Dominga: nuevo capítulo
Dominga: nuevo capítulo La decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de anular el rechazo que sufrió el proyecto minero-portuario Dominga por parte del Comité de Ministros en enero de 2023, ha vuelto a reflotarcomo era de esperarse un intenso debate sobre el futuro de la inversión y la protección del medio ambiente en nuestra región.
Con una decisión unánime, el tribunal ha reactivado la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de esta iniciativa, lo que abre la puerta nuevamente a un nuevo capítulo en la historia de este proyecto que ya cumple 11 años. Sin embargo, más allá del desenlace final, lo que realmente debe preocuparnos es la salud de nuestra institucionalidad ambiental y como ello, repercute en la inversión. Y es que una correcta aplicación de las normativas ambientales es fundamental no solo para resguardar nuestros ecosistemas, sino también para brindar certezas a los inversionistas. La confianza en las instituciones es la columna vertebral de cualquier economía que busca crecer de manera sostenible.
La ambigüedad o inestabilidad en las decisiones sobre proyectos como Dominga, sumado a una constante judicialización, puede enviar señales confusas a aquellos que desean invertir en la región, afectando no solo los flujos de capital, sino también el desarrollo económico local. Por lo tanto, es crucial que nuestros organismos reguladores actúen con transparencia y rigor, garantizando que cada decisión esté fundamentada siempre en criterios técnicos y científicos sólidos, dejando de lado cualquier otro tipo de intromisión. Sin duda que la sostenibilidad ambiental no debe ser vista como un obstáculo para la inversión, sino como un componente esencial que puede atraer proyectos alineados con un desarrollo responsable y duradero.
A su vez, nuestras autoridades no deben olvidar que su actuar y toma de decisiones debe basarse en aquellos aspectos técnicos y científicos validados, precisamente, por la propia institucionalidad ambiental que el mismo país se ha dado. Eso es justamente lo que se solicita en este caso y es lo que el Consejo de Ministros deberá hacer en un plazo máximo de 15 días tal como lo estableció el Tribunal Ambiental. Dominga: nuevo capítulo Nuestras autoridades no deben olvidar que su actuar y toma de decisiones debe basarse en aquellos aspectos técnicos y científicos validados, precisamente, por la propia institucionalidad ambiental. EDITORIAL. - -