Autor: OLIVER RODRÍGUEZ

Casa de Allende: Pericias buscan verificar precio de venta y hoy TC define futuro de requerimiento contra Fernández
Casa de Allende: Pericias buscan verificar precio de venta y hoy TC define futuro de requerimiento contra Fernández Defensa de senadora y ministra autorizó diligenciassus herederos y el Gobierno. Por nuestra parte, todo el interés de colaborar.
Tanto así, queabriremos la casa del expresidente Allende para la realización de unapericia de investigación”. Son jueces (en el TC), porende, el fundamento legal debe ser siempre apegado a la Constitucióny las leyes, y la falta está clara, firmaron el contrato”..................................................................................................... PAULA VIALABOGADA DE MAYA FERNÁNDEZ E ISABEL ALLENDE.................................................................................................... RAIMUNDO PALAMARAABOGADO REQUIRENTE CONTRA MINISTRA FERNÁNDEZdefensa”. Lo anterior, debido a que el silencio de Allende y Fernández fue recomendado por su abogada, Paula Vial. Sin embargo, ayer, la representante de ambas respondió a Valencia y, de paso, confirmó que se autorizaron nuevas diligencias de la fiscalía en el inmueble. Vial sostuvo que “en relación a las declaraciones del fiscal Valencia, quiero recordar que la tarea de la abogada es definir la estrategia de defensa. Dejemos que las instituciones funcionen”. Y añadió: “Por nuestra parte, todo el interés de colaborar.
Tanto así, que abriremos la casa del expresidente Allende para la realización de una pericia de investigación”. Dichas diligencias se relacionarían a una eventual tasación del inmueble, con el objeto de comparar su avalúo con el precio que se pactó en la compraventa, superior a los $930 millones. Las pesquisas se enmarcan en la querella ingresada por el abogado Raimundo Palamara por el eventual delito de fraude al fisco contra el Presidente Gabriel Boric, y todos quienes resulten responsables.
En la indagatoria se han recopilado antecedentes desde el Ministerio de Bienes Nacionales y entre quienes han declarado se encuentra desde el subsecretario de dicho ministerio, Francisco Vergara; Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres; Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; Víctor Merino, subcontralor nacional; Denisse Hernández, exjefa de gabinete de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (a quien se le pidió la renuncia el 6 de enero a partir del caso), y Pablo Maino, jefe de División de Bienes Nacionales.
De este lista-do solo Sandoval declaró como imputada, todos los demás como testigo. n Cinco ministros votarán en el TCA su vez, la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) revisa hoy la admisión a trámite que busca que se declare la inhabilidad de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), en el marco del contrato de compraventa que suscribió con el Estado respecto del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia.
Al igual que entre constitucionalistas, al interior del TC no existe plena claridad respecto de si la prohibición de celebrar contratos, contenida en el artículo 37 bis de la Constitución, podría ser considerada una inhabilidad, dándoles la posibilidad de pronunciarse. En esta línea, en la magistratu-ra remarcan que ninguno de los ministros vigentes actualmente ha conocido un requerimiento que invoque esta materia, por lo que se trata de una situación inédita para la integración actual. La composición de la instancia también es un elemento que se tornaría clave en la decisión de la Primera Sala. Esta es encabezada por su presidenta, Daniela Marzi, y también se encuentra la ministra Nancy Yáñez, los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery, además de la ministra Alejandra Precht.
Atendido a que las dos primeras magistradas son cercanas al oficialismo y los dos ministros a ideas de la oposición, el voto de Precht, que hasta ahora ha estado más cercano al de las primeras, podría ser clave, en caso de que haya posturas controvertidas respecto de si se trata, o no, de una materia que deba conocer y resolver la magistratura de Huérfanos 1234.
De ser acogido a trámite, el requerimiento pasará a ser conocido por el Pleno de ministros y, al igual que en el caso de las presentaciones respecto del cese de funciones de la senadora Isabel Allende realizadas por diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano, se otorgarán 10 días de plazo a la parte requerida para que haga llegar su respuesta a las imputaciones.
Posteriormente, la causa puede ser recibida a prueba, otorgándose otros 15 días de plazo y luego quedaría en condiciones de ser puesta en tabla para el desarrollo de alegatos y un pronunciamiento sobre el fondo. n “No debería haber sorpresas... ”Sobre esto, el abogado Palamara, que ingresó el requerimiento junto a su par John Reid ambos militantes republicanos sostiene que la presentación cumple con los requisitos formales que exige la ley que regula el TC, por lo que, según dice, “no debería haber sorpresas”. En cuanto al fondo del asunto, sostiene “tenemos que ver cómo va a responder la parte recurrida, que es la ministra Maya Fernández, veo que tiene una muy difícil defensa, veo que se está afirmando o descansando en que tienen mayoría de jueces supuestamente en el TC pero eso no es suficiente, no olvidemos que los jueces, los magistrados, tienen que resolver conforme a derecho, a distinción de lo que eventualmente pueda pasar en una acusación constitucional que conoce el Congreso, aquí son jueces, por ende, el fundamento legal debe ser siempre apegado a la Constitución y las leyes, y la falta está clara, firmaron el contrato”. La cooperación, o no, de la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, en la indagatoria penal por eventuales delitos en la frustrada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende ha marcado el debate público en los últimos días, específicamente luego de que ambas hicieran uso de su derecho a guardar silencio ante la fiscalía la semana pasada.
Lo anterior, en el marco de la seguidilla de diligencias desplegadas por la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada por el persecutor Patricio Cooper, y que tuvo entre sus últimos hitos el interrogatorio, en calidades de testigo e imputados, de una decena de funcionarios y exfuncionarios de Gobierno, incluidas la legisladora y la secretaria de Estado. n Cruce entre fiscal nacional, Gobierno y defensaA los cuestionamientos de la oposición e incluso del oficialismo respecto de su negativa a responder las preguntas de los investigadores se sumó la opinión del propio fiscal nacional, Ángel Valencia, quien sostuvo que “el guardar silencio no es una forma de colaborar”, sino un “derecho” del investigado. Ayer, el jefe de la Fiscalía Nacional reafirmó esos dichos. Ante esto, desde el Gobierno respondió la ministra del Interior, Carolina Tohá, en conversación con Chilevisión, señalando que “el Gobierno ha colaborado entregando todos los antecedentes que se le han pedido. Pero ni yo, ni el fiscal ni nadie puede decirle a alguien cómo preparar su. La Primera Sala de la magistratura analizará si acoge a trámite la acción que busca que se declare la inhabilidad de la secretaria de Estado por suscribir el contrato. Defensa de senadora y ministra autorizó diligencias La venta de la casa que habitó el expresidente Salvador Allende