Incomunicación para reos por delitos graves podría aplicarse ante ciertos casos y en módulos de alta seguridad
Incomunicación para reos por delitos graves podría aplicarse ante ciertos casos y en módulos de alta seguridad "Sin perjuicio de que los esfuerzos legislativos resultan destacables, desde que denotan una preocupación por brindar protección a la vida nacional, la moción requiere ser revisada", advierte el Pleno de la Corte Suprema sobre un proyecto de ley que busca efectuar una serie de modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para contemplar la imposición de la medida de incomunicación para imputados o condenados por ciertos delitos considerados de gravedad. El análisis de la iniciativa fue enviado la semana pasada al Senado.
Esto, detalla la propuesta, con el fin de asegurar el "mantenimiento del orden público y evitar la comisión de delitos", en un contexto de aumento de la criminalidad organizada, como un fenómeno cada vez más complejo y violento en el país.
A juicio del Pleno, se debe "adoptar una política de Estado penitenciaria coherente y respetuosa de las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad" y, por ello, resulta "imperativo" una mayor reflexión sobre la proporcionalidad en la intensificación a un régimen de incomunicación total, ya que --advierte-"puede resultar lesivo del derecho a la integridad psíquica de aquellos privados de libertad, el aumento en la duración de la prohibición de las comunicaciones y la compatibilización de las medidas con el objetivo de reinserción social presente en la política al interior de los establecimientos penitenciarios". Inspiración en régimen italiano Al respecto, Francisca Werth, ex directora ejecutiva del Ministerio Público, secunda el informe del máximo tribunal, y señala que este "pondera más allá del frenesí legislativo que se da muchas veces en torno a temas como estos del crimen organizado, la delincuencia organizada o la delincuencia compleja". En esta línea, apunta que el hecho de que se sigan cometiendo delitos en la cárceles no pasa necesariamente por la incomunicación, "que vulnera varias otras garantías y puede significar un choque de frente a cualquier proceso de reinserción, sino que pasa mucho más por medidas que impidan que las personas privadas de libertad usen celulares, tengan acceso a redes sociales y se comuniquen con el exterior.
Me parece que es al revés la cosa, porque probablemente esta sensación de que la cárcel no sirve para incomunicar, entonces incomuniquemos a las personas, no es la solución". En tanto, el profesor de Derecho Penal de la U.
Diego Portales, Fernando Londoño, comenta que esta moción se inspira en el régimen italiano de cárcel dura, "que ha servido en ese país en el combate contra la muy peligrosa criminalidad organizada de tipo mafioso", aunque advierte que "un modelo semejante en nuestro país debería introducirse con importantes resguardos, para compatibilizar las exigencias de seguridad con los derechos de los imputados y condenados". Respecto de las medidas o sanciones de incomunicación considera que "deberían aplicarse sobre la base de antecedentes concretos que den cuenta del especial peligro que suponen las comunicaciones del sujeto, por su conexión con organizaciones criminales o su capacidad para dirigir o cooperar en la comisión de delitos; es decir, no deberían aplicarse `automáticamente' según categorías de delitos o grados de pena.
Deben ser aplicadas para casos muy puntuales, bajo un supuesto de inteligencia o conocimiento concreto". Sobre el punto, Tatiana Vargas, académica de Derecho Penal de la Universidad de los Andes señala que "la incomunicación total o parcial es una medid a e x t r e m a q u e a f e c t a condiciones humanas básicas y puede tener sentido frente a delitos especialmente graves y siempre que existan condiciones de peligro para la seguridad que exijan un control total y de forma limitada". "Anula posibilidades de reinserción" Y agrega que "la medida que se pretende imponer es una incomunicación interna, no solo al medio exterior, sino con internos que perjudica también la psiquis y anula posibilidades de reinserción, extremadamente grave si ni siquiera son condenados.
No veo que se base en estudios serios", y agrega que "podría ser bien empleada en cárceles de alta seguridad con condenados y siempre con fundamento de peligro serio, que no sea una razón solo formal". Los expertos también manifiestan preocupación en torno a que el proyecto incluya entre los sujetos susceptibles de aplicación a personas en prisión preventiva, es decir, que no han sido condenados.
Londoño, por ejemplo, sostiene que "si bien se comprende" lo planteado, esto "debe hacerse con especial cuidado en esos casos, porque allí los márgenes de error son mucho mayores, no habiendo pasado el hecho por una instancia de juicio". Por su parte, Werth plantea que "debe haber una ecuación que sea equilibrada entre esta capacidad de castigar e imponer una pena por un delito y la carga que una persona condenada o en prisión preventiva" recibe, y agrega que "cuando sabemos que hoy en día las prisiones preventivas son más largas (... ), me parece que es correcto cuando la Corte Suprema advierte que esto puede ser una pena anticipada". Tras esto, la exdirectora ejecutiva del órgano persecutor plantea una serie de preguntas que surgen al respecto: "¿ Qué pasa si después aparece evidencia? Como ocurre muchas veces en que el sistema se equivoca. ¿Cómo reparas el daño de haberlo tenido incomunicado? ¿ Cómo establecemos este equilibrio entre el poder del Estado para castigar y ejercer esa facultad con el respeto de ciertas garantías fundamentales?". Dudas ante hacinamiento Junto con lo anterior, surgen preocupaciones en torno a la capacidad del sistema penitenciario, pues su ocupación se encuentra en niveles críticos.
Al respecto, Werth sostiene: "Hoy en día en Chile lo único que tenemos es hacinamiento, celdas compartidas por muchas personas, y me pregunto en qué cárcel se podría aplicar un régimen de incomunicación a todo imputado o condenados por ciertos delitos.
Eso requiere una inversión, que también lo menciona el informe, y una infraestructura que no tenemos y no vamos a tener en los próximos años". Expertos comparten reparos de la Suprema en informe sobre proyecto de ley en trámite: Incomunicación para reos por delitos graves podría aplicarse ante ciertos casos y en módulos de alta seguridad ALEJANDRA ZÚÑIGA Junto con plantear reparos desde el plano de la falta de infraestructura, llaman a la "cautela" en su aplicación en imputados, ya que podría ser una "pena anticipada". TRÁMITE El proyecto de ley en análisis fue presentado por legisladores de la UDI y se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. Entre sus observaciones, el Pleno de la Corte Suprema destacó que la iniciativa "obedece a una respuesta contra la organización criminal y los delitos violentos cada vez más insurgentes en el contexto social". CÉSAR SILVA..