Autor: Leslie Ayala

Allanamientos e incautaciones a Alberto Larraín y su grupo ponen en aprietos a gobernadores Orrego (RM) y Díaz (Biobío)
Allanamientos e incautaciones a Alberto Larraín y su grupo ponen en aprietos a gobernadores Orrego (RM) y Díaz (Biobío) Cúpula de Procultura Allanamientos e incautaciones a Alberto Larraín y su grupo ponen en aprietos a gobernadores Orrego (RM) y Díaz (Biobío) ) llevadas a cabo durante las jornadas de este miércoles y jueves respecto del fundador de Procultura, su representante legal y directivos de finanzas, responde a una petición que hizo a tribunales el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Tras analizar los antecedentes, el Séptimo Juzgado de Garantía ordenó entrada y registro e incautación de una serie de dispositivos tecnológicos, bajo la sospecha de fraude al Fisco y lavado de dinero.
Entre los convenios que están siendo revisados por la PDI están los $1.683.788.000 que el gore de la RM le entregó a la fundación para un programa de prevención del suicidio y los $1.500 millones que el gore del Biobío entregó para "una oferta turística y creativa puesta en valor de la identidad cultural". puesta en valor de la identidad cultural". Rodrigo Díaz y Claudio Orrego, gobernadores de la Región del Biobío y Metropolitana. Rodrigo Díaz y Claudio Orrego, gobernadores de la Región del Biobío y Metropolitana.
Leslie Ayala Leslie Ayala "Fuimos por cobre y encontramos oro". Es una de las frases que repite uno de los 30 efectivos de la PDI que participaron ayer en el allanamientos a14 domicilios en Santiago y Concepción en la arista "ProCultura" del denominado caso Convenios, Fundaciones y también "líodeplatas". Y es que en medio de las órdenes judiciales que consiguió el fiscal regional Patricio Cooper para que la policía incautara celulares y computadores, los detectives encontraron una especie que se pensaba estaba perdida, ya que no se halló en las oficinas de la ya extinta ONG: los servidores que alojan las comunicaciones de todos los integrantes de la organización. De inmediato los efectivos de las brigadas Anticorrupción y de Lavado de Dineroenviaron los hallazgos al Laboratorio de Criminalística de la PDI. Ahí personal policial especializado en informática se encontraba bajando toda la evidencia que servirá de punto de partida para más pesquisas. El operativo se mantuvo en estricta reserva. Y es que, comentan conocedores de la causa, no era fácil afinar los equipos que debían movilizarse y actuar simultáneamente en seis comunas de la Región Metropolitana y otros domicilios en la capital penquista: Concepción.
Una vez el fiscal Cooper y su equipoobtuvieron las órdenesjudiciales, haceun par de semanas, se comenzó a planificar el día y la hora en que ocurrirían las diligencias que apuntaron a toda la "cúpula" de ProCultura. Uno de los lugares allanados fue la casa del cofundador de la ONG, el siquiatra Alberto Larraín, que durante la última campaña presidencial fue vinculado a una amistad estrecha con el actual Presidente Gabriel Boric. En su casa, en Ñuñoa, seencontraron iPads, notebook y su celular personal, los que fueron incautados. Asimismo, fiscales que trabajan en el caso requirieron su declaración en calidad de imputado, pero el médico hizo uso de su derecho a guardar silencio. No por nada fue esta misma semana, el día lunes, que quedó sin defensa, luego que sus abogados renunciaran al patrocinio "por diferencias en la estrategia" para afrontar la indagatoria que hay en su contra. Desde la semana pasada que el caso ProCultura estaba generando olas en la arena política. Y es que los medios El Mostrador y Radio Biobío develaron un informe policial en que se destacaban abonosrealizados por Irina Karamanos a cuentas de la fundación. La socióloga desmintió irregularidad alguna y abrió sus cuentas voluntariamente para que sean analizadas por el Ministerio Público.
Pero además ambos medios aseguraron que esta causa le fue quitada al suspendido fiscal regional de Aysén Carlos Palma, cuando este leinformó a sujefatura, el fiscal nacional Ángel Valencia, que la PDI había sugerido citar en calidad deimputada a la ex primera dama.
Con todo, fue el propio director de la PDI, Eduardo Cerna, nombrado por el actual goSIGUE ». Allanamientos e incautaciones a Alberto Larraín y su grupo ponen en aprietos a gobernadores Orrego (RM) y Díaz (Biobío) nisterio Público.
Entre otras exautoridades, el otrora presidente del Consejo para la Transparencia Francisco Leturia sostuvo que si di cha versión de los medios El Mostrador y Biobío fuera cierta, sería de suma gravedad, por lo que sostuvo que debe aclararse. La irrupción de Cooper ProCultura ya había levantado reparos ala for ma de dirigirla investigación del fiscal Palma y había solicitado su salida. A esa altura Palma había allanado al gore de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y habíatenido un intento fallido con el gore de la RM, Claudio Orrego.
Pero no fue hasta el 26 de junio de este año cuando el titular del Ministerio Público de Aysén apareció mencionado en un reporta je de Cipercon chatscon el penalista Luis Hermosilla, cuando Valencia reasignó el caso, quitándoselo y nombrando al fiscal regional Patricio Cooper para encabezar las diligen cias que se extienden por todo el país. Como la investigación está bajo reserva de lavado de activos, ante cuestionamientosa la labor de Cooper, desdela Fiscalía Regional de Coquimbo solo se limitaron a señalar que la investigación estaba avanzando, sin entregar más detalles. Hasta que se producen las di ligencias de este miércoles.
Junto con Larraín, otro de los objetivos era la representante legal de ProCultura, María Constanza Gómez, quien era la que "ponía la firma" a los millonarios convenios con Seremis y gobiernos regionales suscritos por la ONG.
Fue en su nuevo domicilio, se había cambiado hace poco, donde la PDI encontró dos computadores en quese alojaba información sensible de ProCultura, además de los servidores con respaldo de los correos y do cumentos oficiales de los ingresos y egresos de recursos públicos.
También fueron allanados los domicilios de lonka Csillag, cofundadora de la ONG, ade más de contadores y personal de finanzas, pecíficamente de dos convenios queestán en la mira del equipo de Cooper. la mira del equipo de Cooper. 35 Se complica la carrera Que los allanamientos hayan sido en Santia go y Concepción no es casualidad. De hecho, hay otras hebras de convenios suscritos por ProCultura en Antofagasta -donde parte el caso Fundaciones por la ONG Democracia Viva-, Ñuble, Valparaíso y Magallanes. Y es que el equipo investigativo puso en la mira los acuerdos más cuantiosos que registra el organismo y que -según testimonios alojados en el expediente habría sospechas de irregularidad.
Y es que Larraín en 2022 fue nombrado por el gobernador Claudio Orrego como director dela Corporación de Desarrollo que el ex-DC dirigía y luego, en menos de un mes, fue el mismo quien autorizó $1.683 millones a Pro Cultura -que principalmente se dedicaba a servicios culturales para gestionar el programa "Quédate", una especie de fonoayuda para evitar suicidios.
La idea era que Larraín y su gente coordinaran a especialistas en diPROCULTURA FO N WAS NN La fundación ProCultura nuevamente está en el centro de la polémica. cha labor, basados en la profesión del funda dor de la ONG.
Algo similar ocurre con Rodrigo Díaz, gore del Biobío, quien le entregó a esa fundación $1.500 millones para "una oferta turística y creativa puesta en valor de la identidad cultural". En el caso de Orrego, quien está ahora enfocado en su reelección, los actos del Ministerio Público y eventuales nuevas diligencias po nen en escenario complejo sus aspiraciones.
El gobernador (s) Manuel Gallardo explicó a La Tercera que "como Gobierno Regional Metropolitano, en calidad de querellantes en el caso ProCultura, manifestamos nuestra absoluta conformidad con las diligencias efectuadas por la Fiscalía en esta causa.
Desde el inicio de la investigación y de manera proactiva, primero con el fiscal Palma y lue go con el fiscal Cooper, nuestros abogados han entregado toda la información y colaboración necesaria, además de solicitar una serie de di ligencias relacionadas con el delito de apropiación indebida.
Mientras tanto, hemos ini ciado el cobro de las pólizas de seguro y reiniciado el programa de Prevención del Suicidio Quédate a través del Servicio de Salud Oriente de Santiago" Aún no citan a Karamanos Es una diligencia que está en agenda, dicen fuentes del caso, pero aún no se cita a declarar a Karamanos, ni tampoco se sabe en qué calidad lo hará. Pero es un hecho que su apa rición en el caso, por parte de un informe de la PDI que destaca sus abonos, ha revuelto las aguas tanto en sedes judiciales como políticas. E incluso en la propia ONG que hace unos meses cerró sus puertas en medio del es cándalo.
Hace unos días se comunicó la renuncia de los abogados que representaron a Larraín y la ONG durante casi un año. "Confirmamos que hemos renunciado a la representación de ProCultura debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa. De esta manera, hemos decido renunciar a las defensas de ProCultura; su director ejecutivo, Alberto Larraín, y su representante legal, María Constanza Gómez", manifestaron desde el estudio Barruel y Borzutzky Abogados.
Aestose suma que lasemana pasada los me dios El Mostrador y Radio Biobío dieron a conocer análisis de las cuentas bancarias de la ONG, en las cuales se destacaban presuntos abonos hechos por la ex primera dama Irina Karamanos.
En concreto, como se advertía en el escrito, secontabilizan seis movimientos "sospechosos": el primero, efectuado el 2 de agosto de 2021 por $973.500 ; el segundo, del 30 de septiembre de 2021 por $973.500 ; el tercero, el 2 de noviembre de 2021 por el mis mo monto; el cuarto, el 26 de noviembre de 2021 por $1.000.000 ; el quinto, el 29 de diciembre por $773.500, y el sexto, el 3 de enero de 2022 por $773.500. En suma, los abo nos totalizan $5.467.500. O nos totalizan $5.467.500. O.