudo haber sido causado por pocas personas, sino que, detrás de ellos “hay un andamiaje que fue construido precisamente paracausar estas situaciones”. Juntoaello, postula que “esta actuación se debiese consideraryanalizar dentro del marcode la Ley Antiterrorista”, dado que, asujuicio, fue una acción concertada, con autores que manejaban un alto nivel de información técnica, estudiandoeldía, hora y lugar paracon-cretar el siniestro.
“QUEREMOS JUSTICIA”Amanda Guerra, presidenta dela ONG “Sobrevivientes Me-gaincendio del 2 y 3 de febrero”, atiende el teléfono tras el reciente velorio de las últimas dos víctimas identificadas del megaincendio, Violeta Astudisunieto, Gabriel Astudillo. llo y Guerra, quien logró reunir firmas de mil sociosenapoyo a la organización, califica el accotuar de los tres imputados mo “un ataque maquiavélico”. “Nos mataron a familias, niños, vecinos, a mascotas. Estofue un ataque macabro”, repudió lamujer, quien aquella trágicajornada perdió asutía, Teresa Sepúlveda, de74 años. La representante de los damnificados exigejusticia porsus deudos. “Necesitamos que nosrespondan, queremos just ciaportodoslos muertos. Estamos luchando porque nos den una casa digna. Este ataque to-doslos días nos va menoscaban(3 do un poco más”, expuso. Luis Cantellano. MEGAINCENDIO. “Esto es solamente la punta del iceberg”, dijo el abogado querellante, Felipe Olea. Su par; Luis Cantellano, plantea aplicación de la Ley Antiterrorista. POR SUS DEUDOS TRAS EL