Autor: OLIVER RODRÍGUEZ

Corte Suprema y Gobierno advierten imposibilidad de expulsión de condenados venezolanos por crisis diplomática
Corte Suprema y Gobierno advierten imposibilidad de expulsión de condenados venezolanos por crisis diplomática El no reconocimiento por parte del Gobierno de Chile de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Nicolás Maduro se autoproclamó como ganador sin exhibir las actas de votación, y los antecedentes recopilados por la fiscalía en la investigación por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda que apuntan al número dos de ese país, Diosdado Cabello, son hechos que explican en buena parte la crisis en la relaciones entre ambos países. En julio del año pasado, tras los comicios, Maduro cerró la embajada de su país en Chile, y hace semanas ordenó el cierre de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz.
La situación no solo tiene consecuencias en el ámbito político, pues también tiene implicancias en el sistema de justicia e incluso para la crisis del sistema penitenciario, puesto que la posibilidad de expulsar a ciudadanos venezolanos condenados se reduce a cero, según confirman el Poder Judicial y el Gobierno. n Llaman a sopesar crisis en “su real dimensión”El primero, mediante una sentencia.
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto en favor de un ciudadano venezolano cuya expulsión judicial había sido decretada por el 12 Juzgado de Garantía de Santiago y ordenó una nueva audiencia para definir si se mantiene o modifica la pena sustitutiva.
La particularidad del fallo de la Segunda Sala del máximo tribunal integrada por los ministros Leopoldo Llanos, Eliana Quezada, María Carolina Catepillán, Juan Cristóbal Mera (que votó en contra) y el abogado integrante Eduardo Gandulfo, viene dada por la consideración de que el quiebre de las relaciones diplomáticas entre las naciones se traduce en una imposibili-AVLISRASÉCMáximo tribunal acogió recurso de sentenciado de ese país y pidió revisar su orden de salida:Los condenados venezola-nos a los que se les decreta la expulsión esperan en un recinto penitenciario, pudiendo agudizar los problemas de hacinamiento.
Con todo, en la cartera aseguran que “de las 9.000 personas extranjeras recluidas en Chile, 2.485 son de nacionalidad venezolana, de las cuales alrededor de un centenar podrían ser objeto de un eventual proceso de expulsión”. Este medio intentó obtener una versión desde la Subsecretaría de Interior, liderada por Luis Cordero, sobre cómo impacta esta situación en las expulsiones administrativas, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta. Desde la Defensoría Penal Pública, su director de estudios, Pablo Aranda, advierte que la situación que recoge el fallo de la Suprema viene en aumento durante los últimos meses.
“Este fenómeno se produce con extranjeros que están a la espera de ser expulsados, que es-tán privados de libertad esperando ser expulsados, pero en este caso, por el tema de las relaciones diplomáticas de Chile y Venezuela, esto se ha ido retardando, y esta persona queda privada de libertad en un limbo.
Entonces, si hay una persona que está privada de libertad, que no sabe si su privación de libertad va a durar una semana, tres semanas, cuatro meses, es súper complejo y es el hecho por el cual nosotros intervenimos am-parándonos y pidiendo que se sustituya la pena o que esta persona espera su expulsión en libertad”, señala. n Observan un posible mal precedenteAl respecto, el ex director nacional de Gendarmería Christian Alveal manifiesta distintas inquietudes.
“Creo que sería extremadamente complejo como precedente para cualquier otro venezolano que cometa cualquier tipo de delito, el que se pueda estar buscando hoy día, ante la imposibilidad de cumplir con esta expulsión, una medida sustitutiva distinta en donde derechamente no se va a tener control sobre esta persona”, advierte.
Sin embargo, por otro lado, asegura que “tenemos inform a c i ó n h o y d í a, contundente, objeti-va, que emana desde el mismo Ministerio Público que darían cuenta que el homicidio del teniente Ojeda habría sido planificado desde el mismo régimen dictatorial de Venezuela, y si mantuviésemos incluso este convenio vigente y no hubiese habido ningún problema diplomático entre Chile y Venezuela, ¿pudiésemos estar en condiciones de decretar la expulsión a un país cuyo régimen está disponiendo delitos tan gravosos?”. RELACIONESVenezuela cerró su embajada en Chile el año pasado y pidió el cierre de consulados chilenos en enero. dad de materializar este tipo de expulsiones.
En esta línea, los ministros plantean que “al tenor de la información aportada a la causa y siendo un hecho público las últimas tensiones diplomáticas suscitadas entre la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela, cuyos efectos gatillaron, entre otros aspectos, en la imposibilidad de concretizar las sanciones de expulsión, son antecedentes que, en concepto de esta Corte Suprema, deben ser sopesados en su real dimen-sión por la judicatura, para los efectos de revisar la idoneidad y eficacia de mantener la pena sustitutiva impuesta”. En agosto del año pasado, ante el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, el director de Migraciones, Luis Thayer, sostuvo que “la dificultad de que aquellas personas que no tienen ningún documento de identidad requieren de un salvoconducto, y ese salvoconducto lo emite ciertamente la representación consular del país de origen.
Por lo tanto, la materialización de ex-pulsiones va a tener que concentrarse en esta etapa, en las otras nacionalidades”. n Proceso “inviable”Desde el Ministerio de Justicia, en tanto, confirman la observación consignada en el fallo de la Suprema, señalando que “la actual situación diplomática con Venezuela hace inviable la transferencia de personas condenadas de esa nacionalidad hacia su país”. No obstante, añaden que “se continuará insistiendo en ese objetivo”.. En el Ministerio de Justicia dicen que seguirán “insistiendo” en la transferencia de personas en esta condición, mientras que en la Defensoría Penal Pública identifican un alza de casos. Máximo tribunal acogió recurso de sentenciado de ese país y pidió revisar su orden de salida: