Suprema ratifica prisión preventiva de abogadas acusadas de integrar red de corrupción en Los Angeles
Suprema ratifica prisión preventiva de abogadas acusadas de integrar red de corrupción en Los Angeles Prensa La Tribuna prensa@latribuna.cl L a Corte Suprema resolvió este viernes mantener en prisión preventiva a las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, tras rechazar el recurso de amparo presentado por sus defensas ante la Corte de Apelaciones de Concepción, con el que buscaban revertir la medida cautelar.
La decisión ratifica lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles el pasado 12 de marzo, instancia en la que -luego de varios días de alegatosambas fueron formalizadas junto a otros dos imputados "por los delitos de tráfico de armas, soborno, acceso indebido al sistema de información y otros en relación con una causa seguida por delitos de corrupción en la ciudad de Los Angeles", explicó Francisco Soto Donoso, asesor jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble. "Con este pronunciamiento del máximo tribunal, dichas resoluciones quedan firmes, manteniéndose ambas imputadas en prisión preventiva mienO tras se desarrolla la investigación", confirmó Soto.
La indagatoria, que se ha extendido por años, apunta a la existencia de una presunta red de funcionarios que habría operado de manera coordinada entre 2017 y marzo de 2025, con el objetivo de intervenir el normal funcionamiento del sistema de justicia en la comuna.
UNA ESTRUCTURA CONSOLIDADA Según los antecedentes de la investigación encabezada por la fiscal regional de Nuble, Nayalet Mansilla Donoso, durante ese periodo las abogadas habrían establecido vínculos con distintos actores claves dentro del sistema judicial angelino para obtener ventajas indebidas en causas penales.
Entre los involucrados figura el funcionario del tribunal Nelson Sáez Reyes, encargado de actas, quien -según la investigaciónhabría sido persuadido para facilitar la gestión interna y coordinar las audiencias de las abogadas con una magistrada en particular, también imputada en la causa, con quien habrían C actuado de manera coordinada y que, de acuerdo con los antecedentes, "fallaba a favor de sus intereses". En paralelo, la Fiscalía sostiene que la red se amplió con la participación del exdefensor penal público de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado esposo de Cortés-, y con "un fiscal de Los Ángeles", quienes habrían permitido el acceso a información reservada desde los sistemas informáticos de la Defensoría Penal Pública y del propio Ministerio Público.
Este acceso irregular habría sido clave para anticipar diligencias, conocer el estado de investigaciones y ajustar estrategias de defensa en favor de sus clientes, varios de ellos vinculados -según la indagatoriaa delitos de tráfico de drogas, armas e incluso sicariato. FORMALIZACIÓN Y ANTECEDENTES CLAVE El caso tomó mayor visibilidad en marzo de 2026, cuando se desarrolló la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles. En esa instancia, la Fiscalía presentó una serie de antecedentes, entre ellos audios de WhatsApp comprometedores y registros de acceso a plataformas institucionales, que -a su juicioevidencian una coordinación sostenida entre los imputados. De acuerdo con lo expuesto, las abogadas no solo accedían a información confidencial, sino que además advertían a sus clientes sobre diligencias KO reservadas de la Fiscalía y las policías. También les instruían utilizar teléfonos antiguos para evitar interceptaciones y eliminar evidencia de sus dispositivos.
Entre las estrategias detectadas, se menciona incluso la construcción de una falsa cooperación eficaz para beneficiar a un imputado, además de la entrega de antecedentes falsos a fiscales en el marco de distintas investigaciones. "El servicio laboral que venden es la impunidad a toda costa. Se convierten en parte de la banda delictual", señaló en audiencia el fiscal Sergio Pérez Nova., apuntando a que el rol de las abogadas excedía el ejercicio legítimo de la defensa.
Tras la formalización durante las primeras semanas de marzo, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para las dos abogadas y el exdefensor, argumentando la gravedad y reiteración de los delitos, además del peligro para Francisco Soto Donoso, asesor jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble. REF la seguridad de la sociedad. En tanto, el funcionario judicial Nelson Sáez Reyes quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados. Con el reciente fallo del tribunal de alzada, Cortés y Romero continuarán privadas de libertad, mientras la investigación sigue en curso. PRÓXIMOS PASOS La indagatoria aún no está cerrada. La Fiscalía mantiene abiertas líneas investigativas respecto de otros involucrados, entre ellos una magistrada y un fiscal, cuyas eventuales formalizaciones dependen de la resolución de querellas de capítulo presentadas ante la Corte de Apelaciones.
El caso, que ha tensionado al sistema judicial local, sigue avanzando con nuevas diligencias, en un proceso que busca esclarecer el alcance de una red que -según el Ministerio Públicooperó durante años desde dentro del propio sistema de justicia. "Con este pronunciamiento del máximo tribunal, dichas resoluciones quedan firmes, manteniéndose ambas imputadas en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación". MEDIDAS CAUTELARES Y SITUACIÓN DE LOS IMPUTADOS.
El tribunal rechazó el recurso de amparo y confirmó la cautelar más gravosa en una investigación que reconstruye, desde 2017, una presunta estructura para manipular causas judiciales mediante acceso a información reservada y coordinación con funcionarios en áreas clave del Poder Judicial local. "Con este pronunciamiento del máximo tribunal, dichas resoluciones quedan firmes, manteniéndose ambas imputadas en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación". MEDIDAS CAUTELARES Y SITUACIÓN DE LOS IMPUTADOS LA FISCALÍA REALIZA esta investigación con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Nuble.