Columnas de Opinión: Gobernanza de repositorios de datos abiertos
Columnas de Opinión: Gobernanza de repositorios de datos abiertos GUILLERMO CAREY PATRICIO COFRÉ LUCAS SIERRA Probablemente, este 2026 el foco estará puesto en los datos personales y su protección. A fin de año, y después de una larga tramitación, entrará en plena vigencia la nueva ley, con agencia reguladora propia y severas sanciones en caso de infracción.
Pero la importancia de proteger los datos personales no debería hacernos olvidar otra categoría de datos, que son fundamentales para la economía y el bienestar de la sociedad: los datos “abiertos”. Como su nombre lo indica, son datos a los que puede acceder el público.
Ellos abarcan una universalidad de datos amplia, los que podrían contener datos personales, pero bajo ciertas exigencias de privacidad (por ejemplo, ser anonimizados, para que dejen de ser datos personales). Piénsese en la multiplicidad de datos que generan las distintas reparticiones de la administración del Estado. Y en Chile hay un problema porque los datos sectoriales no siempre conversan entre sí: han sido generados con ópticas exclusivamente sectoriales. Esto es un desperdicio, pues los datos no se agotan con su uso. Por el contrario, su valor crece cuando se combinan, se reutilizan y se convierten en conocimiento aplicable, máxime si es que esos datos se han generado con dineros fiscales. Hay aquí una necesidad que debiera concitar acuerdo transversal: la unificación e interoperabilidad de las bases de datos del Estado.
Sin catálogos únicos, estándares comunes, APIs seguras y calidad mínima compartida, la gestión pública seguirá atrapada en duplicidades, inconsistencias y trámites que se eternizan por falta de “un solo idioma de datos”. Un Estado interoperable responde más rápido ante emergencias, fiscaliza mejor, asigna recursos con evidencia y reduce fricción para inversión y ciudadanía. Y, además, crea el sustrato para que universidades, pymes y startups innoven sobre información pública consistente, confiable y reutilizable. Ha habido, con todo, esfuerzos por parte del Estado. Por ejemplo, se creó datos. gob. cl con el propósito de ser el portal de datos abiertos del Estado. Y, a través de Corfo, se han subsidiado iniciativas privadas de integración de datos abiertos.
Una es el Instituto para la Resiliencia ante Desastres (Itrend), que desarrolla una plataforma de “Datos para la Resiliencia”, para organizar y disponer al público, con buenos estándares, datos vinculados a riesgos de desastres: información meteorológica, geoespacial, demográfica y medioambiental, entre otras. No es solo un repositorio: es un ejemplo de cómo la estandarización y el acceso abierto pueden acelerar la investigación aplicada y entregar soluciones concretas para la gestión del riesgo. Otro caso es Conecta Logística, que impulsó su Observatorio Logístico para cerrar una brecha histórica de información en las cadenas de suministros. En esto Chile mostraba rezagos frente a estándares OCDE. Esta iniciativa busca consolidar información pública dispersa, documentarla, visualizarla y abrirla al público para acceder a indicadores sobre movimiento de carga, tiempos portuarios, distribución urbana, emisiones o capital humano. Ambas iniciativas funcionan bajo un modelo de gobernanza que permite la integración público-privada-academia. El mensaje es evidente: cuando los datos se ordenan y se abren respetando la ley, se democratiza el conocimiento, se generan capacidades en inteligencia artificial y se mejora la toma de decisiones. Pero estas experiencias, valiosas, siguen siendo islas. Lo que falta es un salto de escala: pasar del piloto a la política de Estado.
La discusión de fondo no es si “abrir o no abrir” datos, sino cómo construir un “Data Commons” chileno: una infraestructura nacional de datos segura, anonimizada, gobernada que habilite innovación local, fortalezca ciencia y tecnología, y aumente la soberanía productiva, sin caer en proteccionismos estériles. Abrir, sí, pero con reglas, licencias, estándares y trazabilidad que aseguren retorno de valor al país. En este sentido, la nueva regulación de datos personales es una oportunidad, ya que establece con más precisión la forma de operar bases abiertas usando datos personales. Establece un parámetro. Y, por otro lado, una forma bien pensada de Data Commons tampoco se contrapone con las normas de propiedad intelectual, ya que los resultados de las investigaciones siguen siendo apropiables. Lo que se busca es aumentar la cantidad de resultados generados a partir de bases abiertas. En lugar, entonces, de desviar el foco, la entrada en vigencia de la nueva ley de datos personales a fines de año es una buena razón para preocuparse de los datos abiertos. Un desafío aquí será el modo en que la nueva agencia de protección de datos personales ejecute la ley. Esa agencia deberá administrar una legislación compleja y que le da, además, importantes poderes sancionatorios.
No será una tarea fácil, pues exigirá prudencia: un delicado balance entre la protección de la privacidad de los datos personales, por una parte, y, por otra, la posibilidad de generar buenos repositorios de datos abiertos para un mayor bienestar social.. “... Cuando los datos se ordenan y se abren respetando la ley, se democratiza el conocimiento, se generan capacidades en inteligencia artificial y se mejora la toma de decisiones... ”.