Dominga y el estancamiento
Dominga y el estancamiento E n la historia del proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria por US$ 2.500 millones, que comprende una planta de extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, es posible encontrar algunas de las claves que mantienen al país en un largo proceso de estancamiento económico, en donde las trabas para la inversión se multiplican. Basta revisar un breve cronograma para constatarlo.
En 2013, Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En febrero de 2017, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó aprobar el proyecto, pero la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo emitió una calificación desfavorable tras un voto en empate resuelto por el intendente.
En mayo del mismo año, los dueños apelaron al Comité de Ministros, que ratificó el rechazo, generando una crisis en el gobierno de Michelle Bachelet, con la renuncia de los ministros Rodrigo Valdés (Hacienda) y Luis Felipe Céspedes (Economía). Luego, en 2018, el Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor de Dominga, ordenando retrotraer el proyecto y revisar su evaluación ambiental. En 2019, la Corte Suprema devolvió la causa al Primer Tribunal Ambiental tras recursos de casación presentados por detractores. En 2021, el Tribunal Ambiental anuló la votación del Comité de Ministros y otorgó una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
En enero de 2023, los ministros de la actual administración rechazaron el proyecto otra vez, pero esta semana el Tribunal Ambiental de Antofagasta calificó esa decisión como "ilegal", ordenando que en un plazo de 15 días un nuevo comité se pronuncie.
Si bien se han argumentado razones técnicas o retrasos por trámites, es difícil no advertir que parte importante de las trabas que han detenido esta iniciativa han estado alojadas en la visión ideológica y política de determinadas autoridades; de hecho, el propio Presidente Boric, en su primer discurso como mandatario electo, anticipó su "no a Dominga". Este punto es relevante.
Estamos, en efecto, ante una iniciativa privada cuya concreción ha sido trabada, antes que por la mera permisología o por exigencias ambientales rigurosas, por la decisión de autoridades concretas que resolvieron hacer de este un punto político.
Esta constatación obliga por de pronto a moderar las expectativas sobre el potencial impacto del proyecto de ley que se discute en el Congreso para facilitar la tramitación de proyectos: reducir la "permisología" es un paso sin duda necesario, pero no será suficiente sin autoridades efectivamente comprometidas con el desarrollo. Y es que las consecuencias para nuestra economía de casos como este son directas.
Cuando los proyectos pueden enfrentar durante más de una década injustificadas trabas y decisiones contradictorias sin lograr tener claro si podrán materializarse o no, todo inversionista que evalúe la opción de Chile para desarrollar o expandir sus actividades cuestionará la solidez de nuestra institucionalidad. Se trata de un golpe reputacional que ha venido configurándose por años y en el que sin embargo parte de nuestra clase política aún no repara. Los especialistas internacionales y los propios mercados sí han venido alertando respecto del deterioro y de la incapacidad de las autoridades para revertir la tendencia.
Muestra de ello, esta semana la revista "The Economist" dio nuevamente cuenta de una caída de Chile en un ranking sobre desempeño económico de los países OCDE: a pesar de que este año el mundo tuvo un buen desempeño, nuestro país cayó cuatro puestos (del séptimo al décimo primero) al considerar crecimiento, inflación, desempleo, déficit público y mercado bursátil, saliendo del "top 10", lo que a estas alturas no debería sorprender a nadie. Tanto bajo la segunda administración de la Presidenta Bachelet como durante el actual gobierno, las dificultades para atraer inversión han sido una característica. La situación ha significado una paralización de iniciativas de todo tipo, siendo Dominga un buen ejemplo.
La consecuencia ha sido un magro crecimiento por más de una década: el 2025 determinará si la presidencia de Gabriel Boric superará a la de Michelle Bachelet (segundo mandato) como la de peor rendimiento desde el retorno de la democracia. Es preocupante que después de tan magros resultados, sus responsables no hagan reconocimiento alguno que permita augurar un cambio de rumbo. El proyecto ha sido trabado durante más de una década por la decisión de autoridades que resolvieron hacer de este un punto político..