Procesan por corrupción a expresidente argentino Alberto Fernández
Procesan por corrupción a expresidente argentino Alberto Fernández ALBERTO FERNÁNDEZ fue Presidente de Argentina entre 2019 y 2023.
FRANCE PRESSE Golpeado todavía por la sentencia de seis años de cárc e l c o n t r a l a e x p r e s i d e n t a Cristina Fernández, el peronismo argentino se vio involucrado en otro escándalo luego de que el también exmandatario Alberto Fernández fuera procesado por presuntos actos de corrupción durante su gestión de gobierno, relativos a la contratación de seguros desde el Estado que habrían beneficiado al marido de su secretaria privada.
Decretado ayer por el juez Sebastián Casanello, el procesamiento --el primero por corrupción que afronta el expresidente-fue por el delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", que se castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero". Para el juez está claro que Fernández intervino, como Presidente, para favorecer los negocios del bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona "de su círculo íntimo" para quien había trabajado como asesor. En concreto, se acusa al exmandatario de haber beneficiado a Martínez Sosa con la firma de un decreto en 2021 para que las entidades públicas contrataran los servicios de su empresa, Nación Seguros. De los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, a quien el expresidente nombró su secretaria privada cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo en 2019.
La lista de delitos que, a juicio de Casanello se habrían cometido en este caso, incluye además lavado de dinero y cohecho, porque se sospecha de que el exfuncionario de Nación Seguros Mauro Tanos y su mujer recibieron sobornos de parte de aseguradoras a través de cooperativas.
El "rol clave" del exmandatario Casanello sostuvo que en el tratamiento de los seguros estatales "convivían dos espacios: el público y el privado". En el público, se cumplían las formalidades y Alberto Fernández dictó un decreto para que las entidades estatales contrataran todas con Nación Seguros, "de modo de priorizar los fines públicos al afán de lucro". Pero en el privado se hacía lo contrario, "fomentando --dijo el juez-los negocios particulares del entorno presidencial con el Estado en desmedro de aquella racionalización". El entonces Presidente "tenía un rol clave" en esa maniobra, de acuerdo con el fallo. "Empoderando a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones". Para eso, se sacó fotos con Martínez Sosa que funcionaron como "un activo" para el empresario porque le permitían "documentar el vínculo" de "estrecha cercanía" con el Presidente y buscar negocios invocándolo.
Por el caso, el juez embargó a Fernández por 14.634.220.283 de pesos (11.653.771 de dólares) y procesó a Cantero por negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria; a Martínez Sosa como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles y al exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
La amenaza del otro caso Las pruebas en que se basa la acusación por la que procesaron a Alberto Fernández surgieron del teléfono celular de María Cantero, y el aparato está en el centro de otro caso que amenaza al expresidente.
Durante el peritaje del teléfono de la exsecretaria de Fernández, salieron a la luz testimonios e imágenes que derivaron en la denuncia por violencia de género que le hizo al exmandatario su expareja y madre de uno de sus hijos, Fabiola Yáñez.
Por esta otra causa, Fernández deberá enfrentar un juicio oral por los delitos de "lesiones graves" y "amenazas coactivas". Por actos cometidos en 2021 durante su gestión: Procesan por corrupción a expresidente argentino Alberto Fernández Acusan al exmandatario de favorecer a una persona "de su círculo íntimo" con contratos del Estado. El político arriesga hasta seis años de cárcel por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. LA NACIÓN/ARGENTINA/GDA Y EFE.