Transparencia en universidades no estatales: “Estamos convencidos de que no tenemos nada que esconder”
Transparencia en universidades no estatales: “Estamos convencidos de que no tenemos nada que esconder” DIERK GOTSCHLICH La información que entregan las instituciones de educación superior a la ciudadanía ha estado en medio del debate público en los últimos meses, de la mano de voces que exigen que las universidades privadas que reciben fondos del Estado también se sometan a las reglas que rigen a las estatales, que están obligadas por la Ley de Transparencia a publicar periódicamente su información institucional. Lo anterior, sobre todo luego de que se difundieran los ingresos que recibían académicos en la U. San Sebastián, lo que sumado a la crisis financiera que atraviesan distintos planteles, hizo crecer la controversia hacia cómo se utiliza el financiamiento que estos reciben.
Hoy existe consenso en abogar por la transparencia dentro de las instituciones, aunque la forma en que se ha buscado implementar ha generado discrepancias, como ocurre con el proyecto del Gobierno que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES), donde se incorpora este aspecto.
Incluido en la Ley de Presupuesto 2025 Paralelo a este debate, la Ley de Presupuestos del Sector Público de este año incorporó dos glosas que obligan a las universidades a entregar detalles sobre las remuneraciones de sus académicos y funcionarios.
En detalle, la 21 indica que “las instituciones de educación superior que se financien en todo o en parte con cargo a estos los recursos del presente programa (gratuidad), deberán remitir semestralmente la nómina anonimizada del personal académico y dir e c t i v o c o n t r a t a d o b a j o l a modalidad de planta, contrata u honorarios que, por concepto de salario, dietas, bonos, asignaciones y viáticos mensuales percibiera ingresos superiores a ocho millones de pesos mensuales”. La glosa 22, en tanto, establece que “semestralmente, el Ministerio de Educación deberá informar a la comisión especial mixta de Presupuestos y la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el detalle de las remuneraciones de cada uno de los integrantes de las instituciones de educación superior, sean estas públicas o privadas, que ejerzan labores docentes y/o de investigación”. Esto ha alertado a instituciones no estatales, que dicen estar dispuestas a transparentar su información, pero remarcan que las normas por las cuales se rigen no les permiten individualizar los salarios de sus trabajadores. rector de la PUCV desde 2022 y asumió la presidencia del G9 en junio de 2024. co, la UC del Maule y la UC de la Santísima Concepción.
Y agrega: “Hemos generado un programa en los últimos años de tener portales de transparencia en las universidades para ir informando a la sociedad lo que hacemos”. ¿Qué se ha hecho en concreto para mejorar ese acceso a la información? “Revisar toda la experiencia comparada que existe en las mejores universidades del mundo: qué hacen las universidades de los países de la OCDE en esta materia, y eso fue muy interesante, porque descubrimos que no hay un parámetro común, sino que hay buenas experiencias que se pueden ir replicando, y eso es lo que ha ocurrido”. El rector también describe que en “las nueve universidades tenemos portales de transparencia donde ponemos en conocimiento una parte muy importante de la información que la ciudadanía demanda a las universidades.
Entonces, creemos que como G9 ya tenemos un piso muy importante de transparencia hacia la sociedad”. Advierte que el sistema está regido por el Código del Trabajo Vásquez apunta que “cumplimos plenamente con todas las exigencias que la Superintendencia y la Subsecretaría (de Educación Superior) nos piden en materia de transparencia. Todos los informes financieros anuales, como los estados financieros de las universidades, auditorías externas, cambios de auditoras de acuerdo con las normas de contabilidad pública, etcétera.
Por lo tanto, nuestras situaciones financieras son de público conocimiento y no hay nada que se pueda ocultar”. El magíster en Historia asegura que no tienen “ningún problema en responder” aspectos SÉTROCOIDUALC como los que propone incorporar el proyecto del FES o la misma Ley de Presupuestos, ya que “tenemos la información para responder”. ¿Cuál sería el problema de cumplir estas nuevas exigencias, entonces? “El único punto donde hay una diferencia es que las universidades del G9 estamos regidas por el Código del Trabajo, no por el estatuto de la administración pública. Por ello, tenemos que responder a otras normas y exigencias en relación a las remuneraciones de las personas. Estamos obligados por las leyes laborales que nos rigen a mantener la confidencialidad de los datos personales de nuestros profesores y de los funcionarios de la universidad.
Todo lo demás: proveedores, venta y compra de servicios, ingresos y egresos; todo eso se puede responder sin ningún problema porque son contratos que hace la institución y es muy transparente”. ¿Qué ocurrirá al presentarse la situación que describe? “A la fecha no hemos recibido ninguna información de parte de la Superintendencia o de la Subsecretaría de Educación Superior sobre esta materia. No tenemos información sobre cómo lo están pensando ellos. Ahora, tenemos la información y ningún problema de informar materias sobre remuneraciones, pero no podemos individualizar a las personas.
Frente a eso, no hay ningún problema para generar información que ya tenemos y que les hemos transmitido a las autoridades públicas: tramos de sueldos, porcentajes, el monto más alto que se recibe... En mi universidad, por ejemplo, tenemos una sana y buena política de remuneraciones en que el sueldo más alto no puede pasar once veces el más bajo.
Eso es como en los países desarrollados”. ¿Y si la Superintendencia se pone más estricta con la fiscalización de esa norma? “En ese caso, lo que tiene que hacer el Gobierno es cambiar el Código Laboral y los preceptos constitucionales que garantizan la privacidad de los datos personales de las personas.
Cuando cambien la Constitución y las leyes laborales, no tenemos ningún problema en responder a ello”. ¿Cree que en el proyecto del FES se pueda aclarar este tema? “La pelota la tiene el Gobierno, que hizo esa indicación. Los parlamentarios se la aceptaron. La pregunta es cómo la implementan.
La implementación tiene que pasar por un marco normativo legal, y también de jerarquía legal, porque cualquiera de nuestros profesores o funcionarios nos podría demandar si entregamos un dato confidencial suyo”. De hecho, la Red de Universidades Públicas No Estatales del G9 realizó un seminario sobre este tema la semana pasada, instancia en la cual se reflexionó sobre cómo mejorar la confianza de la ciudadanía y avanzar hacia instituciones con cada vez más transparencia. En conversación con “El Mercurio”, el rector de la Pontificia U.
C a t ó l i c a d e V a l p a r a í s o (PUCV) y presidente del G9, Nelson Vásquez, dice enfático: “Somos instituciones sin fines de lucro e históricamente hemos actuado con mucha transparencia en la sociedad”, comenta, en relación con el grupo que integran otros ocho planteles: la P. Universidad Católica de Chile, la U. de Concepción, la U. Técnica Federico Santa María, la U.
Austral, la UC del Norte, la UC de Temuleyes laborales que nos rigen a mantener la confidencialidad de los datos personales de nuestros profesores y de los funcionarios de la universidad”. Estamos obligados por las Podemos entregar información sobre remuneraciones, por supuesto, y creemos que podemos aumentar nuestro umbral de información. Pero no podemos individualizar eso, no podemos dar los nombres de las personas”. Dos glosas de la Ley de Presupuestos exigen que las instituciones informen los sueldos de sus trabajadores. Para aplicarlas, el representante de los planteles tradicionales insiste en que el Gobierno tendría que cambiar la Constitución y el Código del Trabajo, que garantizan la confidencialidad de dichos datos. Nelson Vásquez, rector de la Pontificia U. Católica de Valparaíso y presidente del G9. Nelson Vásquez, rector de la Pontificia U. Católica de Valparaíso y presidente del G9 Nelson Vásquez