Autor: MARCO GUTIÉRREZ V.

Inversiones que esperan calificación ambiental suman US$ 100.000 millones y un tercio se presentó antes de 2024
Expertos señalan que ese stock esconde excesos de observaciones y demoras en aprobaciones de parte de la autoridad ambiental, superabundancia de guías y un desmesurado celo de los organismos públicos, entre otros. Agilizar las inversiones, especialmente en épocas de incertidumbre y baja actividad económica es un tema que permanentemente está en el debate y en las peticiones del sector privado. Por ello, la exclusión de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del listado de proyectos prioritarios para el cierre del actual Gobierno ha sido lamentada en el sector empresarial. En ese contexto, se conoció que los proyectos que permanecen en “estado de calificación” en el SEIA suman un nivel récord de casi de US$ 100.000 millones.
Estos reflejan el potencial de la inversión a materializarse en el mediano y largo plazo, asumiendo la obtención de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Si bien podría leerse como una noticia positiva que exista dicho monto a la espera del visto bueno ambiental, expertos explican que ese stock esconde exceso de observaciones y demoras en aprobaciones de parte de la autoridad ambiental, una superabundancia de guías y un desmesurado celo de los organismos públicos, entre otros.
Los datos Al cierre del primer trimestre de 2025, un total de 658 proyectos se encuentran en “estado de calificación”, 37 iniciativas más que al cierre de 2024 (621 proyectos). El monto de inversión en esta situación es de US$ 99.692 millones, un aumento de casi 6% respecto al registrado tres meses antes (US$ 94.287 millones). Asimismo, se trata de la mayor cifra desde que existe registro (2009), según el informe que realiza la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC). Esto, indicó el reporte, “hace aumentar el potencial de inversión dentro del sistema, y la importancia de que el sistema no actúe como cuello de botella ala inversión”. Respecto de la antigúedad de los proyectos en calificación, en cantidad de iniciativas, casi el 39% del total corresponde a planes presentados antes de 2024. En tanto, al analizar solo los montos, cerca de un tercio (34%) son inversiones ingresadas antes del año pasado.
Los planes que esperan luz verde ambiental superan, por ejemplo, a los del catastro de proyectos de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), que al cuarto trimestre considera una inversión para el quinquenio PLAZOS Si bien los plazos de aprobación mejoraron en enero-marzo, siguen por sobre los tiempos previos a la pandemia.
A El monto de los planes que esperan visto bueno está en nivel récord, según reporte de la CChC: SEA afirma que “estamos desarrollando medidas para acortar plazos” Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), comentó que el actual stock de proyectos “tiene relación con el importante número de grandes iniciativas que ingresó en 2024, tal como lo detalla el informe (de la ECHAS) Agregó que “como servicio cumplimos 100% nuestros plazos legales y estamos desarrollando una serie de medidas para acortar plazos en la calificación en distintos ámbitos”. Detalló que “desarrollamos guías para unificar criterios, evitando dispares interpretaciones de la normativa. Además, en el marco de la modernización del SEIA electrónico, estamos avanzando decididamente en incorporar nuevas tecnologías y estandarizar procesos, lo que nos permitirá reducir plazos de evaluación. Por último, hemos reducido significativamente los plazos que tarda el comité de ministros en resolver los recursos sometidos a su análisis”. 2024-2028 por US$ 68.597 millones. Aunque en este último caso se trata de obras que cuentan con cronograma definido.
El gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Nicolás León, explicó que, en el stock que está en calificación, los rubros con mayor participación son: Energía (34,4 %), Otros (25,5 %, entre ellos, hidrógeno verde) y Minería (14,8 %). “El aumento sostenido que registra el stock de estos proyectos se explica por un desbalance entre los montos ingresados y aceptados a tramitación, que desde 2023 exhiben resultados más bien positivos, y los montos de inversión aprobados, que se mantienen en niveles más bien bajos”, señaló León.
Motivos y propuestas “El stock de proyectos en evaluación crece, porque la cantidad de proyectos que ingresa es mayor que los que el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) puede evacuar en el mismo período de tiempo. Hay quienes sostienen que falta personal, puede ser.
Pienso que también se debe a que hay servicios que en vez de ir a revisar la normativa aplicable y hacer las preguntas de fondo, se quedan entrampados en muchas preguntas accesorias... El stock en evaluación crece muchísimo si uno agrega los proyectos que se encuentran en discusión en los Tribunales Ambientales o en otras sedes jurisdiccionales”, señaló Clemente Pérez, abogado socio del estudio Guerrero Olivos, exdirector de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama RM), exsubsecretario de Obras Públicas y expresidente de Metro.
Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Ly D, sostuvo que existen extensos plazos de tramitación que “se explican en parte por la excesiva iteración que se produce entre el SEA y los demás servicios públicos que revisan o emiten pronunciamiento sobre el proyecto, los cuales muchas veces piden solicitudes de información, incluso innecesarias, de las cuales se tiene que hacer cargo el titular y que no son posibles de resolver en los plazos regulares del procedimiento”. Hazbun afirmó que “es clave transformar al SEA en una ventanilla única efectiva, mejorar la coordinación entre los servicios, establecer incentivos para los cumplimientos de los plazos, pero, por sobre todo, un cambio de paradigma en los mismos servicios públicos, a fin de que pidan lo estrictamente necesario para la calificación del proyecto y voluntad política para sacarlos adelante”. Rodrigo Andreucci, socio del estudio de abogados Andreucci y Torrejón y experto en materias inmobiliarias, advierte dos situaciones.
Por una parte, indicó que existe una lentitud asociada a las observaciones que emite el SEA, que “requieren la asesoría de profesiones distintas y obligan a los titulares a pedir suspensión de los plazos y así se alarga el proceso.
En segundo lugar, señaló que “existen aproximadamente 160 guías e instructivos distintos para tramitar los permisos ambientales, más leyes y tratados internacionales, lo que acrecienta la demora y los inconvenientes ante tantas y muy diversas observaciones que se reciben en los Icsara. Además, la mayoría de las veces, los distintos organismos públicos se comportan como si de sus observaciones en un proyecto dependiera el clima del mundo.
Estos dos factores explican el atolladero de proyectos en el SEIA”. Andreucci planteó que “la forma de agilizar las evaluaciones es refundiendo leyes y guías en menos textos legales, proceso que se denomina la codificación del derecho de la construcción, que no se hace, pues los poderes políticos han preferido crear leyes dispersas”. Aprobaciones y plazos En enero-marzo, 53 proyectos fueron aprobados en el SEÍA, casi 16% menor que el primer trimestre de 2024 y 35% menos que en el cuarto trimestre de 2024, ubicándose bajo el promedio trimestral de los últimos 10 años (93 iniciativas). En cuanto a montos, se visaron US$ 4.067 millones en el primer cuarto de 2025, un alza de 13% anual, pero menos que los US$ 8.174 millones de octubre-diciembre del ejercicio pasado y ubicándose nuevamente bajo el promedio trimestral desde 2015 (US$ 5.003 millones). Considerando solo los proyectos visados durante el primer trimestre de 2025, el tiempo promedio de aprobación de una iniciativa fue de 17,9 meses.
Esto representó una baja de 7% respecto de los últimos tres meses de 2024 (19,3 meses) y 4% menos respecto de los proyectos aprobados durante enero-marzo del ejercicio previo (18,6 meses). “Creemos que es una pausa en la fuerte tendencia al alza que este indicador viene registrando desde el tercer trimestre de 2020, explicada por una disminución en el margen de los plazos de aprobación en los sectores de energía, minería, saneamiento ambiental e inmobiliario”, indicó León. De todos modos, los tiempos de aprobación superan a los de prepandemia. Nicolás León dijo que “el contexto de la crisis climática han aumentado las exigencias en materia de evaluación”.