CONSTITUCIÓN, FEMINISMO Y HASTA COCHES VICTORIA: la hiperinflación de demandas
CONSTITUCIÓN, FEMINISMO Y HASTA COCHES VICTORIA: la hiperinflación de demandas miento del Estado. Esto, claro, junto con la convocatoria a un plebiscito que permitiera la redacción de una nueva Constitución. A esas alturas, este último tema --medios de comunicación y redes sociales mediante-ya había logrado instalarse.
Había aparecido en las marchas y se irían sumando nombres inesperados a la idea, como el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, para quien "el clamor de la ciudadanía es tan grande que deberíamos abocarnos a eso". En la encuesta Cadem, en solo una semana la cuestión constitucional duplicó (de 13% a 26%) las menciones como una de las medidas que el Gobierno debía impulsar. La centroizquierda --que había intentado sin éxito un proceso constituyente en la segunda administración Bachelet-no estaba dispuesta a dejárselo solo al PC y al Frente Amplio. Estos venían levantando la bandera desde los primeros días post-18, argumentando la necesidad de "cambiar las reglas que hicieron posible tanto abuso", en palabras de la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez. Por eso no fue extraño que el 12 de noviembre, en la pride $350 mil y un nuevo tramo impositivo para las rentas más altas. También, la reducción de la dieta y una limitación de las reelecciones de congresistas y alcaldes. Esa noche, la reacción no fue negativa: "Es un primer paso, aunque insuficiente", dijo el presidente del PS, Álvaro Elizalde. Sin embargo, al día siguiente --y en las mismas horas en que la noticia falsa de un supuesto centro de torturas en Plaza Baquedano se tomaba la agenda--, el tono cambió. Aunque no llegaron a los niveles del PC --que calificó de "migajas" los anuncios--, sí exigieron reformas estructurales.
Finalmente, el 25 de octubre bajaron sus cartas. "No seremos buzón legislativo para aprobar malos proyectos", advirtieron los senadores de oposición, representados por Yasna Provoste (DC), Jorge Pizarro (DC), Carlos Montes (PS), Guido Girardi (PPD) y Ximena Órdenes (PPD). Y lanzaron su listado.
Pedían un impuesto al 1% más rico del país; la condonación, al menos parcial, del CAE; duplicar los recursos para viviendas sociales; transporte público liberado para los adultos mayores, y más endeudaSin líderes claros, las manifestaciones desataron una carrera por transformarse en voceros de la ciudadanía. Organizaciones de todo cuño, parlamentarios, alcaldes y figuras públicas se presentaron como intérpretes del sentir popular. También aprovecharon para instalar sus propios pliegos de reclamos. ¿El resultado? Una explosión de reivindicaciones casi sin límites. ÁLVARO VALENZUELA Una a una, las banderas de los distintos grupos que planteaban sus demandas se fueron instalando en las protestas.
HÉCTOR YÁÑEZ CONSTITUCIÓN, FEMINISMO Y HASTA COCHES VICTORIA: la hiperinflación de demandas ¿ QUÉ BUSCABAN LOS CHILENOS EN OCTUBRE DE 2019? No fueron 30 pesos, fueron dos procesos constitucionales, las pensiones, la salud, las tarifas eléctricas, los pueblos originarios, la paridad, el tag y mucho, mucho más... Porque el estallido iniciado el viernes 18 de octubre de 2019, además de no tener líderes identificables, tampoco estuvo asociado, al menos en su comienzo, a un listado claro de demandas, más allá de un reclamo general por "dignidad" y "no más abusos". De hecho, si fuera por el factor detonante --el rechazo al alza de $30 en la tarifa del metro--, ya el sábado 19 el gobierno de Sebastián Piñera lo había acogido, pero resultó apenas el principio de la historia.
En los siguientes días, junto con multiplicarse las manifestaciones, se multiplicaron también quienes intentaban transformarse en voceros de la crisis y traducirla en reivindicaciones (a menudo, las suyas propias). Fue un proceso tan paradójico que terminó haciendo del cambio constitucional, un asunto que hasta entonces poco motivaba a las personas --según la encuesta CEP de mayo de ese año, apenas el 3% lo consideraba un problema prioritario--, la causa más emblemática. Y que, además, generó una batería de otras iniciativas.
Entre quienes parecieron vivir su momento estelar en esos días, estuvo una plataforma lanzada en agosto de ese año, pero que hasta el estallido estaba pasando casi sin pena ni gloria: la Mesa de Unidad Social (MUS). Formada por organizaciones dominadas por la izquierda dura --CUT, Colegio de Profesores, Confusam, Movimiento No+AFP, organizaciones estudiantiles--, hay consenso en que carecía de real control sobre las manifestaciones, pero sus convocatorias --la más famosa, la del 12 de noviembre-eran ocasión de intensas movilizaciones --y también de violencia--. Se transformaron así en un actor relevante, al punto que a fines de noviembre fueron invitados por el ministro Gonzalo Blumel a dialogar en La Moneda. Además, aprovechando sus estructuras, organizaron "cabildos ciudadanos" que gozaron de amplia cobertura mediática.
Su petitorio resumía demandas tradicionales de la izquierda, algunas de las cuales serían, dos años después, recogidas por el programa presidencial de Gabriel Boric: salario mínimo de $500 mil (y pensión básica equivalente), negociación ramal y reducción de la jornada laboral, entre otras, además de "juicio y castigo a los culpables de violaciones a los derechos humanos". Pero la demanda central era la de "una nueva Constitución vía una asamblea constituyente". Su pliego no era, en realidad, muy distinto del que reivindicaban el PC y el Frente Amplio: nada sorprendente dada la militancia de sus dirigentes. En la oposición de centroizquierda, en tanto, los hechos del 18 de octubre generaron inicialmente desconcierto. En los primeros días, sus dirigentes se abocaron a redactar un documento con propuestas. En eso estaban cuando el martes 22 Piñera anunció una agenda social por US$ 1.200 millones.
Esta incluía un aumento de 20% en la pensión básica, el congelamiento de las tarifas eléctricas, un ingreso mínimo garantizado mera declaración conjunta de toda la oposición, coincidieran, desde la DC al PC, en demandar un plebiscito y "asamblea constituyente"... aunque omitieran cualquier condena a la violencia desatada ese mismo día.
Esa jornada, con protestas especialmente violentas, el presidente Piñera convocó a un entendimiento y, poco después, la madrugada del 15 de noviembre, el Acuerdo por la paz y la nueva Constitución viabilizó esa fórmula, poniendo algunos límites que indignaron a la izquierda más dura, incluidas la MUS y los estudiantes secundarios de la Cones, liderados por Víctor Chanfreau. Este adquiriría luego "celebridad" como rostro de un violento boicot contra la rendición de la PSU, sistema de admisión a la universidad que la Cones demandaba cambiar. LA HORA DE LOS ALCALDES Otros que buscaron asumir como intérpretes del sentir popular fueron los alcaldes. Transformados en habituales invitados a los matinales de TV, se empeñaron en proyectar cierta transversalidad, convocando a una consulta ciudadana en 225 comunas, la que se concretó entre el 11 y el 15 de diciembre. La votación --en la que habrían participado unos dos millones de personas-fue peculiar: había preguntas distintas en cada municipio y la mayoría sufragó por internet.
Por eso sus resultados mezclaron desde un alto apoyo al cambio constitucional o a la rebaja del IVA para productos básicos hasta el respaldo a una serie de demandas locales: fin de los coches Victoria en Viña del Mar, impuesto a las mineras en Antofagasta, reducción de la altura máxima de los edificios en La Florida o más ciclovías en Ñuñoa. LOS CABILDOS, DUCLÓS Y PRINCESA ALBA La multiplicación de demandas no se quedó ahí. Distintos sectores también realizaron sus propios cabildos. En el Cabildo del Libro, por ejemplo, convocado por Editores de Chile, se habló de que en las bibliotecas públicas y escuelas hubiera al menos 60% de autores nacionales y de libros producidos en Chile. En tanto, el de las artes visuales --en Matucana 100-pidió "recuperar la dignidad del trabajo" en este ámbito, según resumió Arturo Duclós.
Y hasta el Club Social y Deportivo Colo Colo organizó su propia reunión, con la participación de unas dos mil personas, incluidos el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya (ex Comunes); jugadores históricos como Marcelo Barticiotto y Daniel Morón, y Princesa Alba, la cantante.
Encargado de procesar las discusiones fue el Centro de Estudios Sociales y Políticos del club. n n PENSIONES En diciembre de 2019, el Congreso aprobó una ley corta que elevó en 50% la Pensión Básica Solidaria de los mayores de 80 años; en 40%, la de aquellos entre 75 y 79 años, y en 25%, la de los menores de 75. Estos tramos debían ser reajustados en los años siguientes.
A fines de 2021, el gobierno de Piñera aceleró las cosas e impulsó la Pensión Garantizada Universal, destinada al 80% de los pensionados, fijando su monto en la línea de la pobreza ($185 mil) y permitiendo hacerla complementaria con la respectiva pensión autofinanciada. n PUEBLOS ORIGINARIOS Y PARIDAD Un fenómeno que acompañó las marchas fue la masificación de la bandera mapuche lanzada en 1992 por el Consejo de Todas las Tierras. Esto, al tiempo que la situación de los pueblos originarios adquirió protagonismo. Meses después, el Congreso aprobaría incluir en el proceso constitucional escaños reservados, de fuerte incidencia durante el desarrollo de la Convención. La propuesta que esta elaboró --y que la ciudadanía rechazó-incluyó conceptos como la plurinacionalidad y derechos colectivos para las etnias. El 20 de noviembre de 2019, en tanto, LasTesis presentaron en Valparaíso su performance "Un violador en tu camino", otro emblema del estallido. Las reivindicaciones de género tuvieron marcada presencia en las manifestaciones. También incidieron en los procesos constitucionales, en que se aplicó una controvertida regla de paridad. Y si de demandas posmateriales se trata, los rayados callejeros y las redes sociales abundaron en reivindicaciones de grupos ecologistas, veganos y animalistas, cuyos reclamos serían también recogidos por la Convención. Otra causa fue el rechazo al TPP. Paradójicamente, el tratado se terminó aprobando y promulgando en el gobierno de Gabriel Boric. n PEAJES Y TAG Con protestas que incluían el bloqueo de autopistas, la agrupación No+Tag también consiguió instalar sus demandas. A fines de 2019, el Gobierno anunció un acuerdo con las concesionarias para condonar parte de las multas a los morosos. Además, se eliminó el factor fijo de 3,5% sobre la inflación para el reajuste de las tarifas, operando en adelante solo el IPC. Medidas que se adoptaron.