Autor: O. RODRÍGUEZ

Proyecto de Seguridad incluiría agravante para delitos en colegios y revisión de mochilas y vestimenta
Proyecto de Seguridad incluiría agravante para delitos en colegios y revisión de mochilas y vestimenta El homicidio de una inspectora escolar en un colegio de Calama, junto al lanzamiento de una bomba molotov al interior del Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, son algunos de los últimos hechos más graves de violencia al interior de establecimientos educacionales en el país, que se suman a otros que se han sostenido en el tiempo, como los que se registran periódicamente, por ejemplo, en el Instituto Nacional o el Internado Nacional Barros Arana.
En este escenario, y tal como lo anunció la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el Gobierno se encuentra preparando un proyecto de ley que busca hacer frente a delitos cometidos al interior de colegios, junto con medidas que podrían permitir anticiparse a la comisión de estos.
La iniciativa ya se encuentra en un estado avanzado de elaboración, específicamente en el proceso de revisión por parte de la Segpres, y sería ingresada próximamente al Congreso Nacional. n Preocupación fundada en cifras interinstitucionales En el diagnóstico que realizan al interior del Gobierno, se encuentra que durante los últimos años se ha evidenciado un incremento sostenido en los registros administrativos y policiales asociados a situaciones de violencia ocurridas en establecimientos educacionales y sus entornos inmediatos.
En esa línea, quienes conocen del proceso de preparación de la iniciativa revelan que se ha tenido en consideración que de acuerdo con los registros del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante 2025 se registraron 56.153 casos policiales ocurridos al interior de establecimientos educacionales, los que se distribuyen en 7.354 recintos, equivalentes a más de la mitad de los establecimientos georreferenciados a nivel nacional (54,6% ). El análisis de dichas cifras arroja que una proporción significativa corresponde a situaciones vinculadas a conflictos interpersonales y a la protección de niños, niñas y adolescentes.
Entre las categorías más frecuentes se encuentran hechos asociados a vulneración de derechos (19,6% ), lesiones de carácter leve (17,5% ) y amenazas (10,9% ). Junto con ello, se registran delitos patrimoniales, como robos en lugar no habitado (10,2% ) y hurtos (6,2%), lo que refleja la coexistencia de problemáticas de convivencia escolar con conductas delictivas propiamente tales. Junto con lo anterior, en la cartera toman en cuenta que, según información levantada por la Superintendencia de Educación, existe un crecimiento relevante de las denuncias vinculadas a convivencia educativa durante el período reciente. En 2025 se registraron 22.680 denuncias ciudadanas, lo que representa un aumento cercano al 19% respecto del año anterior. De este total, 17.076 denuncias correspondieron a materias de convivencia educativa, concentrando más de tres cuartas partes del total anual.
Por lo anterior, la iniciativa que se encuentran preparando buscaría crear una nueva agravante en el catálogo del Código Penal, consistente en cometer el delito en el interior, dependencias o inmediaciones de un establecimiento educacional, o durante el traslado de los estudiantes en transporte escolar.
En paralelo, otro de los artículos establecería el registro preventivo de pertenencias de los alumnos, que consiste en que los directivos, docentes, asistentes de la educación y otros trabajadores podrán realizar un registro preventivo de las mochilas, bolsos, e incluso prendas de vestir de estudiantes. En este sentido, se contemplaría que estos controles sean generales y aleatorios, aunque también podrían ser dirigidos en el caso de que existan sospechas o indicios de porte de armas u otros elementos.
Ante un eventual hallazgo, se podrá retener dicho elemento y se realizaría la respectiva denuncia. n Cuestionan incidencia en disminución de delitos Consultado por los lineamientos que tendría la iniciativa, el exfiscal José Villalobos sostiene que “respecto de hechos que se puedan dar en dependencias educacionales o en sus inmediaciones, estaría dirigido en general a personas de dichos establecimientos educacionales y en los colegios la mayoría son menores de edad, sometidos a un régimen de penalidad distinto que tampoco reflejaría una real incidencia en disminución de los ilícitos”. Coincide con lo anterior la abogada Catherine Lathrop, quien señala que “desde una perspectiva técnico-penal, hay que ser claros: esto no cambia ni la tipicidad del delito ni facilita su prueba.
Es una regla de determinación de la pena, no de persecución penal”. Además, advierte que “la criminología lleva décadas mostrando que el efecto disuasivo de este tipo de medidas es, en el mejor de los casos, marginal”. Con todo, Villalobos añade que respecto de la revisión de mochilas y otras pertenencias, “pareciera razonable que se pueda hacer, dados los últimos acontecimientos y además esto está dirigido a la protección de todos los estudiantes”. Mientras que Lathrop agrega que “para que sea admisible, debe cumplir estándares estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. REVISIÓN Las revisiones de pertenencias de alumnos podrían ser aleatorias o dirigidas ante sospechas. Autor: O. RODRÍGUEZ. Se espera que la iniciativa —anunciada por la ministra Trinidad Steinert— sea ingresada en los próximos días. La Secretaría General de la Presidencia realiza revisión y afina detalles. Tras diversos hechos de violencia en establecimientos: REVISIÓN Las revisiones de pertenencias de alumnos podrían ser aleatorias o dirigidas ante sospechas. PRISIÓN PREVENTIVA. — El martes de esta semana fue formalizado el alumno imputado por el homicidio de una inspectora en un colegio de Calama. Quedó en prisión preventiva.