Las inaceptables morosidades en el CAE
Las inaceptables morosidades en el CAE Apenas un 36% de los egresados está al día en su pago, una demostración clara del impacto de incentivos mal orientados. En 2010 un estudio del Banco Mundial concluyó que el Crédito con Aval del Estado (CAE) estaba observando tasas de morosidad más altas de las que se tuvieron en cuenta al momento de su aprobación. Ello amenazaba la sustentabilidad fiscal de este instrumento. A la base de este problema estaba el imperfecto mecanismo de recuperación de las cuotas de dicho crédito. Era conveniente su rediseño. Pero, en ese entonces, esa discusión se combinó con otra distinta respecto de la conveniencia de seguir contando con un crédito para apoyar a los estudiantes que cursaban sus estudios superiores. Se proponía establecer la gratuidad de estos estudios. Esto impidió avanzar, a pesar de un proyecto de ley enviado en 2012, en la resolución de este asunto específico. Así, los resultados de ese estudio se fueron haciendo realidad a medida que el sistema se consolidaba y más estudiantes accedían al CAE. La morosidad, en ausencia de mecanismos efectivos de cobro, siguió siendo elevada. Hacia 2013-14 parecía haber alcanzado una cierta estabilidad. Sin embargo, la introducción de lagratuidad a partir de 2015 y, sobre todo, la promesa de condonación de este crédito la elevaron considerablemente pocos años después. La primera medida, porque se percibió como una suerte de injusticia generacional, y la segunda, porque no parecía tener sentido pagar si la deuda se iba a condonar. La percepción creciente, después de la crisis de octubre de 2019, de que los sectores que prometían esas soluciones lograrían pronto gobernar generó el escenario propicio para que la morosidad se acentuara. Quizás la mejor demostración de ello es que los egresados de la educación superior aumentaron, en un lapso breve, significativamente sus niveles de no pago. En efecto, en 2019 un 67% de este grupo se encontraba al día en sus cuotas. En la actualidad apenas un 36% lo está. Es una demostración clara del impacto de incentivos mal orientados. Por supuesto, esto agrava el impacto fiscal. Así, entre el presupuesto de 2020 y 2025 se han multiplicado por tres los recursos públicos destinados a financiar las garantías estatalesde este crédito. Para este año, el presupuesto contempla US$ 490 millones. El costo social de este “descuido” es enorme.
Por ejemplo, el país tiene estancada en 55% la tasa de cobertura en educación inicial a los 3 años, mientras en una gran mayoría de los países de la OCDE esta proporción se acerca al 100%. No se puede olvidar que un sistema educativo más equitativo se construye en los primeros años de vida. Por cierto, los sectores que propiciaban la condonación total del CAE no han podido cumplirla una vez que han llegado a La Moneda. Era evidente, pero fue algo en lo que insistieron incluso durante el primer año de gobierno. Hubo, sin duda, una actuación irresponsable cuyos alcances aún no terminan de dimensionarse. Un proyecto de ley enviado al Congreso en octubre pasado no solo reemplaza el CAE, también establece un nuevo mecanismo de recaudación del crédito. En su articulado transitorio contiene, además, una condonación parcial de la deuda discutible como políticapública que obliga a los deudores a sumarse, por el remanente, a un cobro mucho más efectivo de las cuotas. En efecto, asimila su pago, al igual que el proyecto de 2012, a la retención que hace el empleador de los impuestos personales. Este mecanismo se complementa con retenciones adicionales, si procede, en la declaración anual del impuesto a la renta. Este procedimiento se extiende al nuevo sistema de financiamiento de los estudiantes que se propone en el proyecto, pero este tiene diversos problemas de diseño que pueden frenar su tramitación. En ese escenario, se prolongaría la elevada morosidad observada en el presente.
Por ello, y más allá de la controversia y eventual inequidad que significa la condonación, parece razonable lograr al menos un acuerdo en una renegociación de la misma y en la instalación de un nuevo mecanismo de recuperación de los apoyos financieros prestados por el Estado a las personas durante sus estudios, en la dirección que recomienda el proyecto..