EDITORIAL: Eliminación de contribuciones a los adultos mayores
EDITORIAL: Eliminación de contribuciones a los adultos mayores El impuesto territorial -conocido popularmente como contribucionesconstituye uno de los principales ingresos propios de las municipalidades. A diferencia de las transferencias del Estado, estos recursos no están condicionados y permiten a los alcaldes planificar con más autonomía el financiamiento de los programas municipales.
El Gobierno ha planteado, en el proyecto de Reconstrucción que se analiza en el Congreso, que se exima a los adultos mayores del pago de contribuciones a la primera vivienda, considerando que probablemente fue la mayor inversión que realizaron en su vida activa, al pagar su propiedad, el préstamo bancario y durante años los tributos, por lo que no parece justo que cuando pasan al sector pasivo tengan que seguir pagando por su casa o departamento.
Pero lo que se presenta ante la ciudadanía como un gesto de justicia socialesconde una ecuación financiera de profundo impacto en la capacidad de los gobiernos comunales para financiar servicios básicos, mantener la infraestructura pública y atender a la población más vulnerable, entre la que se encuentran los propios beneficiarios de la medida.
Nuestra Región del Biobío no es ajena a esta realidad: sus municipios, muchos de ellos con alta dependencia del Fondo Común Municipal, enfrentan un escenario de presupuestos cada vez más ajustados mientras las exenciones se acumulan sin compensación efectiva del nivel central. La exención para adultos mayores propietarios de bienes raíces con avalúo fiscal por debajo de ciertos umbrales fue concebida originalmente como un mecanismo de protección para personas de escasos recursos.
Sin embargo, con el paso de los años y la presión política por ampliar los beneficios, los criterios se han ido extendiendo hasta cubrir a sectores de la población que no necesariamente se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. El problema no radica en proteger a quienes genuinamente lo necesitan. No se discute la necesidad de aliviar la carga tributaria de una persona mayor con pensión mínima cuyo único patrimonio es la casa en que habita. Pero cada ampliación de este beneficio se ha realizado sin un mecanismo de compensación que reponga a los municipios los ingresos que dejan de percibir.
El costo de la política social es así transferido silenciosamente desde el nivel central donde se toma la decisiónhacia el nivel local, donde se padecen las consecuencias sin haber participado en el diseño de la medida. La Región del Biobío concentra una proporción significativa de adultos mayores con vivienda propia pero ingresos bajos, lo que hace que el universo de beneficiarios de la exención sea aquí especialmente amplio.
Comunas como Coronel, Lota, Lebu, Cañete o Tirúa -con histórica vulnerabilidad social derivada del cierre de la industria del carbón y la reconversión económica inconclusaven cómo su base tributaria local se erosiona cada vez que el Congreso Nacional amplía los umbrales de exención.
Para estas comunas, el impuesto territorial representaba uno de los pocos mecanismos de generación de ingresos propios que no dependía de los vaivenes del presupuesto nacional ni de las fórmulas de distribución del Fondo Común Municipal.
Municipios como Concepción y Talcahuano, con mayor base imponible urbana, absorben el golpe con algo más de margen, pero varias comunas han visto reducir en más de un 20% sus ingresos propios permanentes en la última década, período que coincide con las sucesivas ampliaciones del beneficio de exención. La paradoja es evidente: las comunas que más necesitan recursos para atender a su población envejecida son también las que más recaudación pierden por efecto de las exenciones.
Chile requiere con urgencia un debate serio sobre el financiamiento municipal que no puede seguir postergándose, y la compensación de recursos desde el nivel central, por los ingresos que, de aprobarse la medida, dejarán de percibir. Chile requiere un debate serio sobre el financiamiento municipal, y la compensación de recursos desde el nivel central, por los ingresos que, de aprobarse la exención, dejarán de percibir..