Editorial: El otro impacto de Democracia Viva
Editorial: El otro impacto de Democracia Viva E Editorial casi tres años del estallido del caso Caso Democracia Viva, sus consecuencias continúan golpeando con fuerza a organizaciones sociales, culturales y comunitarias que nada tuvieron que ver con las irreguA laridades investigadas.
Lo que comenzó como un escándalo de corrupción asociado a convenios públicos derivó en una crisis de confianza generalizada hacia fundaciones y ONG, afectando directamente el financiamiento y la continuidad de múltiples proyectos sociales en regiones como Antofagasta.
El problema es profundo porque instala una paradoja peligrosa: mientras el Estado reconoce enormes dificultades para llegar oportunamente a sectores vulnerables, las organizaciones que históricamente han colaborado precisamente en esos territorios hoy enfrentan un escenario de sospecha permanente y reducción de recursos. La desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas es comprensible cuando ocurren casos graves de mal uso de fondos fiscales. La transparencia y la fiscalización son exigencias indispensables en cualquier democracia. Sin embargo, otra cosa muy distinta es extender indiscriminadamente ese cuestionamiento a todo el ecosistema de organizaciones sociales que trabajan diariamente en cultura, infancia, discapacidad, campamentos o integración comunitaria. La experiencia internacional demuestra que las democracias modernas requieren una sociedad civil robusta. Países con altos estándares de bienestar social, como Suecia, Canadá o Alemania, han fortalecido durante décadas sistemas de colaboración entre el Estado y organizaciones sin fines de lucro. Chile parece haber caído, en cambio, en el riesgo opuesto: pasar desde una supervisión insuficiente a una desconfianza paralizante. El problema es que la realidad la sufren las personas más vulnerables.
Un legítimo combate contra la corrupción no puede ser una política de desconfianza generalizada.. Otro de los daños principales que dejó el caso Convenios es que se instaló la idea de que las fundaciones son espacios inherentemente opacos o sospechosos. Un legítimo combate contra la corrupción no puede ser una política de desconfianza generalizada.