COLUMNAS DE OPINIÓN: Collahuasi y la fragilidad de invertir en Chile
COLUMNAS DE OPINIÓN: Collahuasi y la fragilidad de invertir en Chile OPINIÓN puede aparecer como una bomba sobre un proyecto construido. E s t e c a s o muestra que la "permisología" no era un cliché ni una excusa contra la regulación. E s u n o d e l o s cánceres más peligrosos para el crecimiento de Chile. No porque los permisos existan, sino porque el sistema es lento e incapaz de entregar certezas proporcionales a inversiones comprometidas. La protección ambiental, la consulta indígena y la participación ciudadana son indispensables. Pero también lo es la confianza legítima de quien invierte con una autorización válida del Estado. Cuando esa confianza se rompe, el daño no lo paga solo una compañía. Lo paga Chile en inversión, productividad, empleo y credibilidad. Collahuasi necesita una pronta solución. Pero la lección es nacional. Chile no requiere rebajar estándares ambientales, sino elevar la calidad y coherencia de su sistema de permisos. Un buen sistema decide bien y entrega certezas reales. Cuando un inversionista cumple el camino institucional y queda expuesto a esta vulnerabilidad, los permisos dejan de ser una molestia administrativa. Son una discusión sobre crecimiento y confianza.
El problema no es del proyecto, sino del país. n La sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que dejó sin efecto la RCA del proyecto de Collahuasi es una señal inquietante sobre la fragilidad de invertir en Chile. No hablamos de una empresa que intentó saltarse la institucionalidad. Al contrario, tramitó un Estudio de Impacto Ambiental, obtuvo una autorización favorable del Estado y, sobre esa base, avanzó casi hasta completar una inversión superior a US$ 3.000 millones.
El proyecto es estratégico pues busca extender la operación por 20 años, aumentar capacidad productiva e incorporar una desaladora, clave para una minería que debe producir más, reducir el uso de agua continental y responder a mayores exigencias ambientales. El Tribunal no declaró que el proyecto sea inviable. Cuestionó cómo la autoridad evaluó observaciones sobre medio humano, comunidades indígenas costeras, maritorio y medio marino, y ordenó retrotraer el procedimiento. Pero ahí está el problema. Si esos aspectos eran decisivos, debieron resolverse antes de que la inversión estuviera materializada, no cuando las obras están casi terminadas. Ningún país serio puede considerar normal que un inversionista que siguió el camino institucional quede años después expuesto a que su autorización ambiental sea desestabilizada. No porque las empresas deban quedar exentas de control, sino porque la certeza regulatoria debe ser parte esencial del contrato entre el Estado y quienes invierten.
Si la autoridad evalúa mal, el costo no Collahuasi y la fragilidad de invertir en Chile Ningún país serio puede considerar normal que un inversionista que siguió el camino institucional quede años después expuesto a que su autorización ambiental sea desestabilizada". JUAN CARLOS GUAJARDO. - -