Fuentes de tensión con EE.UU.
Fuentes de tensión con EE.UU. A larmas ha encendido en nuestro país la amenaza del Presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de cobre y aluminio. Si bien aún no se ha concretado ninguna medida, los efectos ya se sienten en los mercados internacionales, con caídas en los precios de ambos commodities. Con un porcentaje relevante de nuestras exportaciones del metal rojo destinadas a Estados Unidos, cualquier barrera proteccionista tendría consecuencias directas sobre los ingresos de Chile.
El impacto es conocido: por cada centavo de dólar que cae el precio del cobre, el país pierde al menos US$ 28 millones --algunas estimaciones sugieren incluso el doble--, un golpe que afecta no solo a la cuprífera estatal, Codelco, sino también a la estabilidad fiscal, por el efecto sobre la minería privada, fuente de recursos para el financiamiento del Estado, Por supuesto, el proteccionismo también trae consigo costos globales. De hecho, sectores estratégicos de la economía estadounidense, como la fabricación de semiconductores y la transición hacia energías limpias, dependen del cobre importado. Solo en 2023, ese país consumió 1.800 millones de toneladas, mientras que su producción local apenas alcanzó los 1.100 millones. La imposición de aranceles encarecería el insumo, afectando la competitividad de su industria y debilitando su capacidad de innovación. En Chile, el Gobierno ha conformado un grupo de trabajo para evaluar estrategias y eventuales acciones diplomáticas, considerando que un tratado de libre comercio como el que existe con EE.UU. debiera constituir un escudo. Pero la velocidad y decisión con que opera la administración Trump en estas materias desafía la efectividad de una instancia así. Otro potencial flanco con Washington se ha abierto esta misma semana en el contexto de la reforma de pensiones. Como se había advertido antes de las votaciones en el Congreso, algunos de sus contenidos plantean el riesgo de demandas contra el Estado de Chile en tribunales internacionales.
Pero ahora, además, el American Council of Life Insurers (ACLI), gremio que agrupa a algunas de las mayores aseguradoras del mundo (incluidas propietarias de AFP chilenas) hizo llegar al Presidente Boric y otras autoridades una carta con cuestionamientos directos, situando sus objeciones en el marco de la revisión de acuerdos comerciales anunciada por Trump.
Las críticas se centran en dos puntos: el nuevo modelo de licitación y el rol que asumiría el Estado vía el Instituto de Previsión Social (IPS). En concreto, la fórmula de licitar cada dos años hasta el 10% de las cuentas de clientes antiguos es descrita por el gremio como una medida expropiatoria y una violación de nuestros compromisos internacionales.
En cuanto al nuevo rol del IPS, se advierte que significaría la introducción de competencia desleal, en la que nuevos actores, con el respaldo del Estado, tendrían cuestionables ventajas frente a inversionistas que llevan décadas en el mercado. Tal objeción es compleja para Chile, que ha sido históricamente un destino atractivo para la inversión extranjera por su estabilidad y respeto de las reglas.
Naturalmente, nadie más que las instituciones democráticas que el país se ha dado tiene la facultad de tomar las opciones legislativas que se estime adecuadas, pero es parte de su tarea evaluar todas las implicancias de sus decisiones.
La falta de reflexión parlamentaria respecto de este punto y la desaprensiva respuesta de algunas autoridades, apelando al nacionalismo y procurando sacar rédito político de esta tensión, son en sí mismas fuentes de incertidumbre para quienes deciden invertir en Chile. Pero, en cualquier caso, las alertas extranjeras deberían ser analizadas en su mérito en la implementación vía reglamento de la compleja institucionalidad que instala la reforma. Ya despachada por el Congreso, será esencial un diálogo abierto y transparente con los sectores potencialmente afectados. Esto, en un contexto especialmente delicado, dada la sensibilidad de la administración Trump frente a todo lo que pueda interpretarse como afectación a los intereses de empresas estadounidenses en el mundo. La combinación de eventuales demandas internacionales y de un apetito por la imposición de aranceles como estrategia de negociación norteamericana es una fuente de riesgo que debe ser gestionada de forma inteligente. La sensibilidad de la administración Trump en estas materias genera un escenario especialmente riesgoso para el país..