Autor: Magdalena Merbilháa Historiadora

Columnas de Opinión: Profesores que no son e ilegalidad 'maestros", egoísmo
Columnas de Opinión: Profesores que no son e ilegalidad 'maestros", egoísmo L a contralora general de la República, Dorothy Pérez ha resultado ser el bastión de la república. De hecho, ha logrado maIyor ajuste fiscal que el propio ministro de hacienda. "Ha hecho la pega" y eso es evidente. El rol de Contraloría General de la República (CGR) es asegurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, velar por la legalidad y probidad en la administración del Estado. Tras el cruce de licencias médicas del sector público y los viajes al extranjero de los mismos, quedó en evidencia el masivo fraude y robo de recursos públicos. Era extendido y generalizado usar licencias médicas pagadas por el Estado, es decir financiadas por los "contribuyentes", para extender vacaciones o generar dobles pagas. Algo que nunca corresponde. Las licencias son para los enfermos y no para los sanos. Tras el escândalo, como efecto de la fiscalización, el número de licencias ya ha bajado en un 15%, lo que doblemente evidencia que todo esto era un abuso desatado y generalizado. Reduciendo las licencias en un 20% podria significar un ahorro de $500 mil millones, lo que no es menor. Si eso se traspasa a Fonasa, implicaria un incremento del 8% del presupuesto lo que ayudaria a terminar con las listas de espera. Eso es mirar el bien común y no el particular. En su labor por evitar el mal gasto, la Contraloría también arremetió contra la huelga de funcionarios públicos, que es algo contrario a la ley. En Chile, los empleados públicos no tienen reconocido explicitamente el derecho a huelga en la Constitución. De hecho en ésta se establecen prohibiciones explícitas para ciertos funcionarios públicos, lo que ha llevado a interpretaciones de que el derecho a huelga podria existir implicitamente para aqueIlo no incluido en esas prohibiciones. Debido a esta controversia, ha tenido que ser la Contraloria General de la República quien ha dictaminado que no existe la huelga legal en el sector público. Aclarado esto, entonces, los funcionarios públicos NO tienen Derecho a Huelga en Chile. A esto se le suma que, la legislación laboral chilena, especificamente el Código del Trabajo, no regula la huelga en el ámbito público, por lo que se asume inexistente. Los profesores se fueron a huelga. Muchos de ellos de establecimientos públicos, por tanto de modo ilegal. La contraloría anunció que se les descontarian los días no trabajados, lo que es de toda justicia (darle a cada uno lo que es de propio suyol, ya que no trabajaron. Pero los profesores quieren todo, la huelga ilegal y el pago por los dias no trabajados, lo que es improcedente. Por supuesto, el Colegio de Profesores, entidad de activismo político de izquierda, brazo de la ideología comunista, acusa descuentos "arbitrarios" y amenaza que no habrá recuperación de clases si no se reembolsa el dinero.
El paro tuvo lugar los dias 4 y 5 de junio, frente a lo que la contraloria informóc "la ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia". Es asi como se procedió a descontar los dias correspondientes, a lo que en algunos casos, se sumó la paralización del 15 de mayo, también ilegal.
Frente a esto, Mario Aguilar, timonel del colegio de profesores cuestiono que los descuentos afirmando que "Esto nos parece una situación arbitraria e injusta porque se vulneran derechos que son esenciales, como es la libertad sindical, a huelga y a paralizar cuando se estan levantando demandas legitimas; que han sido reconocidos, por la propia Contraloría General de la Republica, por tribunales y que están establecido en convenios internacionales de los que Chile es firmante, por lo tanto son obligatorio". Pareciera ser que don Mario, no conoce o bien interpreta antojadizamente la ley. Los funcionarios públicos, debido a las prebendas que tienen, partiendo por ser "dueños" de sus puestos, no tienen derecho a huelga. Los profesores, protegidos de modo excesivo y arbitrario por el estatuto docente, son reales dueños de sus plazas y aunque sean malos profesores y peores maestros, no se los puede despedir. Esto ya muestra que los niños no son puestos primero, sino al final.
Hoy la amenaza del colegio de profesores de no volver a clases hasta la restitución de los dineros que legalmente están bien descontados, muestra que no sólo no les importa la ley, sino que no les importan los niños. No ponen el bien común y social primero como suelen decir, sino que son sus demandas "egoistas" y arbitrarias las que los mueven. Siempre quieren beneficiarse en lo personal olvidando que de ellos depende cambiarle o no la vida a muchos chilenos. Impresentable e imperdonable..