Hacia una nueva administración pública de la educación superior
Hacia una nueva administración pública de la educación superior Durante décadas, el debate sobre la administración pública en Chile se ha centrado en los ministerios, los servicios centralizados y los gobiernos regionales. La educación superior, en particular la universitaria, ha quedado al margen de esa discusión, como si sus casas de estudio fueran piezas sueltas del sistema estatal. Nada más alejado de la realidad: las universidades estatales son parte de la Administración del Estado, aunque con un régimen jurídico especial. La pregunta que debemos hacernos es si esa pertenencia es meramente formal o si realmente estamos construyendo una nueva forma de administrar lo público en el nivel superior.
La Ley 21.094, que fija las normas sobre las universidades estatales, establece que estas "forman parte de la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación". En teoría, esto debería garantizar un vínculo virtuoso entre la autonomía académica y la rendición de cuentas públicas.
En la práctica, se ha generado una tensión irresuelta: ¿ cómo conciliar el principio de libre creación del conocimiento con las demandas de eficiencia, transparencia y planificación estratégica que exige el Estado? El académico José Joaquín Brunner lo ha planteado con crudeza: "Las universidades estatales chilenas navegan entre dos aguas: la tradición autonómica heredada de la reforma de 1981 y la creciente presión por una gobernanza que responda a objetivos nacionales". Esta ambivalencia ha provocado que, en muchos casos, las universidades del Estado actúen como entidades privadas que compiten por recursos, descuidando su rol de articuladoras del desarrollo territorial. Mientras tanto, el presupuesto para las 18 universidades del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) no ha logrado equipararse al de las instituciones privadas con financiamiento público. Según datos del propio CUECH, el déficit acumulado entre el aporte fiscal y las necesidades reales supera los 200 mil millones de pesos anuales. El rector de la Universidad de Santiago, Rodrigo Vidal, ha declarado: "No podemos seguir administrando con lógica de supervivencia.
Necesitamos una nueva gobernanza pública que entienda que la educación superior estatal es una inversión estratégica, no un gasto". ¿Qué implicaría esa "nueva administración pública" para la educación superior? En primer lugar, una planificación territorial vinculante, de modo que las universidades estatales, en conjunto con los gobiernos regionales, diseñen ofertas académicas e investigativas pertinentes a las necesidades locales, tal como lo propone la Estrategia Nacional de Educación Superior 2026 2038. Además, se requiere un financiamiento basal multianual, saliendo de la lógica de proyectos concursables que desgasta a las unidades académicas y avanzando hacia un modelo que garantice recursos estables con indicadores de desempeño acordados participativamente. También es necesario profesionalizar la gestión de las universidades estatales mediante una carrera directiva pública especializada, incorporando competencias en administración pública moderna sin vulnerar la autonomía universitaria. Por último, se debe instaurar una rendición de cuentas bidireccional: no solo hacia el Estado como control jerárquico, sino también hacia las comunidades, los territorios y las propias comunidades académicas. Construir esta nueva administración no es solo un tecnicismo. Es una decisión política sobre qué tipo de Estado queremos. Como lo afirmó recientemente la expresidenta del Consejo de Rectores, Mónica Jiménez, "el Estado chileno tiene una deuda histórica con sus propias universidades.
No se puede hablar de equidad territorial si la única universidad pública de una región sobrevive con becas y proyectos externos". La Estrategia Nacional de Educación Pública, que tan bien ha avanzado en la recuperación de escuelas y liceos, debe dar el salto pendiente hacia la educación superior.
Una nueva administración pública para las universidades del Estado no es un lujo: es la condición mínima para que el conocimiento que allí se genera deje de ser un privilegio urbano y se convierta en un derecho ciudadano en todo el territorio. Si no lo hacemos ahora, seguiremos administrando la educación superior con herramientas del siglo XX mientras intentamos resolver problemas del siglo XXI. Y esa ecuación, lo sabemos bien, nunca ha funcionado.. Claudio Sanhueza Arratia Kinesiólogo e Ingeniero Comercial Docente de la carrera de Kinesiología UNAP Sede Victoria