Autor: Roberto Gálvez y Francisco Corvalán

Colegios deberán pasar por aprobación de Mineduc y Seguridad para instalar detectores de metales
Colegios deberán pasar por aprobación de Mineduc y Seguridad para instalar detectores de metales Este miércoles se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, una normativa que, entre otras cosas, abre la puerta a la instalación de pórticos detectores de metales y otros dispositivos tecnológicos en colegios del país.
La medida emerge en medio de un clima de creciente violencia escolar tras el impacto del asesinato de una inspectora en Calama y los distintos casos de ingreso de armas y artefactos incendiarios en distintos establecimientos del país. Sin ir más lejos, durante esta jornada un alumno de octavo básico fue apuñalado por un compañero, también en Calama.
Lo más llamativo del nuevo marco legal es el que establece en su artículo 10 que los sostenedores podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, siempre que exista acuerdo de la comunidad educativa y que la medida debe ser fundada, proporcional, necesaria e idónea para prevenir delitos. Sin embargo, lejos de habilitar una implementación inmediata, la norma abre un camino regulatorio complejo que mantiene en pausa cualquier instalación inmediata. El principal cuello de botella es el reglamento que debe dictar el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, en un plazo máximo de doce meses. Sin ese instrumento, que aún no ingresa a Contraloría, los establecimientos carecen de criterios técnicos y procedimientos claros para avanzar. Entendidos en el Mineduc reconocen que la ley es amplia y que su bajada operativa será gradual. Las mismas fuentes detallan que la estrategia será "diseccionar" el reglamento y priorizar orientaciones específicas sobre detectores de metales en el corto plazo, con el objetivo de entregar certezas antes de mitad de año. La idea del Ejecutivo es mostrarse resolutivos ante la contingencia.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, admitió este miércoles que se trata de un proceso "no fácil", marcado por exigencias técnicas y resguardos legales. "No es una obligación para los colegios, sino una herramienta para aquellos que lo estimen necesario y cuenten con acuerdo de su comunidad educativa", enfatizó. Ese punto no es menor, ya que la ley no impone la instalación de pórticos, sino que la condiciona a una serie de filtros que, en la práctica, elevan el umbral de implementación.
Entre ellos, la obligación de elaborar un protocolo interno que resguarde derechos fundamentales, como la no discriminación, la vida privada y el interés superior del niño, además de incorporar criterios con perspectiva de género y mecanismos de debido proceso. Si un colegio quiere instalar un pórtico, cada protocolo debe ser aprobado por la Subsecretaría de Educación, previo informe técnico del Ministerio de Seguridad, que evaluará la proporcionalidad y pertinencia de la medida. A eso se suma la necesidad de definir quién operará los dispositivos y bajo qué condiciones. En paralelo, los sostenedores deben conseguir el respaldo de sus comunidades educativas. Por ejemplo, en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro señalan que cada establecimiento deberá definir, junto a su consejo escolar, qué medidas adoptar según su realidad territorial. Además, advierten que cualquier decisión estará supeditada a la disponibilidad presupuestaria. Ese es, justamente, otro de los nudos críticos. La ley no contempla financiamiento específico para la instalación de estos dispositivos, lo que obliga a los sostenedores a buscar alternativas en fondos existentes.
En el Mineduc, donde han insistido en que no hay presupuesto de manera general, han analizado que ante la emergencia se podrían redestinar recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) o el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), o incluso a gestionar recursos a través de gobiernos regionales. Esto podría limitar su implementación. Mientras algunas comunas se abren a evaluar la instalación de detectores, otros optan por reforzar estrategias preventivas. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, señala que no se descarta la medida, pero que por ahora se encuentra en etapa de evaluación.
En Vitacura, en tanto, la jefa del Departamento de Educación, Bernardita Undurraga, asegura que su foco seguirá estando en el trabajo comunitario y el seguimiento de casos complejos. "Hemos optado por reforzar un enfoque preventivo, basado en el trabajo cercano con los estudiantes y sus familias", agrega. Más categórico es el enfoque del SLEP Del Pino, que administra los colegios de El Bosque, Calera de Tango, San Bernardo y La Pintana, donde no contemplan avanzar en esta línea. En general, en los SLEP aguardan por directrices claras desde el nivel central. En ese servicio, como en otros, se mantiene la espera por orientaciones de la Dirección de Educación Pública y ellos, a su vez, del propio Mineduc. Desde el mundo de los sostenedores privados, en tanto, hay respaldo a la medida, aunque con matices.
El presidente de la Federación de Instituciones de Educación CURL Particular (FIDE), Pedro Díaz, sostiene que la ley llega tarde, pero que otorga un respaldo jurídico que antes no existía. "Hay que ser prácticos y tomar medidas que apunten al control de la sana convivencia", afirma, aunque advierte sobre desafíos operativos. "¿Es un educador el que se arriesgará a ser agredido al abrir la mochila?", cuestiona.
Por su parte, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, valora el avance, pero advierte que la tecnología no resolverá el problema de fondo. "Sería un error creer que con detectores de metales vamos a resolver la violencia en los colegios", afirma. Esta publicación de la ley marca un punto de inflexión en el debate sobre seguridad escolar, pero no un cambio inmediato en la realidad de los establecimientos. Sin embargo, en el gobierno hay conciencia de la presión por mostrar resultados. Por eso, la expectativa es que bordeando la mitad de este año algunos establecimientos puedan comenzar a avanzar en la instalación de detectores. "De 2026 no pasa", dicen otros entendidos. Autor: Roberto Gálvez y Francisco Corvalán. La Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas publicada este miércoles espera la aprobación de reglamentos. Los sostenedores tendrán que asumir los costos tras acuerdos de las comunidades escolares y aprobaciones del Ejecutivo. Detector de metales en Colegio Salesiano de Valparaiso.