Seremi destaca despacho a ley de propuesta que permitirá reformar el Sistema Notarial y Registral
Seremi destaca despacho a ley de propuesta que permitirá reformar el Sistema Notarial y Registral Tras más de seis años de tramitación legislativa, este martes la Sala del Senado aprobó y despacho a ley la ansiada reforma al Sistema Notarial y Registral, iniciativa que permitirá actualizar el sistema en sus aspectos orgánicos y funcionales, formando parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, permitiendo, entre otros avances, proporcionar estándares claros de transparencia; establecer procesos de selección mediante Sistema de Alta Dirección Pública; limitar el tiempo de ejercicio en el la mejora de atención de público, con el cargo a los 75 años; fijar tarifas máximas para los trámites notariales; entre otras. establecimiento de horarios obligatorios de funcionamiento, requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico van en directa relación con mejorar la calidad del servicio que se está prestando". El seremi de Justicia y DD.HH.
Samuel Navarro Castro se refirió a esta iniciativa señalando que "como Gobierno creemos que esto es un gran avance después de 6 años de tramitación y fundamentalmente lo que se busca es actualizar, transparentar y hacer más accesible a la ciudadanía este procedimiento, creemos que todo lo que tiene que ver con Finalmente, cabe mencionar que, tras su aprobación en el Congreso, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente. Características de esta ley Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.
Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir a las personas usuarias puedan reclamar a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares. Modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura. Transparencia en tarifas, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía. Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico..