EDITORIAL: Control biométrico de los delincuentes
EDITORIAL: Control biométrico de los delincuentes Editorial Control biométrico de los delincuentes La Subsecretaría de Interior y Agorechi están ad portas de implementar en todo el país el sistema que hoy funciona en Arica. una reunión que sostuvieron en Arica, gobernador regional Rodrigo Mundaca, ensu calidad de presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi), y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, definieron que el Gobierno hará un aporte de recursos a las distintas regiones del país, para implementar a nivel nacional el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), un conjunto de herramientas tecnológicas que ayudan a las policías a mejorar los controles migratorios y el combate a la delincuencia, principalmente la inmigración ilegal y el narcotráfico.
Aunque los términos jurídicos y financieros de este procesos serán definidos esta semana, la voluntad expresada por Monsalve y el acuerdo con Agorechi representan un paso adelante en el interés de los gobernadores por asumir un rol más activo en las medidas de prevención y seguridad pública.
El mismo gobernador Mundaca ha planteado la necesidad de ajustar las competencias de la institución que lidera para asumir una responsabilidad mayor en la definición de políticas, planes y acciones específicas asociados al combate de la delincuencia, un protagonismo que actualmente reside casi exclusivamente en la figura del delegado presidencial regional.
Sin embargo, hay voces parlamentarias que advierten delos riesgos que representa la implementación de un sistema automatizado que usa el rostro, las huellas dactilares y hasta la voz para hacer una identificación correcta de las personas que son detenidas en las fronteras o durante operativos policiales.
El más evidente e importante de esos peligros es que un mecanismo de estas características tiene un potencial invasivo sin precedentes para la vida personal de los ciudadanos, aún de aquellos que no han tenido problemas con la ley.
Por ello, los gobernadores y el Gobierno deben avanzar en esta estrategia con un marco jurídico específico y acotado, que ponga en la balanza las necesidades de persecución policial y el derecho inalienable de cada personaa tener su espacio interno sin intervenciones del Estado.
Este criterio debe quedar establecido desde el inicio, para evitar que un mal uso de estas herramientas y sus bases de datos conviertan su alcance inédito en una Puerta que más de alguien estará tentado de abrir para hacer cruzar por ella al resto de la población..