Reforma penitenciaria: una urgencia para la seguridad pública
Reforma penitenciaria: una urgencia para la seguridad pública El reciente anuncio de la construcción de una cárcel de alta seguridad creemos que debe ir acompañado de una gran reforma penitenciaria que apunte a disminuir el hacinamiento, que resuelva la proporcionalidad de las penas --por ejemplo, en el caso de la ley de drogas--, y mejore los programas de reinserción y de desistimiento del delito. Al revisar la experiencia comparada, algunos países han controlado crisis carcelarias promoviendo un uso racional de la prisión y revisando leyes desproporcionadas que criminalizan la pobreza. Este mismo esfuerzo debemos hacer en Chile.
Esto, en un contexto donde casi la mitad de las mujeres que ingresan al sistema penitenciario lo hacen por delitos de drogas, registrándose un crecimiento de alrededor de 8% en esta causal de ingreso respecto del año 2010 (Gendarmería de Chile, 2010). Estas mujeres están cumpliendo, muchas veces, largas condenas, son primerizas y presentan un riesgo de reincidencia bajo. Gran parte de ellas podría, perfectamente, cumplir condenas alternativas fuera de la cárcel. Más allá de una cárcel de alta seguridad, es importante definir el rol que ocupará la reinserción en la agenda política y legislativa, especialmente respecto de las mujeres que están privadas de libertad.
La mayoría de estas mujeres sufren de una profunda exclusión social, el 70% de ellas ha sido víctima de violencia o abuso a lo largo de su vida, gran parte de ellas nunca ha trabajado y presentan bajísimos niveles de escolaridad.
El 90% son madres, y la mayoría, jefas de hogar; por lo tanto, su encarcelamiento afecta también a sus hijos e hijas, quienes quedan a cargo de otras mujeres, del Estado y, en un mínimo porcentaje, de sus parejas. La ausencia materna se traduce muchas veces en conductas de riesgo, bajo rendimiento escolar, problemas psicológicos y psiquiátricos. La reinserción es un gran desafío para las mujeres que salen de la cárcel, para quienes no hay roles ni oportunidades disponibles, quedando entrampadas en la imposibilidad estructural de configurar un futuro. La Fundación Mujer Levántate desarrolla diversos programas que tienen por objetivo contribuir al desistimiento del delito y a la inclusión social de las mujeres que están o han estado privadas de libertad. Para ello, se dedica a la habilitación psicosocial e integral, acogiendo a las mujeres e invitándolas a ponerse de pie y comenzar un camino de resignificación de su propia historia. Así, las mujeres acceden por primera vez a una oportunidad real de insertarse en la sociedad. La adquisición de roles prosociales, su inserción en el mundo del trabajo, el empoderamiento y un ejercicio sano de su maternidad, son ejes clave para este proceso. Dejar de delinquir no solo implica dejar de cometer delitos; es desarrollar un nuevo sentido de identidad que sea reconocido por el entorno social, traspasando las barreras de la estigmatización. Para llevar a cabo esta tarea se necesita del compromiso del Estado, del apoyo del mundo político y de la comprensión de la sociedad. La reinserción es una estrategia efectiva de combatir el delito. Un ejemplo claro es la tasa de reincidencia de las mujeres que han estado en los programas de Fundación Mujer Levántate, la cual es de 5%, en comparación con el 42% a nivel nacional. Lamentablemente, solo un número reducido de mujeres puede acceder a estos programas, por lo cual es clave relevar la reinserción a nivel de política pública. La reinserción es un derecho, no es caridad. Mientras esto no quede claro, difícilmente Chile podrá avanzar hacia una real, concreta y eficaz política de seguridad. Reforma penitenciaria: una urgencia para la seguridad pública "... algunos países han controlado crisis carcelarias promoviendo un uso racional de la prisión y revisando leyes desproporcionadas que criminalizan la pobreza. Este mismo esfuerzo debemos hacer en Chile... ". HNA. NELLY LEÓN Presidenta Fundación Mujer Levántate CATALINA DROPPELMANN Profesora Escuela de Gobierno y directora Ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad, U. Católica.