Autor: EDUARDO CANDIA

Fraude al fisco, entre posibles delitos: Dirección de Arquitectura porteña, en foco de causa penal tras incendios de 2024
Fraude al fisco, entre posibles delitos: Dirección de Arquitectura porteña, en foco de causa penal tras incendios de 2024 Por ahora, dos de los cinco informes de Contraloría que identifican irregularidades en la gestión de recursos públicos tras los incendios en la Región de Valparaíso, de 2024, son analizados por el Ministerio Público. Aunque no se descarta ampliar las pesquisas.
Y el foco de la indagatoria recientemente abierta está en la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La razón: pagos “indebidos” o “no acreditados” asociados a demoliciones en el contexto de la emergencia, que no se realizaron o se ejecutaron parcialmente. O bien, porque existieron anomalías en la adjudicación de estos trabajos, así como sobreprecio, de acuerdo con las auditorías. Se trata de pesquisas que fueron confirmadas por el director Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos: “Se habla de cinco informes de la Contraloría, hasta el momento hemos recibido dos.
Estamos manteniendo los contactos y canales con ellos (el órgano fiscalizador) para poder hacernos de los otros tres restantes”. Los informes corresponden a los Nos 500 y 805, ambos de 2025. n Hechos revisten carácter de delito, según fiscalía En las auditorías recibidas se observaron “determinaciones, cuentas y fiscalización a la Dirección Regional de ArquitectuNOTA ra de Valparaíso en razón, particularmente, a los procesos de contratación y pago de servicio en cuanto a la demolición de viviendas siniestradas”. Los reportes detallan “un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en contratación y control interno”. También, pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos”, según informó el órgano contralor esta semana. Igualmente, las auditorías hicieron reproches a la Delegación Presidencial de Valparaíso, la Municipalidad de Viña del Mar y a la de Quilpué. Campos agrega que “la Contraloría y así lo consideramos nosotros (hace) observaciones graves (... ), porque eventualmente y aquí pongo el acento de la eventualidad está comprometido el perjuicio o daño fiscal.
Y estamos hablando a lo menos, si yo hago sumas entre ambos informes de la Contraloría que hemos recibido (... ), de alrededor de $1.100 millones”. A su vez, dice el directivo de la Fiscalía Nacional, “son hechos que revisten carácter de delito, pero no estoy diciendo que lo fueran a secas”, porque, explica, será la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso y los tribunales de justicia los que determinarán si hay o no ilícitos. n ¿ Qué investigar? Del eventual fraude al cohecho Para Campos, “() la experiencia indica que en este tema, de hechos lamentablemente similares (... ), por ejemplo, uno indaga, entre otros, delitos funcionarios y si hay perjuicio fiscal pareciera ser que podría ser un fraude al fisco”. En ese sentido, puntualiza: “En este tipo de circunstancias uno puede estar oscilando entre fraude al fisco, (... ) la administración desleal, entre otros”. Expertos consultados coinciden en términos generales con el abogado.
Así, la profesora de Derecho Penal de la U. de los Andes Tatiana Vargas afirma que “el informe 805/25 evidencia más de $400 millones asignados a demoliciones derechamente no realizadas, que pueden suponer alguna forma de fraude fiscal o alguna forma de malversación de caudales públicos, según la clase de engaño cometido por funcionarios públicos que causan un perjuicio para el patrimonio del Estado”. Ahora, recuerda: “Los eventuales fraudes exigen acreditar formas de engaño, además del perjuicio patrimonial”. “Similar análisis se puede hacer respecto del informe 500/25 con los pagos no acreditados de demoliciones, pero además aparecen antecedentes irregulares en adjudicaciones que pueden dar mérito a investigaciones por posibles hipótesis de cohecho, incluso entre particulares para favorecer la contratación de oferentes por sobre otros”, advierte la académica.
A su vez, el exfiscal Vinko Fodich plantea que si los hechos denunciados por la Contraloría “llegasen a comprobarse, que efectivamente se pagó por servicios no prestados, puede configurar dos delitos”. “El primero y más evidente sostiene el de fraude al fisco, que lo cometen todos aquellos que hayan participado en el hecho, ya sea directamente o facilitando los medios para que esto ocurra, para que se paguen dineros por servicios no prestados”. El segundo es el de “malversación de caudales públicos, pero ese delito solo lo comete la persona que tiene directamente por ley la administración de los fondos, que habrá que determinar, entonces, quién es esa persona”. n De existir ilícitos, responsables arriesgan penas de más de cinco años de cárcel ¿ Posibles penas? Fodich dice que “son delitos graves que hoy están sancionados con presidios que parten de los cinco años y un día hacia arriba y que, por lo tanto, no tienen pena sustitutiva.
Es decir, son delitos que en el caso de comprobarse pueden significar cárcel con cumplimiento efectivo”. Mientras que el penalista Alejandro Espinoza cree que “los hechos revelados en el informe de la Contraloría (... ) son de la mayor gravedad, pues a la negligencia y lentitud con que las autoridades han enfrentado esta tragedia, ahora se suman hechos que en principio son constitutivos de fraude al fisco.
Las víctimas doblemente golpeadas; primero, obra del incendio, a lo que se suma que los recursos públicos que deberían ir en su ayuda terminen malversados”. Sobre las sanciones penales, concuerda: “En principio, fraude al fisco, que tiene pena de crimen, que puede llegar perfectamente a los 10 años de presidio, dependiendo del monto defraudado”. Si bien el director Anticorrupción de la Fiscalía Nacional entrega un matiz, llega a la misma conclusión: “En general, el Código Penal establece que al respecto de las penas del fraude al fisco estas van morigeradas o su quantum está determinado por el monto del perjuicio”, como se trata de “cifras millonarias, que conllevan penas de crimen, estamos hablando de penas que sobrepasan los cinco años y un día”. Autor: EDUARDO CANDIA. A la repartición dependiente del MOP se le atribuyen “pagos indebidos” por demoliciones asociadas a la emergencia que no se realizaron o que se ejecutaron parcialmente. También, anomalías en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos de estas. Contraloría identificó irregularidades que comprometen recursos públicos por $1.100 millones Auditorías. Las auditorías realizadas por el órgano contralor también detectaron irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.