EDITORIAL: Escándalo por licencias médicas
EDITORIAL: Escándalo por licencias médicas EDITORIAL Escándalo por licencias médicas n informe de la ConU traloría General dela República puso en evidencia una práctica inaceptable: más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. No settrata solo de una irregularidad administrativa, si'node un escándalo que daña la confianza pública y expo'neuna falencia sistémica que por años ha sido ignorada. Esta situación no es nueva. Es conocida, recurrente y costosa. Más de 600 millones de dólares anuales le cuesta alsistema este mal uso delas licencias médicas. Pero el daño va más allá del ámbito económico. Se erosiona la fe ciudadana en las instituciones, se afecta la productividad del Estado y se castiga directamente a quienes síutilizan este instrumento de forma legítima y necesaria. El informe identifica a cinco instituciones en la región con el mayor número deeste tipo de licencias, encabezadas por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique. Le siguen el cial de Iquique. Le siguen el Servicio Local de Educación Pública de Iquique, la Corporación Municipal de Pozo Al monte y las municipalidades de Alto Hospicio e Iquique.
Se espera que estas entidades actúen rápido e inicien investigaciones para sancioES El informe identifica a cinco instituciones en la región con el mayor número de este tipo de licencias". nar, de acuerdo con la ley, a los responsables de estas prácticas. No hacerlo solo profundizará la desconfianza ciudadana y deteriorará aún más la imagen delo pú blico. Además, otros estudios refuerzan la gravedad del problema. Según la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), las licencias médicas crecieron 131% en la última década.
Más alarmanteaúnes la naturalización de esta conducta, ya que el 48,6% de la población considera aceptable solicitar una licencia médica solo por estar muy agotado, según cifras de las Cajas de Compensación y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. El país pareceatrapado en un doble estándar, ya que mientras se condenan las irregularidades cometidas porautoridades, se guardasilencio ante abusos cotidianos quetambién socavan el sistema. La ética pública no es exclusiva de quienes ocupan cargos de poder, también implica un compromiso de parte de cada ciudadano. Chile necesita una reformaprofunda del sistema, no para restringir un derecho, sino para protegerlo.
Se debe garantizar que quienes realmente lo necesitan no sean afectados por el mal uso de otros y para evitar que estas prácticas sigan encareciendo los planes de salud y aumentando el gasto fiscal a través de Fonasa. de Fonasa..