CARTAS: LOS CABOS SUELTOS DE LA LEY KARIN
CARTAS: LOS CABOS SUELTOS DE LA LEY KARIN Señor Director: El pasado 1 de agosto comenzó a regir la Ley Karin, diseñada para erradicar el acoso laboral en las empresas y fomentar el bienestar de los trabajadores. Desde su entrada en vigencia, esta normativa ha generado una serie de controversias, evidenciando cabos sueltos en su implementación y desafios para las organizaciones.
Según datos de la Asociación Chilena de Seguridad, durante los primeros dos meses de aplicación de la Ley N21.643, se registraron casi 3 mil atenciones relacionadas con acoso laboral, laboral, sexual y violencia en el trabajo. De estas, un 81,3% correspondieron a acoso laboral, un 14% a casos de violencia en el trabajo y un 4,7% a acoso acoso sexual. Las situaciones de acoso laboral más comunes están vinculadas a conflictos entre compañeros, incluyendo hostigamiento, malos tratos y acusaciones acusaciones de comportamiento inapropiado. También se han documentado casos de acoso por parte de jefaturas, caracterizados por abuso de poder, sobrecarga sobrecarga laboral y maltrato verbal. Uno de los principales cabos sueltos radica en la redcfinición del acoso laboral. La nueva ley eliminó el requisito de la reiteración para configurarlo, configurarlo, dejando una línea delgada entre situaciones puntuales y casos de acoso real. Esto obliga a las empresas a ajustar sus procesos, lo que implica mayores mayores costos en pruebas de admisión, seguimiento de conductas y recopilación de evidencias pararespaldar pararespaldar eventuales defensas frente a denuncias. Además, la ley introduce la figura de violencia en el trabajo, un fenómeno que afecta principalmente principalmente a sectores como educación, salud y retail, donde usuarios o clientes suelen ser los responsables. La normativa exige a los empleadores implcmcntar un protocolo de prevención, siguiendo las directrices directrices de la Superintendencia de Seguridad Social. Este protocolo debe incluir Identificación de riesgos riesgos laborales, medidas de mitigación y gestión de riesgos, capacitaciones periódicas para trabajadores trabajadores y coordinadores e información continua sobre canales de denuncia. Estas obligaciones implican costos elevados, como capacitaciones, contratación de abogados tanto para asesorías como para investigación de denuncias. Para muchas Pymes, estos gastos podrían podrían ser insostenibles, amenazando su viabilidad económica. Catalina Pardo, Gerente de Apparcel Uriarte Abogados.