Editorial: Los complejos flancos que abrió el ministro de Hacienda
Editorial: Los complejos flancos que abrió el ministro de Hacienda uego de haberse postergado en dos oportunidades la entrega del primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del actual gobierno, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz finalmente dio a conocer el reporte a comienzos de esta semana, y si ya resultó llamativo que el titular de Hacienda fuese el encargado de presentarlo -en circunstancias que lo habitual es que dicha L tarea quede en manos de la Dirección de Presupuestos-, Quiroz sorprendió aún más al denunciar que en el último IFP que realizó la administración anterior hubo graves errores en la contabilidad de la deuda pública para el período 2026-2030.
En efecto, el secretario de Estado señaló que en dicho informe la administración pasada no incluyó deuda por unos US$ 10.500 millones para dicho período, lo cual podría conllevar una serie de implicancias para el país.
El ministro señaló que se instruyó una investigación interna para determinar si la divergencia efectivamente se debió a un error o si hay otro tipo de elementos, no descartando que incluso se pueda llegar a la vía judicial.
Tal fue el revuelo que se generó a partir de los dichos de Quiroz, que parlamentarios del Partido Republicano así como del Nacional Libertario anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, lo que inevitablemente ha abierto una compleja arista política, al tensionar la relación entre la oposición y el oficialismo, pero incluso abriendo grietas en este último bloque político, toda vez que Chile Vamos ve con distancia esta acusación.
Naturalmente que esta denuncia ha sido respondida por quienes fueron autoridades económicas del gobierno anterior, descartando cualquier tipo de error o manipulación de los datos, explicando que la forma en que un déficit se transforma en deuda depende de una serie de factores.
Lo cierto es que las afirmaciones de Quiroz no han encontrado hasta aquí mayor respaldo entre los propios expertos, pues si bien no está en discusión que el gobierno anterior dejó como legado un enorme déficit fiscal, la mayoría estima que las diferencias en las proyecciones de deuda podrían explicarse por otras formas de suplir el déficit proyectado, y no necesariamente a través de mayor deuda, de modo que el problema radicaría en una cuestión de criterios poco prudentes a juicio de algunos antes que por algo irregular.
Por lo mismo sorprende que el ministro Quiroz haya hecho estos anuncios de forma tan temeraria, sin aquilatar las implicancias que ello podría conllevar para su propia credibilidad, para el gobierno, los partidos del oficialismo y por cierto para la imagen del país.
Desde luego, el solo hecho de que haya sido él quien dio a conocer el IFP provocó un clima de inusitada expectación, generando todo un revuelo en el mundo político ante lo que fue presentado con características propias de un escándalo.
Sorprende asimismo que previamente no se hayan agotado los esfuerzos para haber abordado estas discrepancias con las autoridades del gobierno anterior y con otras voces técnicas -sobre todo porque tiempo para ello hubo, dadas las dos postergaciones del IFP-, de modo que el informe pudiera haber contenido conclusiones más acabadas en materia de proyección de deuda, y así evitar presentar un reporte que deja demasiados escenarios abiertos.
El secretario de Estado tampoco parece haber ponderado los efectos que tiene para la solvencia y credibilidad del país que el propio jefe de las finanzas públicas ponga en duda informes oficiales o proyecte diferencias por US$ 10 mil millones y que como consecuencia de ello la economía chilena en pocos años más se vería obligada a superar el límite prudencial de deuda del 45% del PIB; se trata sin duda de un cambio drástico respecto de los escenarios que se venían barajando hasta ahora, y que si se toman al pie de la letra sugieren que cunde el desorden en nuestras finanzas públicas.
Es extraño por lo mismo que el propio ministro Quiroz se haya prestado para consentir que se proyectara una imagen de esa naturaleza ante los mercados internacionales -afectando su propio prestigio-, y no haya previsto que frente a las implicancias de tal diagnóstico era fundamental asegurarse de que estuviera validado por distintas contrapartes técnicas, lo que claramente no ocurrió.
Es un recordatorio que cuando se trata de materias tan de fondo es muy relevante que la autoridad ponga especial celo en lo que va a informar y por supuesto también en la forma de hacerlo, sobre todo cuando quien lo hace tiene a cargo el manejo de la economía y es uno de los ministros más empoderados del gobierno.
Dado que se optó por presentar estas discrepancias con características de escándalo, es inevitable que se abran todo tipo de especulaciones acerca de sus motivaciones, entre ellas si se hizo así para crear un cierto ambiente de cara a la cuenta pública presidencial, considerando la inminencia de dicho evento. El hecho que además casi en paralelo se haya anunciado una acusación constitucional -sin margen para ponderar adecuadamente todos los antecedentescontribuye a alimentar suspicacias de este tipo. Lo cierto es que si respondió a una estrategia para complicar a la oposición terminó siendo exactamente lo opuesto, porque los mayores efectos se están produciendo dentro del propio oficialismo.
Es evidente que la acusación constitucional ha terminado dividiendo a los partidos de gobierno -incluso volviendo a resurgir el debate de la "derechita cobarde"-, y dentro de republicanos tampoco parece haber plena sintonía entre la directiva y sus parlamentarios respecto del momento para impulsar dicha acusación.
Al interior del gabinete también se han traslucido visiones distintas sobre los alcances de acusar a Grau, pues tal como lo transparentó el ministro del Interior ello puede tensar el ambiente en el Congreso, justo cuando el gobierno busca votos en senadores de oposición para aprobar el proyecto sobre reconstrucción nacional.
En fin, el que parlamentarios de Chile Vamos de antemano rechacen una acusación en estos momentos solo para privilegiar los acuerdos en el Senado también termina por desautorizar esta herramienta constitucional, que parece quedar entregada al vaivén de las conveniencias políticas antes que en función de su propio mérito, lo que no contribuye al fortalecimiento institucional.
Es sin duda legítimo que el Ministerio de Hacienda busque levantar alertas sobre nuestras finanzas públicas, pero claramente la manera en que se ha hecho en esta oportunidad terminó causando un ruido innecesario, lo que resulta lamentable porque nos aleja del verdadero debate de fondo, que es la necesidad de abordar con urgencia el deterioro de nuestras cuentas fiscales.
Llama la atención que el secretario de Estado haya hecho una denuncia sobre la deuda pública sin contar con el suficiente chequeo técnico, abriendo innecesarios flancos para el gobierno, los partidos del oficialismo y la imagen que proyecta el país ante los mercados internacionales.. Llama la atención que el secretario de Estado haya hecho una denuncia sobre la deuda pública sin contar con el suficiente chequeo técnico, abriendo innecesarios flancos para el gobierno, los partidos del oficialismo y la imagen que proyecta el país ante los mercados internacionales.