Ministerios: rascar donde no pica
A aprobación en el Congreso del nuevo Ministerio de Seguridad Pública ha reavivado el debate sobre el tamaño y la eficiencia del Estado, El nuevo organismo ha elevado el número de reparticiones a 25, por lo que, code esperar, la discusión de ha concentrado en la cantidad de ministerios ideal. Paladines de la modemización estatal se han apresurado a declarar que no debiésemos tener más de 18,15 o 12. Para algún otro, con apenas ocho sería suficiente. Países con menos población, aseguran, funcionan con menos ministerios. En un listado de economías OCDE, en efecto, Chile aparece entre los que tienen más.
En la región, en tanto, está sólo por detrás de Brasil (38) y Venezuela (34). Dichas clasificaciones de brocha gorda, sin embargo, obvian detalles fundamentales —como los ministerios que agrupan funciones, o los ministros sin cartera— o ignoran la muy distinta distribución de competencias al interior de cada Estado, como ocurre, por ejemplo, con los regímenes federales.
Otros observadores, de manera más prudente, han propuesto fusionar algunos de los actuales ministerios, como Presidencia o de Gobierno, en la estructura de Interior, que asumirá formalmente labo- “Simplificar los desafíos de modernización en un eslogan como el número de ministerios hace un flaco favor a necesidad de un Estado más eficiente”. Res de coordinación política del gabinete.
No está claro, sin embargo, como reestructuraciones de este tipo, más bien de carácter simbólico, podrían servir de manera decisiva para abordar problemas realmente apremiantes para el funcionamiento del Estado, Por ejemplo, en Salud, donde, s gún observó recientemente el exministro Osvaldo Artaza, el gasto ha aumentado 1.194% en 30 años, pero la productividad apenas ha subido un 0,6% anual en promedio. O el descontrol del gasto en licencias médicas.
Y, en segundo término, en el creciente aumento del empleo público, que alcanza ya a las 480 mil personas en la administración central (en 2014 eran sólo 280 mil), y alrededor de 900 mil si se considera el conjunto de entidades estatales.
Según el último informe trimestral de recursos humanos del sector público, por ejemplo, el aumento de empleo público en el último año se ha concentrado en los servicios de salud (5.477 nuevos cargos), los servicios locales de educación (12.342 cargos, la mayoría traspasados desde los municipios), Conaf (1.563 cargos, concentrados en el combate de incendios forestales), Carabineros (671) y Gendarmería. Son todas prioridades alas que ni la ciudadanía ni los políticos, probablemente, están dispuestos a renunciar. La Segpres, en comparación, tiene 329 funcionarios en total, y la Segegob, 746.
Es evidente, también, que el grueso del personal se concentra en los servicios, no en los gabinetes ministeriales, y las estructuras de los ministerios, a excepción de los creados más recientemente, suelen ser extremadamente rígidas, por lo que cualquier fusión sólo permitirá prescindir, a lo más, de un puñado de asesores. Sin duda la modernización del aparato estatal, que excede con mucho el necesario cambio en sus estructuras de contratación, debe ser una prioridad para cualquier gobierno. Ello puede incluir, por cierto, ra nalizar la cantidad de reparticiones.
Pero simplificar los profundos desafíos políticos y técnicos que ello requiere en un eslogan como el número de ministerios, en la práctica, hace un flaco favor a necesidad de un Estado capaz de ofrecer servicios eficientes y de calidad a los ciudadanos.