Gremios piden que ajustes por emergencia no afecten a las personas y aclaran la “exención”
Gremios piden que ajustes por emergencia no afecten a las personas y aclaran la “exención” afecten a las personas y aclaran la "exención" CRISIS. Representantes de la minería y la energía respaldan la necesidad de ajustar precios, pero advierten que el impacto no debe recaer en los más vulnerables ni en la competitividad, cuestionando además las supuestas exenciones tributarias.
Cristián Venegas M. cvenegas@mercuriocalama.cl E I Gobierno anunció este lunes una serie de medidas ante la emergencia energética provocada por el fuerte aumento del precio internacional del petróleo, que hasubido cerca de 55% desde febrero debido al conflicto en Medio Oriente. Dado que Chile depende completamente de la importación de combustibles, este escenario ha presionado al alza los precios internos, afectando tanto a la gasolina como al diésel.
El Ministerio de Hacienda explicó que, si bien el mecanismo MEPCO permitió contener los precios por algunas semanas, esto generó un alto costo fiscal, unos US$220 millones a la fecha, y una brecha creciente respecto del precio real. En un contexto de estrechez fiscal, mayor deuda y menores fondos disponibles, el Ejecutivo descartó mantener esta contención de manera prolongada y optó por ajustar los precios a su nivel real. Junto con estas alzas, se anunciaron medidas focalizadas como el congelamiento del transporte público, subsidios a taxis y colectivos, apoyo a la parafina y facilidades de financiamiento. En este escenario, algunos gremios mineros y energéticos coincidieron en que este ajuste debe tener como prioridad a las personas. CEDIDA GEMINIS SCANIA CONFLICTO DE MEDIO ORIENTE GENERÓ LAS ALZAS MÁS IMPORTANTES DEL CRUDO EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS.
RESPONSABILIDAD Desde la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), gremio que aglutina a cerca de 400 empresas de la cadena de proveedores de la industria minera y energética de la región; consideran que "la emergencia mundial del petróleo obliga a actuar con responsabilidad y realizar un ajuste.
Sin duda, el alza en el precio de los combustibles tendrá un impacto directo en la actividad productiva y en regiones como Antofagasta donde la logística es clave". En este sentido, agregaron que "es fundamental que el costo del ajuste no afecte principalmente a las necesidades básicas de la comunidad.
Por esta razón, entre todos debemos aportar por el período que dure la crisis, que esperamos sea breve, sin que esto afecte o ponga en peligro la competitividad regional". NO HAY EXENCIÓN Un punto que siempre ha sido materia de controversia aclaró el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien explicó que "el consumo de combustibles en actividades productivas no goza de una exención; simplemente, por diseño técnico, este impuesto busca compensar el uso de vías públicas, las cuales la maquinaria minera no utiliza. De hecho, todo el transporte terrestre que emplea nuestro sector ya paga el impuesto específico correspondiente". El proyecto de ley actual desvirtúa esta lógica. Al aplicar un pago del 69% sobre la tasa de 1,5 UTM, la industria minera deberá aportar cerca de US$100 millones en solo seis meses. Según el propio informe financiero del Gobierno, la recaudación total prevista es de US$135 millones, lo que significa que la minería asumirá el 74% de todo el costo de la medida.
Esta medida, sorpresiva, se suma a la que el gobierno anterior realizó para financiar las cuentas eléctricas de los clientes regulados, en cuyo caso también fue la minería la que asumió, sin justificación, parte importante del montoinvolucrado. Aunque valoramos el esfuerzo por atenuar el precio de los combustibles, no es equitativo alterar un impuesto para gravar selectivamente a sectores estratégicos, afectando su competitividad.
Por lo mismo, confiamos en que la búsqueda de recursos públicos adicionales pueda orientarse hacia mecanismos que resguarden las señales económicas necesarias para fomentar la inversión y el crecimiento del país. " UNA OPORTUNIDAD Para la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Ana Lía Rojas, el escenario actual ha reabierto el debate sobre cómo enfrentar su volatilidad de los combustibles en Chile, especialmente en el contexto de las medidas adoptadas por el gobierno: "el alza reciente en los precios y la discusión en torno al MEPCO vuelven a poner sobre la mesa una tensión que como país no hemos resuelto del todo", vinculada a cómo gestionar estos precios sin distorsionar las señales económicas.
En esa línea, la ejecutiva plantea que "sincerar los precios, es decir, reflejar su costo real, no es una medida popular, pero sí es una condición necesaria para tomar buenas decisiones como sistema", advirtiendo que los subsidios generalizados terminan debilitando la inversión y retrasando la transición energética. Además, subraya que Chile destina cerca de US$15.000 millones anuales a la importación de combustibles fósiles, lo que refuerza la necesidad de orientar el consumo hacia energías más limpias y locales.
No obstante, Rojas reconoce que estos ajustes tienen efectos concretos en la población, por lo que enfatiza que "la política pública debe actuar con precisión", mediante apoyos focalizados y transitorios que protejan a los sectores más vulnerables.
En paralelo, sostiene que esta coyuntura abre una oportunidad para acelerar la electrificación, concluyendo que "no se trata solo de contener el precio de los combustibles, sino de acelerar la alternativa", en referencia al avance de energías renovables en el país. 63.