Un virus entre sombras
Documentos Los sistemas penitenciarios y las cárceles en países como Brasil, Ecua= dor, Colombia, Venezuela y Paraguay, [... ] han sido incubadoras de estructuras criminales organizadas o de impactantes transformaciones delictivas. Recientemente, fenómenos similares se han comenzado a observar en Uruguay, Perú, Costa Rica y también en Chile. En la actualidad, el sistema pel tenciario de un país tiene el potencial de convertirse en el eje articulador de la delincuencia y del crimen organizado. Este fenómeno se genera por cuatro factores críticos. Primero, las prisiones pueden funcionar como puntos de encuentro y fortalecimiento de redes criminales, donde los delincuentes expanden sus contactos y alianzas.
Segundo, debido a la sobrepoblación carcelaria, en forma generalizada se descuida la rehabilitación y reinser= ción social de los reclusos, resultando en reincidencia y una profundización en las actividades delictivas al salir de prisión [... ]. Tercero, las condiciones inadecuadas dentro de las prisiones, como el hacinamiento y la violencia, pueden exacerbar la criminalidad y la violencia.
Y cuarto, la corrupción dentro del sistema penitenciario facilita las actividades delictivas, permitiendo que los reclusos mantengan y expandan sus operaciones criminales hacia el exterior con la protección que les El libro observa las múltiples facetas del nuevo crimen organizado que azota América Latina y cómo, en su conjunto, estas son una amenaza para la democracia. Genera estar dentro de las cárceles.
Tradicionalmente, la asignación de recursos para combatir la criminalidad organizada se ha enfocado de manera desproporcionada en ciertos componentes del sistema —sobre todo en las fuerzas policiales y las fiscalías—, por sobre los recursos del sistema penitenciario. [Ello] se suma a otras condicionantes, como la falta de control interno, supervisión efectiva y una fuerte autonomía de los servicios penitenciarios, ya sea por una tradición de prácticas o logradas por la existencia de asociaciones sindicales. Todos estos factores pueden facilitar la utilización de las prisiones chilenas como centros de comando y dirección para operaciones criminales. La corrupción y el amedrentamiento del personal penitenciario, tanto de trato directo como auxiliar, son indispensables para ello. Para contrarrestar esta amenaza y entender en qué estado se encuentra nuestro sistema penitenciario, será necesario tener un diagnóstico independiente.
Basándose en ese aná! deberían centrarse los limitados recursos para generar iniciativas que sean verdaderamente efectivas para la rehabilitación y mejora de las condiciones Asimismo, será fundamental implementar estrategias contundentes contra la corrupción y asegurar un control efectivo sobre todo el sistema carcelario, principalmente mediante la especialización y selección minuciosa del personal encargado de las áreas más complejas. [... ] Los evidentes peligros de colaboración, connivencia o identificación con el código cultural del delincuente siempre será una posibilidad, dada las particularidades de la función penitenciaria.
Gendarmería de Chile Tengo un profundo respeto y admiración por el personal que trabaja en (Continúa en la página 14) 14 Lecturas 8 Documentos La Segunda martes 13 agosto 2024 (Viene de la página 13) Gendarmería de Chile. He tenido la oportunidad de hablar con oficiales y gendarmes en servicio activo o en condición de retiro y constatar su excepcional conocimiento sobre la evolución de la delincuencia en Chile. No obstante, esa experiencia y capacidad no se han aprovechado con plenitud como un recurso para comprender, controlar y proyectar las formas de la nueva criminalidad. A pesar de su papel crítico, Gendarmería a menudo no recibe el mismo nivel de recursos, reconocimiento o integración que otras instituciones.
En Chile, es probable que nadie conozca la delincuencia y la cultura delictual tan a fondo como los gendar= mes que interactúan directamente con la población penal, el denominado “trato directo”. [... ] Sin embargo y lamentablemente, parece que pocas autoridades, expertos en seguridad o investigadores académicos han mantenido conversaciones significativas con ellos o han tomado en serio sus experiencias. La gestión de Gendarmería ha sido compleja, debido a pugnas internas, un panorama sindical diverso y una cultura institucional particular. Esta situación se ha complicado por un período prolongado de designaciones políticas en el máximo nivel directivo Generando efectos como la politización de los mandos operativos de alto rango. Se han registrado casos en los que los directores civiles designados han ocupado sus cargos sin tener una real comprensión de la naturaleza única del servicio penitenciario chileno.
Su Ley Orgánica Constitucional, establecida mediante un decreto ley del año 1979, define a Gendarmería como un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia cuya finalidad principal “es atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes sean detenidas o privadas de libertad”. Gendarmería está compuesta por personal uniformado —instruido en sus respectivas escuelas matrices— y responsable del trato directo con los internos o la custodia de tribunales, además de miembros civiles del estamento técnico-profesional a cargo de elaborar informes que influyen en decisiones como la libertad condicional o la entrega de beneficios intrapenitenciarios. [... ] Es común encontrar en esta institución una tradición familiar, con varias generaciones dedicadas al servicio penitenciario. El componente político y una amplia gama de sensibilidades ideológicas están notablemente presentes. A diferencia de las policías, el personal de Gendarmería no oculta sus afinidades partidistas, al menos en conversaFicha de autor Pablo Zeballos Vera. Licenciado en Administración Superior de Seguridad Pública, fue oficial de Carabineros, y actualmente se desempeña como ¡ como consultor e investigador en ese ámbito. Y O ciones o en sus opiniones públicas. Ello ha permitido que, por ser un servicio público, sus funcionarios puedan formar asociaciones gremiales a nivel nacional o regional. Múltiples corporaciones operan en un equilibrio complejo de afinidades y roces. Históricamente, la sindicalización en Gendarmería fue una herramienta esencial para visibilizar, denunciar y luchar por mejorar las dramáticas condiciones laborales de sus integrantes. Sin embargo, en el contexto actual, es recomendable que su sindicalización se someta a una evaluación rigurosa. Aunque la cuestión gremial en Gendarmería pueda ser un tema de polémico debate y que las autoridades prefieran postergarlo, abordarlo será imprescindible y debe ir más allá del interés institucional. Es necesario que nuestra fuerza penitenciaria deje de ser un servicio público y se convierta en una institución moderna, profesional, técnica y despolitizada, acorde a los desafíos actuales. Algo que sus miles de integrantes esperan y se merecen. Este avance debe ser planificado y gradual, incorporando la opinión de la institución y sus mandos, teniendo en cuenta el complejo panorama institucional interno.
De lo contrario, los cambios necesarios seguirán enfrentando resistencia, especialmente frente a las soluciones mágicas o prácticas innovadoras propuestas por quienes toman decisiones basados en una visión académica de los problemas carcelarios o de seguridad pública.
Las nuevas organizaciones criminales que hoy enfrentamos poseen una capacidad notable para identificar y explotar las debilidades y sombras de nuestro sistema político y administrativo, convirtiéndolas en oportunidades para sus actividades ilícitas. [... ] Nuestras cárceles En julio de 2023, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, presentó ante la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Infraestructura como parte de la Política Penitenciaria. Durante su exposición, señaló que en Chile existen 79 establecimientos carcelarios de régimen cerrado, diseñados para a un total de 41:762 personas. Indicó que la mayoría de las cárceles en el país enfrentan un grave problema de sobrepoblación.
En la Cuenta Pública del año 2023, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, informaba que hasta el 20 de junio de 2023 se contabilizaban 50.329 reclusos en los recintos penitenciarios, proyectando que para 2024 la cifra alcanzaría a 56.11 personas. Las experiencias internacionales demuestran que el número de personas encarceladas no es un indicador fiable del éxito en las políticas de seguridad y justicia de un país. La diferencia entre tener una gran cantidad de condenados y un alto número de personas en prisión preventiva es esencial.
La prisión preventiva significa que individuos no juzgados y no condenados están en contacto con el sistema penal por un período corto, sin una sentencia definitiva, lo que conlleva implicancias distintas en términos de política criminal y rehabilitación. Actualmente, nuestro país está implementando diversas acciones y realizando inversiones en el marco del Plan de Seguridad Penitenciaria contra el Crimen Organizado. Con el tiempo sabremos qué tan efectivas fueron esas iniciativas.
Dada la situación de sobrepoblación en nuestras cárceles, la cual se proyecta en aumento, y el cambio en el panorama criminal del país, la mejora de las estrategias de segmentación penitenciaria es fundamental y debería enfocarse en grupos específicos, especialmente en los grandes narcotraficantes y criminales vinculados a organizaciones extranjeras. Si bien los traficantes de alta peligrosidad ya son asignados a estas áreas especializadas, existen aspectos importantes a considerar. Por un lado, la interacción entre la cultura interna de Gendarmería y la cultura delictiva puede socavar la efec= tividad de estas secciones especializadas. Es conocido que existen vínculos entre miembros corruptos de la institución y criminales con capacidad económica. Por el momento, en el país se ha demostrado que gran parte de la detección e investigación de elementos corruptos dentro de Gendarmería ha sido realizada por equipos de control interno de la propia institución. Este es un aspecto que debería fortalecerse de manera prioritaria. Por otro lado, el Estado chileno enfrenta un desafío significativo para garantizar la ausencia de comunicaciones telefónicas, incluso en áreas de alta seguridad. La falta de control efectivo sobre la comunicación ilegal hace imposible prevenir la planificación y coordinación de delitos desde dentro de las cárceles. Un problema que es dramático en países como Brasil, Paraguay o Ecuador. Todo modelo exitoso puede ser replicado, como muestra el caso del Primer Comando de la Capital. Hasta 2001, las autoridades negaban públicamente la existencia o el control que el PCC ejercía dentro de las cárceles.
Cuando se tomó la decisión de separar y transferir a los líderes de la organización criminal a diferentes prisiones, se desencadenó el mayor motín carce= lario registrado hasta entonces en Brasil, afectando a 29 recintos penitenciarios de manera simultánea. Este evento se replicaría de forma aún más extensa cinco años después, con motines en 79 penales al mismo tiempo. La coordinación criminal fue facilitada significativamente por el uso de teléfonos celulares en manos de los reclusos [... ]. Para enfrentar estos desafíos, es necesario interrumpir las comuniiones ilícitas dentro de las prisiones.
Las experiencias a nivel internacional subrayan el riesgo que conlleva bloquear las comunicaciones telefónicas: esto puede intensificar el uso de mensajes verbales o escritos, recurriendo a familiares y visitas como intermediarios, quienes bajo presión pueden verse obligados a cooperar [... ]. Pero no solo eso; también utilizan a abogados.
Un caso emblemático es nuevamente el PCC, que ha establecido una red denominada Sintonia dos Gravatas (de las Corbatas). Este grupo, compuesto por abogados criminalizados, utiliza la fachada de la legítima defensa y su prerrogativa de acceso a los internos para llevar y traer recados, entre ellos la planificación de actos ilícitos [... ]. Investigaciones federales recientes han revelado conexiones preocupantes entre estos abogados y miembros del Poder Judicial. UN VIRUS ANAIS «El sistema penitenciario», en «Un virus entre sombras: La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile», P. Zeballos, Catalonia, (2024), 224 páginas. Comunicaciones criminales intrapenitenciarias Las comunicaciones dentro del ámbito criminal son notablemente fluidas y eficientes. La presencia geneTEA Documentos ralizada de teléfonos celulares y otras tecnologías de la información en los centros penitenciarios facilita que los criminales encarcelados mantengan una conexión casi en tiempo real con sus contrapartes en libertad. Esto se traduce en que cualquier incidente, desde conflictos con bandas rivales hasta redadas y operativos les, sea conocido de inmediato.
Los grupos criminales pueden reaccionar con rapidez, adaptándose y protegiéndose eficazmente en comparación a la lentitud inherente a los procedimientos y la burocracia estatal. [... ] La comunicación en tiempo real elimina la necesidad de esperar por contactos indirectos, como vis tas de familiares o abogados. Esta es una realidad presente en las cárceles de América Latina y en muchas otra partes del mundo. La criminalidad opera como una especie de gran familia extendida, manteniendo una red de contactos que atraviesa diversas unidades penales. Esta interconexión permite localizar o encargar acciones a personas específicas, siempre y cuando se disponga de las relaciones adecuadas.
Un ejemplo reciente de esta dinámica se observó en la ciudad de Rosario, Argentina, donde se reportó anticipadamente el traslado de presos de alto perfil de peligrosidad desde celdas de detención común a módulos de alta seguridad. Debido a ello un grupo de sicarios asoló la ciudad asesinando a personas inocentes. La facilidad con la que los líderes de bandas criminales se comunican explicaría en gran medida la violencia que azota las calles de Rosario.
Los fiscales estiman que más del 80% de los asesinatos y extorsiones son ordenados desde la cárcel, ya que los líderes mafiosos tienen acceso a teléfonos celulares y mantienen un contacto permanente con sus subordinados y sicarios. En Chile, en marzo de 2024, se anunció que, de forma tentativa, comenzarían a operar inhibidores de telefonía celular en las unidades penales situadas cerca del edificio de tribunales en el centro de Santiago. Una zona densamente poblada. Estudios técnicos y comparativos advierten sobre las externalidades negativas asociadas a la implementación de esta tecnología; entre ellas, la posibilidad de bloquear la señal de telefonía celular en áreas vecinas a las prisiones.
Este es precisamente el caso de los recintos penales adyacentes al edificio de los tribunales en la calle Pedro Montt, donde se prevé que la implementación de los inhibidores podría interferir no solo con las comun: ciones de la población circundante, sino que también con las de los servicios de emergencia y, potencialmente, con las operaciones de Gendarmería. Dados el contexto y las características únicas de la tecnología que se util rá, inédita en Latinoamérica, esta intervención plantea una serie de consecuencias aún indeterminadas.
La implementación de inhibidores de señal en entornos urbanos, espe= cialmente en áreas próximas a instituciones críticas como los tribunales, requiere una cuidadosa evaluación de impacto y medidas de mitigación para evitar afectaciones adversas en la comunicación esencial. La implementación de inhibidores de señal celular en el sistema penitenciario chileno ha enfrentado serias dificultades en el pasado, evidenciando su fracaso en detener la comunicación no autorizada entre los reclusos. En el ámbito de la delincuencia carcelaria, es ampliamente conocido que existen métodos para burlar la efi de estos dispositivos.
Exconvictos consultados han revelado técnicas utilizadas para evadir la acción de los inhibidores, como la adaptación de la antena del teléfono a través de cables conectados a las cañerías metálicas dentro de las celdas o al sistema de alcantarillado. Estas estructuras metálicas actúan entonces como antenas telefónicas, permitiendo que los dis positivos móviles eludan la influencia de los inhibidores y mantengan su capacidad para comunicarse. Gendarmería ha advertido la existencia de amenazas de motines, sabotaje e incluso actuación de sicarios ante la entrada en vigencia de esta medida.
El desarrollo de motines al interior de los recintos penales, así como disturbios en el medio libre —ya sea por familiares o redes delictuales en el exterior— constituyen una posibilidad constante cuando los inhibidores de señal telefónica entren en funcionamiento.