Autor: SOFÍA SALAS IBARRA Docente investigadora en bioética, Universidad del Desarrollo
Objeción de conciencia
Señor Director: En carta publicada ayer, el directorio de Fenamed celebra que existan establecimientos en que el 100% de los médicos sean objetores de conciencia, puesto que esto "confirma que la mayoría de los médicos siguen creyendo que atentar contra la vida en gestación no es legítimo". El problema es que existen servicios de salud en que el 100% de los obstetras son objetores de conciencia para todas las causales, incluyendo riesgo vital materno (Corporación Humanas 2023). Para que una sociedad democrática como la nuestra permita la objeción de conciencia, es necesario hacer un uso responsable de este derecho, sin que sea un obstáculo para que las personas accedan a la prestación de salud según las leyes vigentes.
El genuino objetor no pretende convertirse en una barrera que impida el acceso a la prestación de salud que objeta, sino que aspira a no ser obligado a realizar actos que contravienen su conciencia moral más profunda. La destacada filósofa Azucena Couciero (201) señala que existen tres modelos para articular, en un Estado democrático, el espacio público, regido por leyes, y el espacio personal de cada individuo.
El primer modelo es aquel que, en caso de conflicto, hace primar la conciencia individual sobre la legislación vigente, otorgando protección absoluta a la conciencia, lo que genera desprotección de las leyes democráticas y anula el Estado de Derecho. Este es el modelo que, al parecer, propone la directiva de Fenamed.
El segundo modelo es el de separación estricta entre la conciencia del individuo y la esfera política, anulando así al ciudadano; en caso de conflicto, nunca prevalecería la conciencia, sino el respeto obligatorio a las leyes positivas del Estado democrático.
El tercer modelo, que me interpreta plenamente, es uno intermedio, que garantiza el respeto y el libre ejercicio de la conciencia y, al mismo tiempo, el cumplimiento de las leyes, exigiendo ajustes recíprocos para conseguir el máximo respeto de los bienes en conflicto.