Las mujeres que lideran la toma de San Antonio
Las mujeres que lideran la toma de San Antonio lizabeth Rivera (38) supo una noche de 2019, a través de redes sociales, durante el estallido social, quese estaban tomando el cerro Centinela. Ella, una vendedora de zapatos a domicilio, separada, con dos hijos adolescentes a cuestas, se las arreglaba para llegar a fin de mes con ese oficio y la pensión de alimentos. Cuando el negocio dejó de serrentable, el arriendo de 300 mil pesos que pagaba por una casa de materiales ligerosen Cartagena la dejaba sin más plata para vivir.
Esanoche vioenun grupo de Facebook que esos terrenos arriba en el cerro, ese lugar que primero fue un bosque y luego un peladero, que solo tenía antenas y una estatua de la Virgen en su cumbre, pero que contaban con una amplia vista panorámica al mar y a San Antonio sin obstrucciones, estaba siendo tomado. Rivera lo vio como una oportunidad. Poreso, llegó en auto al sectorde Vista Hermosa. Ya había ocho familias allí. Le dijeron qué lugar estaba libre. Puso una carpa y empezó a construir una casa. La mujer dice que fue hecha con materiales reciclados, como palos que había en el lugar, o planchas de zinc regaladas. Con el retiro de los 10% de las su hogar actual. AFPrecién pudo darle formaa El problema es que ese terreno tenía due-ños. Estaba inscrito a nombre de la Sociedad Inmobiliaria y Constructora San Antonio, cuyos representantes legales son los empresarios Esteban Solari y Ricardo Posada. Este último, un empresario inmobiliario, agrícola y exdirector de la Cámara Chilena de la Construcción. La propiedad era de gran envergadura: conuna superficie total de 254 hectáreas, posee el equivalente a todo el triángulo histórico del centro de Santiago, desde la Plaza Baquedano hasta la Panamericana. La primera dificultad fue el terreno tomado, que los mismos vecinos de Rivera califican como “arenoso”. Además, abundan las quebradas, los árboles y troncos de eucaliptos. Poreso, bautizaron su sector como “El Bosque”. El ambiente de ese 2019 fuealgo que impulsó este fenómeno de apropiación ilegal en la región. De acuerdo a datos del Minvu, sien Valparaiso el 2019 habi a181 asentamientos irregulares, en 2022 ya eran 255. Es la region con el mayor aumento del periodo, con un 41% de alza. Esosí, hay discrepancias sobre esos primeros días de la toma. A unos 500 metros de allí, atravesando un bosque de eucaliptos, Verónica Morales (40) también levantó su casa. Llegó de Quilicura con su pareja en 2019, porque un conocido les dijo que “estaban cediendo terrenos en SanAntonio”. -Llegamos a una reunión y había una persona llamada Luis Medel. Él nos dijo que estaban construyendo con compromiso de compra, queel propietario iba a vender y que él nos estaba ayudando a ver el tema de las calles, cuánto medía un pasaje. Él nos estaba ayudando con respecto a la planificación del campamento. Rivera también dice que Medel intentó venderles terrenos. Los abogados de Solari y Posada, del estudio Kandora y Cía., los representan desde el año 2022. Explican que Luis Medel fue un empleado de la empresa dueña de los terrenos. Pero que no trabaja ahí desde 2020. Además, descartan absolutamente que Medel haya estado vendiendo paños o quellamara a la gente a tomarse el lugar. Otras complejidades aparecieron y perduran hasta hoy: se tuvieron quecolgar de la red eléctrica ilegalmente. Hasta hoy no hay alcantarillado y se abastecen de agua potable a través de camiones aljibe. También nació una especie dejunta vecinal para tener representantes. A Rivera la nombraron presidenta. La mujer recuerda que estaban eneso, cuando llegó la primera orden de desalojo. Era enero de 2023. Lo supieron através de las noticias. -Las conversaciones con los dueños ibanbien. Nunca se nos pasó por la cabeza esa demanda.
Esa noche, dice Rivera, se instaló una inquietud en todos losgrupos de WhatsApp dela comunidad: “Teníamos miedo de que nosecharan después de todo este trabajo”. Perder el sueño La noticia de que la toma del Centinela crecía y crecía comenzó a ser un tema en la comunidad de San Antonio. Empezaron las reuniones con el alcalde Omar Vera -exradical, hoy independiente apoyado por Chile Vamosen mayo del 2020, quien se mostró en contra de la toma.
En febrero del 2020, él declaró a Radio Bío Bío que le solicitó a la Dirección de Obras Municipales que notificara el desalojo, ya que eran terrenos que no estaban urbanizados ni tenían servicios básicos, y que solucionar eso iba a ser “un tema de largo aliento”. Lo otro: recalcó que para que se desalojara el terreno, los propietarios debían ejercer acciones legales. Eso demoró dos años. En enero de 2023, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio puso un recurso de protección en la Corte de Apelacionesde Valparaíso. Allíexponían que el terreno fue loteado y tomado, y queel MOPdesistió de expropiar el 37% del lote porque el municipio aún no sacaba las tomas del lugar. Mientras avanzaba la acción legal de los dueños, Rivera y el resto de las comunidades supieron que debían organizarse para contrarrestarla. Verónica Morales ya encabezaba una comunidad en el sector bautizado como “Fuerza Guerrera”, al estede la toma. Allí, también conocieron a Susana Carvallo (62), una mujer que llegó en 2019 desde Peñalolén. Ella y su marido quedaron cesantesen el estallido social y no pudieron pagar más arriendo. Con el tiempo, se convirtió en dirigente en el sector Centinela, en medio del cerro. Rivera dice que, en conjunto con otras dirigentas, empezaron a investigar sobre el lote donde estaban. También recuerda algo más: la exalcaldesa Constanza Lizana (ex FA) también los visitó. La edil, que asumió en 2021, mantuvo públicamente una postura en la que defendió la toma.
En marzo del 2024 declaró a Cooperativa que, a pesar de que la toma no está urbanizada, “sí tiene una especie de ordenamiento que la hace menos caótica que otros campamentos”. En marzo del 2022, la toma entró al Registro Nacional de Campamentos. Comenzó el contacto formal con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La delegada presidencial provincial de San Antonio, la arquitecta Carolina Quinteros, explica algunas cosas sobre la conformación de la toma. -Deacuerdo al catastro, el 75% sonchilenos. Muchosson oriundos de Cartagena y San Antonio. El 30% son niños. Y son del 40% más vulnerable socioeconómicamente. Ganan el sueldo mínimo. Y hay un 8% que tiene registrada una segunda vivienda. Peroeso también tiene que ser revisado: hay gente que pudo haber ganado un subsidio, seseparó y yano vive en esa casa, por ejemplo. Desde el Centro de Estudios de TECHOChile exponen algo: en la megatoma de San Antonio viven 4.722 familias y más de 12 mil personas. Es el campamento más grande del país y superó al del año pasado: el Alto Molle, en Alto Hospicio. Las mujeres explican algo más dela conformación de la toma: es difícil unificar tantas posturasentre gente tan diversa. Por eso es que la organización derivó en una estructura más bien horizontal: no hay una sola líder que tome todas las decisiones. Esto pesó más adelante. El 24 de marzo de 2024, la Corte Suprema dio un plazo de seis meses para el desalojo del lugar. Eso puso presión a los habitantes de la toma: tenían que decidir pronto, entre todos los comités, qué hacer: siseguir pidiendoque el Minvu comprara el terreno o buscar otra solución. Enseptiembre de ese año, por sugerencia del Minvu, apareció la idea de comprar el terreno colectivamente a través de una cooperativa. Sino llegaban aunacuerdo, el6 bre debían partir. Rivera sabía que existían posturas muy distintas ahí. -Hay un 10% que pide radicar los campamentos a toda costa. Son más que nada del lado comunista y anarquista, que van por la lucha, la manifestación propiar. El 1 de diciembre, el plazo del desalojo se extendió una vez más hasta el 31 de enero de este año. Por eso el ministro Carlos Montes pedía más tiempo para un acuerdo. El 18 de febrede noviemy que el Estado tiene queex-ro fue cuando todo estalló: la Corte de Valparaíso fijó el desalojo para el 27 de febrero. Es decir: quedaban nueve días para llegara un trato con el dueño del terreno y, además, para acordar la forma en que los vecinos de latoma actuarían. Esa noche, dice Rivera, no pudo dormir.
El destrabe Susana Carvallo del cerro Centinela, dice que lo que provocó la demora en el acuerdo fueron esos grupos más radicales. -Hay gente en el campamento que siempre ha pensado que el Estado esta en deuda con ellos y les tiene que regalar los terrenos. Por eso, al principio, se negaron a la posibilidad de pagar por el terreno. Y a la fecha, ellos siguen pensando que el Estado les va a regalar el terreno a través de la expropiación. La indecisión de los dueños, las noticias que anunciabanel fin de latoma y lo largo del proceso fue mermando la salud mental en la toma. Carvallo dice que fueron días duros. to, que está dentro de un área urbana y tiene posibilidades de urbanizarse. En la premura por llegar al acuerdo volvió a aparecer la idea de una cooperativa: una estrategia antigua que se usa poco, explica Maira, dado que funciona distinto a un subsidio. El mecanismo, explica ella, dejaría como dueños a los actuales pobladores de la siguiente forma: se tienen que agrupar en cooperativas. Cada una tendrá, en promedio, unos 200 jefes de hogar inscritos, con un terreno delimitado para cada uno. Esacooperativa inscribirá el lote que corresponde al total de los terrenos de esas 200 casas. Luego, comienza el proceso de compra: con el valor del terreno en mano, se le asignará un precio proporcional a la superficie que pretende cada cooperativa. Así, cada cooperativa deberá conseguir por su parte un crédito hipotecario conelbanco. “Seestá gestionando quelos créditos sean a través de BancoEstado o Coopeuch”, explica la delegada Quinteros.
El pie para ese crédito se logra, enseña Mai-Tres jefas de hogar que decidieron tomarse un terreno se enfrentaron a un gran problema: organizar una toma de cuatro mil familias para, todos juntos, comprar un terreno. 11 plan resultó. Y aunque el acuerdo es valorado por el gobierno, tiene puntos que, según expertos, se van a complicar en el tiempo. Por Juan José Leyton y Gianluca Parrini, desde San Antonio Fotos: Dedvi Missene-Uno se levantaba y se acostaba pensando enel desalojo. El ministro Montes designó a laexsubdirectora del Sernam Gloria Maira como delegada ministerial en la megatoma. Participó en las mesas con las dirigentas. Ella les tuvo que aclarar algo. -La opción de queel Estado comprara el terreno no era posible. El precio de los dueños hace un año era $ 52 millones de dólares. No tenemos ese presupuesto. Según los abogados de los dueños del lugar, ese precio está acorde al precio del mercado, considerando la cercanía del terreno al puer-ra, con el dinero de cada uno de los miembros delacooperativa. Mensualmente, cada jefe de hogar de las cooperativas se comprometerá a pagar un monto de dinero. Rivera, por ejemplo, estima que los de su cooperativa aportarán $100 mil mensuales. En un plazo de seis meses, entotal, esperan reunir $ 200 millones solo en la Cooperativa El Bosque. Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, dice que esta idea de las cooperativas no va a resultar. Además, prevé que esto abra la puerta para que más personas hagan lo mismo que los vecinos del Centinela.
Elizabeth Rivera (38), dirigente de la villa El BosqueSusana Carvallo (68), dirigente del sector Cerro Centinela-Siel gobierno no trabaja en un plan urgente de un desalojo no violento y que de soluciones de emergencia alas familias, estose va aseguir dilatando para el pro ximo gobierno. Y eventualmente va a generar un precedente para que otras tomas exijan lo mismo. El humo blanco salió del edificio del Minvuel 24 defebrero: los dueños acordaron venderel terreno y los pobladores decidieron que iban a seguir el modelo de cooperativas. Y se suscribió quese iba a formar una comisión técnica entre las partes, “quereportará alas parde venta del terreno, tessobre las condiciones precio y garantías”, decía el comunicado del ministerio. Si bien Rivera no estaba presente en ese momento, y estaba en San Antonio, sintió un pequeño alivio: ya había un acuerdo firmado. Lo que le molestó fue lo que encontró al revisar sus redes sociales después del acuerdo. Los trataban mal. Decían que se estaban aprovechando. Ella no lo ve así. -Nosotros no somos delincuentes. Somos la clase media olvidada. Acá hay de todo. Técnicosen calefacción, técnicos en informática. Mi hijoes mecánico industrial. También hay empleados públicos. Incluso, hay carabineros viviendo.
Lo que dice tiene asidero: al hacer un cruceentre una lista de habitantes de la toma que aparece en el tomo del recurso de protección con la información del Portal de Transparencia del Estado, aparece que al menos tres exempleadas públicas viven en la toma: una exauxiliar del Servicio de Salud de la Municipalidad de San Antonio, una exempleada de la Corporación Municipal de Quinta Normal y una extécnico de atención clínica del Hospital San José. Una vez que la cooperativa se adjudique el terreno, dice Maira, comienza un proceso de loteo, inscripción y urbanización. Cuando eso termine, los terrenos dejarán de ser un campamento y pasarán a ser un barrio. Maira comenta queella lista alrededor de 60 dirigencias en el campamento. Aún así, dice, hay un gran desafío por delante: no todo el cerro está cooperativizado. -Se han conformado 16 cooperativas. Pero de las cuatro mil familias, alrededor de 3.200 forman parte de una cooperativa. Aún no sabemos qué va a pasar con las familias disidentes. Hay queir viéndolo. Carvallo celebra el acuerdo. -Ahora nos levantamos pensando en conformar las cooperativas y nos acostamos pensando en conformar las cooperativas. A Rivera y al comité de El Bosque aún les molesta cuando la gente les dice que se saltaronla fila al asentarse en un terreno que noera suyo. Entre todos reiteran para sí un discurso. Uno que, ahora, repite Carvallo. Primero dice: -Sabi a que no era mi o, pero tenia la conviccio n de queloibaa comprar. Era ilegal, obvio, el terreno tenia duen o. Pero yo pensaba que él lo iba a vender. Y concluye: -Hay comités que llevan 20 años sin solución. Y nosotros fuimos valientes en venir, luchar, pasar las inclemencias del tiempo y vivir sin alcantarillado. Todo porque estábamos convencidos de que nos iban a dar la posibilidad de comprar el terreno. Y lo hicimos.
O. Al 2025, es la más grande de Chile. de Las mujeres que lideran la toma de San Antonio lizabeth Rivera (38) supo una noche de 2019, a través de redes sociales, durante el estallido social, quese estaban tomando el cerro Centinela. Ella, una vendedora de zapatos a domicilio, separada, con dos hijos adolescentes a cuestas, se las arreglaba para llegar a fin de mes con ese oficio y la pensión de alimentos. Cuando el negocio dejó de serrentable, el arriendo de 300 mil pesos que pagaba por una casa de materiales ligerosen Cartagena la dejaba sin más plata para vivir.
Esanoche vioenun grupo de Facebook que esos terrenos arriba en el cerro, ese lugar que primero fue un bosque y luego un peladero, que solo tenía antenas y una estatua de la Virgen en su cumbre, pero que contaban con una amplia vista panorámica al mar y a San Antonio sin obstrucciones, estaba siendo tomado. Rivera lo vio como una oportunidad. Poreso, llegó en auto al sectorde Vista Hermosa. Ya había ocho familias allí. Le dijeron qué lugar estaba libre. Puso una carpa y empezó a construir una casa. La mujer dice que fue hecha con materiales reciclados, como palos que había en el lugar, o planchas de zinc regaladas. Con el retiro de los 10% de las su hogar actual. AFPrecién pudo darle formaa El problema es que ese terreno tenía due-ños. Estaba inscrito a nombre de la Sociedad Inmobiliaria y Constructora San Antonio, cuyos representantes legales son los empresarios Esteban Solari y Ricardo Posada. Este último, un empresario inmobiliario, agrícola y exdirector de la Cámara Chilena de la Construcción. La propiedad era de gran envergadura: conuna superficie total de 254 hectáreas, posee el equivalente a todo el triángulo histórico del centro de Santiago, desde la Plaza Baquedano hasta la Panamericana. La primera dificultad fue el terreno tomado, que los mismos vecinos de Rivera califican como “arenoso”. Además, abundan las quebradas, los árboles y troncos de eucaliptos. Poreso, bautizaron su sector como “El Bosque”. El ambiente de ese 2019 fuealgo que impulsó este fenómeno de apropiación ilegal en la región. De acuerdo a datos del Minvu, sien Valparaiso el 2019 habi a181 asentamientos irregulares, en 2022 ya eran 255. Es la region con el mayor aumento del periodo, con un 41% de alza. Esosí, hay discrepancias sobre esos primeros días de la toma. A unos 500 metros de allí, atravesando un bosque de eucaliptos, Verónica Morales (40) también levantó su casa. Llegó de Quilicura con su pareja en 2019, porque un conocido les dijo que “estaban cediendo terrenos en SanAntonio”. -Llegamos a una reunión y había una persona llamada Luis Medel. Él nos dijo que estaban construyendo con compromiso de compra, queel propietario iba a vender y que él nos estaba ayudando a ver el tema de las calles, cuánto medía un pasaje. Él nos estaba ayudando con respecto a la planificación del campamento. Rivera también dice que Medel intentó venderles terrenos. Los abogados de Solari y Posada, del estudio Kandora y Cía., los representan desde el año 2022. Explican que Luis Medel fue un empleado de la empresa dueña de los terrenos. Pero que no trabaja ahí desde 2020. Además, descartan absolutamente que Medel haya estado vendiendo paños o quellamara a la gente a tomarse el lugar. Otras complejidades aparecieron y perduran hasta hoy: se tuvieron quecolgar de la red eléctrica ilegalmente. Hasta hoy no hay alcantarillado y se abastecen de agua potable a través de camiones aljibe. También nació una especie dejunta vecinal para tener representantes. A Rivera la nombraron presidenta. La mujer recuerda que estaban eneso, cuando llegó la primera orden de desalojo. Era enero de 2023. Lo supieron através de las noticias. -Las conversaciones con los dueños ibanbien. Nunca se nos pasó por la cabeza esa demanda.
Esa noche, dice Rivera, se instaló una inquietud en todos losgrupos de WhatsApp dela comunidad: “Teníamos miedo de que nosecharan después de todo este trabajo”. Perder el sueño La noticia de que la toma del Centinela crecía y crecía comenzó a ser un tema en la comunidad de San Antonio. Empezaron las reuniones con el alcalde Omar Vera -exradical, hoy independiente apoyado por Chile Vamosen mayo del 2020, quien se mostró en contra de la toma.
En febrero del 2020, él declaró a Radio Bío Bío que le solicitó a la Dirección de Obras Municipales que notificara el desalojo, ya que eran terrenos que no estaban urbanizados ni tenían servicios básicos, y que solucionar eso iba a ser “un tema de largo aliento”. Lo otro: recalcó que para que se desalojara el terreno, los propietarios debían ejercer acciones legales. Eso demoró dos años. En enero de 2023, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio puso un recurso de protección en la Corte de Apelacionesde Valparaíso. Allíexponían que el terreno fue loteado y tomado, y queel MOPdesistió de expropiar el 37% del lote porque el municipio aún no sacaba las tomas del lugar. Mientras avanzaba la acción legal de los dueños, Rivera y el resto de las comunidades supieron que debían organizarse para contrarrestarla. Verónica Morales ya encabezaba una comunidad en el sector bautizado como “Fuerza Guerrera”, al estede la toma. Allí, también conocieron a Susana Carvallo (62), una mujer que llegó en 2019 desde Peñalolén. Ella y su marido quedaron cesantesen el estallido social y no pudieron pagar más arriendo. Con el tiempo, se convirtió en dirigente en el sector Centinela, en medio del cerro. Rivera dice que, en conjunto con otras dirigentas, empezaron a investigar sobre el lote donde estaban. También recuerda algo más: la exalcaldesa Constanza Lizana (ex FA) también los visitó. La edil, que asumió en 2021, mantuvo públicamente una postura en la que defendió la toma.
En marzo del 2024 declaró a Cooperativa que, a pesar de que la toma no está urbanizada, “sí tiene una especie de ordenamiento que la hace menos caótica que otros campamentos”. En marzo del 2022, la toma entró al Registro Nacional de Campamentos. Comenzó el contacto formal con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La delegada presidencial provincial de San Antonio, la arquitecta Carolina Quinteros, explica algunas cosas sobre la conformación de la toma. -Deacuerdo al catastro, el 75% sonchilenos. Muchosson oriundos de Cartagena y San Antonio. El 30% son niños. Y son del 40% más vulnerable socioeconómicamente. Ganan el sueldo mínimo. Y hay un 8% que tiene registrada una segunda vivienda. Peroeso también tiene que ser revisado: hay gente que pudo haber ganado un subsidio, seseparó y yano vive en esa casa, por ejemplo. Desde el Centro de Estudios de TECHOChile exponen algo: en la megatoma de San Antonio viven 4.722 familias y más de 12 mil personas. Es el campamento más grande del país y superó al del año pasado: el Alto Molle, en Alto Hospicio. Las mujeres explican algo más dela conformación de la toma: es difícil unificar tantas posturasentre gente tan diversa. Por eso es que la organización derivó en una estructura más bien horizontal: no hay una sola líder que tome todas las decisiones. Esto pesó más adelante. El 24 de marzo de 2024, la Corte Suprema dio un plazo de seis meses para el desalojo del lugar. Eso puso presión a los habitantes de la toma: tenían que decidir pronto, entre todos los comités, qué hacer: siseguir pidiendoque el Minvu comprara el terreno o buscar otra solución. Enseptiembre de ese año, por sugerencia del Minvu, apareció la idea de comprar el terreno colectivamente a través de una cooperativa. Sino llegaban aunacuerdo, el6 bre debían partir. Rivera sabía que existían posturas muy distintas ahí. -Hay un 10% que pide radicar los campamentos a toda costa. Son más que nada del lado comunista y anarquista, que van por la lucha, la manifestación propiar. El 1 de diciembre, el plazo del desalojo se extendió una vez más hasta el 31 de enero de este año. Por eso el ministro Carlos Montes pedía más tiempo para un acuerdo. El 18 de febrede noviemy que el Estado tiene queex-ro fue cuando todo estalló: la Corte de Valparaíso fijó el desalojo para el 27 de febrero. Es decir: quedaban nueve días para llegara un trato con el dueño del terreno y, además, para acordar la forma en que los vecinos de latoma actuarían. Esa noche, dice Rivera, no pudo dormir.
El destrabe Susana Carvallo del cerro Centinela, dice que lo que provocó la demora en el acuerdo fueron esos grupos más radicales. -Hay gente en el campamento que siempre ha pensado que el Estado esta en deuda con ellos y les tiene que regalar los terrenos. Por eso, al principio, se negaron a la posibilidad de pagar por el terreno. Y a la fecha, ellos siguen pensando que el Estado les va a regalar el terreno a través de la expropiación. La indecisión de los dueños, las noticias que anunciabanel fin de latoma y lo largo del proceso fue mermando la salud mental en la toma. Carvallo dice que fueron días duros. to, que está dentro de un área urbana y tiene posibilidades de urbanizarse. En la premura por llegar al acuerdo volvió a aparecer la idea de una cooperativa: una estrategia antigua que se usa poco, explica Maira, dado que funciona distinto a un subsidio. El mecanismo, explica ella, dejaría como dueños a los actuales pobladores de la siguiente forma: se tienen que agrupar en cooperativas. Cada una tendrá, en promedio, unos 200 jefes de hogar inscritos, con un terreno delimitado para cada uno. Esacooperativa inscribirá el lote que corresponde al total de los terrenos de esas 200 casas. Luego, comienza el proceso de compra: con el valor del terreno en mano, se le asignará un precio proporcional a la superficie que pretende cada cooperativa. Así, cada cooperativa deberá conseguir por su parte un crédito hipotecario conelbanco. “Seestá gestionando quelos créditos sean a través de BancoEstado o Coopeuch”, explica la delegada Quinteros.
El pie para ese crédito se logra, enseña Mai-Tres jefas de hogar que decidieron tomarse un terreno se enfrentaron a un gran problema: organizar una toma de cuatro mil familias para, todos juntos, comprar un terreno. 11 plan resultó. Y aunque el acuerdo es valorado por el gobierno, tiene puntos que, según expertos, se van a complicar en el tiempo. Por Juan José Leyton y Gianluca Parrini, desde San Antonio Fotos: Dedvi Missene-Uno se levantaba y se acostaba pensando enel desalojo. El ministro Montes designó a laexsubdirectora del Sernam Gloria Maira como delegada ministerial en la megatoma. Participó en las mesas con las dirigentas. Ella les tuvo que aclarar algo. -La opción de queel Estado comprara el terreno no era posible. El precio de los dueños hace un año era $ 52 millones de dólares. No tenemos ese presupuesto. Según los abogados de los dueños del lugar, ese precio está acorde al precio del mercado, considerando la cercanía del terreno al puer-ra, con el dinero de cada uno de los miembros delacooperativa. Mensualmente, cada jefe de hogar de las cooperativas se comprometerá a pagar un monto de dinero. Rivera, por ejemplo, estima que los de su cooperativa aportarán $100 mil mensuales. En un plazo de seis meses, entotal, esperan reunir $ 200 millones solo en la Cooperativa El Bosque. Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, dice que esta idea de las cooperativas no va a resultar. Además, prevé que esto abra la puerta para que más personas hagan lo mismo que los vecinos del Centinela.
Elizabeth Rivera (38), dirigente de la villa El BosqueSusana Carvallo (68), dirigente del sector Cerro Centinela-Siel gobierno no trabaja en un plan urgente de un desalojo no violento y que de soluciones de emergencia alas familias, estose va aseguir dilatando para el pro ximo gobierno. Y eventualmente va a generar un precedente para que otras tomas exijan lo mismo. El humo blanco salió del edificio del Minvuel 24 defebrero: los dueños acordaron venderel terreno y los pobladores decidieron que iban a seguir el modelo de cooperativas. Y se suscribió quese iba a formar una comisión técnica entre las partes, “quereportará alas parde venta del terreno, tessobre las condiciones precio y garantías”, decía el comunicado del ministerio. Si bien Rivera no estaba presente en ese momento, y estaba en San Antonio, sintió un pequeño alivio: ya había un acuerdo firmado. Lo que le molestó fue lo que encontró al revisar sus redes sociales después del acuerdo. Los trataban mal. Decían que se estaban aprovechando. Ella no lo ve así. -Nosotros no somos delincuentes. Somos la clase media olvidada. Acá hay de todo. Técnicosen calefacción, técnicos en informática. Mi hijoes mecánico industrial. También hay empleados públicos. Incluso, hay carabineros viviendo.
Lo que dice tiene asidero: al hacer un cruceentre una lista de habitantes de la toma que aparece en el tomo del recurso de protección con la información del Portal de Transparencia del Estado, aparece que al menos tres exempleadas públicas viven en la toma: una exauxiliar del Servicio de Salud de la Municipalidad de San Antonio, una exempleada de la Corporación Municipal de Quinta Normal y una extécnico de atención clínica del Hospital San José. Una vez que la cooperativa se adjudique el terreno, dice Maira, comienza un proceso de loteo, inscripción y urbanización. Cuando eso termine, los terrenos dejarán de ser un campamento y pasarán a ser un barrio. Maira comenta queella lista alrededor de 60 dirigencias en el campamento. Aún así, dice, hay un gran desafío por delante: no todo el cerro está cooperativizado. -Se han conformado 16 cooperativas. Pero de las cuatro mil familias, alrededor de 3.200 forman parte de una cooperativa. Aún no sabemos qué va a pasar con las familias disidentes. Hay queir viéndolo. Carvallo celebra el acuerdo. -Ahora nos levantamos pensando en conformar las cooperativas y nos acostamos pensando en conformar las cooperativas. A Rivera y al comité de El Bosque aún les molesta cuando la gente les dice que se saltaronla fila al asentarse en un terreno que noera suyo. Entre todos reiteran para sí un discurso. Uno que, ahora, repite Carvallo. Primero dice: -Sabi a que no era mi o, pero tenia la conviccio n de queloibaa comprar. Era ilegal, obvio, el terreno tenia duen o. Pero yo pensaba que él lo iba a vender. Y concluye: -Hay comités que llevan 20 años sin solución. Y nosotros fuimos valientes en venir, luchar, pasar las inclemencias del tiempo y vivir sin alcantarillado. Todo porque estábamos convencidos de que nos iban a dar la posibilidad de comprar el terreno. Y lo hicimos. O. Al 2025, es la más grande de Chile. de