EDITORIAL: Una sociedad civil capturada
EDITORIAL: Una sociedad civil capturada EDITORIAL EDITORIAL Una sociedad civil capturada ssuna gran paradoja el modo en que el concepto de "sociedadcivil" --en cuya esencia están las ideas de pluralismo y libertadha sido deformado por grupos de interés y "organizaciones ideologizadas que pretenden monopolizar su representación. Expresión extrema fue la Convención de 2021-2022: un puñado de movimientos radicalizados, aprovechando el desprestigio de la política y un sistema electoral que los favorecía logró dominar esa instancia para instalar sus particulares agendas. El resultado fue una propuesta constitucional elaborada supuestamente en nombre de la "sociedad civil", pero en la que la inmensa mayoría de los chilenos no podía reconocerse ni sentirse representada.
Algo similar es el fenómeno al que se enfrentan hoy cotidianamente comunidades y emprendedores en todoel país, Una institucionalidad concebida para acoger y dar respuesta a las inquietudes ciudadanas frente a proyectos de inversión, en la idea de poder mejorarestos y atenuarsus impactos, ha sido en loshechoscooptada por muchos de esos grupos, verdadera maquinaria capaz de detener iniciativas o de prolongar ad aetermun sus procesos de aprobación.
Es otra cara de la "permisología". Una no asociada a burócratas y oficinas del Estado, sino a organizaciones que se presentan como voceras de la ciudadanía, aun cuando sus acciones terminan perjudicando a esos mismos ciudadanos, Esta nueva edición de Crónica para el Futuro da cuenta de la magnitud del problema y de su impacto, con especial foco en tres sectores clave. Dos de ellos se vinculan con la transición energóti --el desarrollo del hidrógeno verde y la transmisión eléctrica fundamental para enfrentar el cambio climático, pero irónicamenteobstaculizada por grupos supuestamente comprometidos conel medio ambiente. El tercero es la industria salmonera, uno de los puntales de nuestro impulso exportador, sometida hoy a complejos desafíos.
La investigación periodística identifica organizaciones y modus operandi que se repiten, así como sus estrechas relaciones con un aparato público que recluta de sus filas a muchos de los funcionarios luego encargados de evaluar y tramitar proyectos, También, revela las consecuencias de la desaprensión legislativa, ejemplifica. daenel caso de la Ley Lafkenche, aprobada por amplísimas mayorías sin siquiera prever sus efectos.
A su vez, y aunque mucho más discutido, pocos de los parlamentarios que ratificaron el Convenio 169 dela OIT anticiparon los extremos a que daría lugar su aplicación: desde obras de infraestructura detenidas por años a la espera de consultas indígenas, hasta el caso surrealista dela extensióna La Calera del Metro Regional de Valparaíso, obstaculizada por los reclamos de una comunidad diaguita llegada a la zona más de un siglo después de que ya estuviera instalada allí la línea férrea. 'No fue para esto que se concibió la institucionalidad que regula la participación ciudadana en los procesos de evaluación gula la participación ciudadana en los procesos de evaluación gula la participación ciudadana en los procesos de evaluación gula la participación ciudadana en los procesos de evaluación gula la participación ciudadana en los procesos de evaluación gula la participación ciudadana en los procesos de evaluación gula la participación ciudadana en los procesos de evaluación gula la participación ciudadana en los procesos de evaluación gula la participación ciudadana en los procesos de evaluación de proyectos. Precisamente porello, deben cerrarse los espacios de abuso que hoy permite la legislación. Urgen reformas que acoten los tiempos para presentar reclamaciones y que aseguren su pertinencia, desincentivando la lucrativa industria del litigio que hoy opera en torno a las iniciativas de inversión. También, normativas que exijan transparencia a las organiz ciones no gubernamentales, de modo de conocer su financiamiento y sostenedores. Y, sin duda, corresponde un debate franco sobre los beneficios y costos de acuerdos internacionales cuya interpretación ha tenido alcances inimaginados al momento de aprobarse.
Se trata, en definitiva, de que efectivamente pueda prevalecer el bien de la sociedad en su conjunto y no los intereses de quienes espuriamente pretenden hablar en nombre de ella. espuriamente pretenden hablar en nombre de ella. No fue para esto que se concibió la institucionalidad que regula la participación ciudadana en los procesos de evaluación de proyectos. Precisamente por lo mismo deben cerrarse los espacios de abuso ión que hoy permite la legi: legi:.