Contraloría: 3.532 funcionarios públicos presentaron licencias hechas por médicos investigados penalmente
Contraloría: 3.532 funcionarios públicos presentaron licencias hechas por médicos investigados penalmente MOISÉS MUÑOZ Según el informe, los 44 médicos involucrados son de nacionalidad extranjera.
Fiscalía los indaga por la entrega y/o venta fraudulenta de certificados médicos Contraloría: 3.532 funcionarios públicos presentaron licencias hechas por médicos investigados penalmente RICARDO CÁRCAMO RICARDO CÁRCAMO por parte de la Contraloría General de la República (CGR), donde detectó que 3.532 funcionarios públicos presentaron licencias médicas emitidas por algunos de los 44 profesionales de la salud que están siendo investigados penalmente por el Ministerio Público debido a la entrega y/o venta fraudulenta de certificados médicos.
El decimotercer Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República, arrojó que fueron un total de 10.111 licencias médicas emitidas entre n nuevo informe salió este lunes a la luz 2020 y 2022 por los profesionales de la salud que se encuentran bajo investigación. Según el informe, los 44 médicos involucrados son de nacionalidad extranjera, y se detectó que 10 ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024. Cinco de ellos no contaban con el Examen Unico Nacional de Competencias Médicas (Eunacom), un requisito para ejercer en el sistema público de salud nacional. La investigación de Contraloría señaló que las licencias médicas fueron emitidas a todo tipo de trabajador del territorio nacional como municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, Gendarmería, entre otras entidades. Alberto Precht, exdirector de Chile Transparente, señaló que "esta era la parte del círculo que faltaba.
Era evidente que ante tanto funcionario público que usaba la licencia médica para fines distintos a la recuperación de salud, era evidente que muchos de aquellos habían comprado licencia en este mercado existente". La académica de la facultad de derecho de la Usach, Paula Bagioli, explicó que las sanciones que deberían tener los funcionarios públicos involucrados, pueden ir desde "una multa, la suspensión del empleo desde treinta días a tres meses y por último la destitución", como la medida más grave..