Editorial: Enap y la fe pública en juego
Editorial: Enap y la fe pública en juego a denuncia presentada por la propia Enap ante la Fiscalía Regional, tras detectar irregularidades en la entrega de información ambiental e incumplimientos del plan de descontaminación de la Refinería Aconcagua, marca un L punto de inflexión que excede largamente al ámbito corporativo. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad de una empresa estatal, sino la credibilidad del entramado institucional que ha intentado reconstruirse, con enorme esfuerzo, después de décadas de zona de sacrificio. El plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncavíno es un trámite administrativo: es la herramienta diseñada para proteger la salud de comunidades que han convivido con episodios de intoxicación, varamientos y aire irrespirable. Si los datos que alimentan ese plan resultan adulterados o entregados con omisiones, el instrumento completo pierde sentido. Las decisiones regulatorias, las medidas de mitigación y las garantías ofrecidas a los vecinos quedan construidas sobre arena. Por eso, la respuesta institucional debe estar a la altura. La investigación de la Superintendencia del Medio Ambiente y la eventual acción penal, si se confirma la manipulación de datos, no pueden cerrarse con multas administrativas que el balance corporativo absorbe sin sobresaltos. Se requieren sanciones ejemplares, proporcionales al daño causado a la fe pública y a la salud comunitaria, así como la determinación de responsabilidades individuales en quienes validaron y reportaron esa información. Pero el caso obliga también a una mirada estructural. Chile necesita fortalecer su institucionalidad ambiental con auditorías independientes, monitoreo en línea de acceso público y verificable, y atribuciones reales para fiscalizar a empresas, sean privadas o estatales. Que una compañía del Estado haya debido autodenunciarse evidencia que los mecanismos de control externo aún son insuficientes. Las comunidades de Concón, Quintero y Puchuncaví han escuchado durante años promesas de transparencia. Llegó el momento de demostrar que la institucionalidad ambiental sirve para algo más que administrar conflictos: que es capaz de sancionar, corregir y, sobre todo, restituir la confianza perdida.
Lo contrario sería ratificar q --estos territorios, el daño ambiental sigue siendo mas parato que respetar la ley.. Si los datos que sustentan la descontaminación están adulterados, falla todo el sistema diseñado para proteger a las comunidades. E Editorial