Autor: JOSÉ PAKOMIO Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC)
Los municipios y el comercio ambulante
Señor Director: El comercio ambulante se desarrolla en bienes nacionales de uso público y toma ese nombre derivado del hecho de que quien lo ejerce "deambula" por la ciudad sin quedarse detenido en un lugar predeterminado.
Su fiscalización y control está entregado a las municipalidades, debiendo estas cumplir solo tres grandes obligaciones: regular este tipo de comercio estableciendo que se requerirá un permiso y que este será precario; fijar los lugares de la comuna en que se podrá ejercer, y aplicar un sistema único de registro fotográfico de quienes tienen permiso.
Así, en la CNC nos dimos a la tarea de revisar el estado de ese cumplimiento a lo largo de Chile, en específico de las 16 capitales regionales y las 52 comunas de la Región Metropolitana. Las cifras, sencillamente, son para llorar: un 47% de las municipalidades no cuenta con una ordenanza específica que regule el comercio ambulante. Entre las que sí cuentan con ordenanza, se ve un promedio de antigiiedad de 9 años desde su última actualización, donde un 36% tiene una antigiiedad de más de 10 años.
Respecto de los requisitos para otorgar estos permisos, nos alarma el hecho de que nuestro catastro arroja una baja preocupación de la autoridad municipal sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que solo un 19% exige que quien lo solicita haya, al menos, iniciado actividades ante el SIL En relación con la fiscalización de este tipo de comercio, un 72% de las municipalidades no establece expresamente los lugares en que podrá ejercerse dentro de la comuna y un 82% tampoco instaura un sistema único de registro que incluya la fotografía de quienes pueden ejercerlo.
Estos dos puntos son obligaciones que se agregaron en la Ley de Comercio Ilegal del año 2022, por lo que, a casi tres años de su promulgación, siete de cada 10 municipalidades de nuestro país no cumplen con sus disposiciones.
Se ha permitido, entonces, que el comercio ¡ legal se mezcle entre quienes sí se encuentran autorizados, que el público no sepa a quién le está comprando y que los propios fiscalizadores municipales no den abasto para controlar y erradicar el comercio que no se encuentra permitido.
Por eso, a menos de un mes de las elecciones municipales, esperamos que las nuevas autoridades recuerden sus deberes y cumplan con lo mínimo que la norma les exige, garantizando así espacios libres de las nefastas consecuencias del comercio ilícito.